18 de abril de 2006
Luego de haber obtenido resonantes triunfos, los movimientos indígenas sudamericanos enfrentan nuevos desafíos—en el área institucional y estatal—para los cuales aún no tienen respuestas. La profundización de las diversas experiencias y el intercambio entre organizaciones, parecen algunos de los posibles caminos para seguir adelante.
"Tres veces ganamos y las tres veces perdimos", aseguró Pablo Dávalos, economista ecuatoriano asesor de la Conaie. No es un juego de palabras sino la amarga constatación de una década signada por grandes triunfos de la movilización del más potente movimiento indio del continente. De esa manera, se procesa la lectura de los tres triunfos obtenidos en la última década: en 1998 cuando el levantamaiento indio derribó al gobierno corrupto de Abdalá Bucaram; en 2000 cuando un vasto alzamiento indígena y popular forzó la renuncia del presidente Jamil Mahuad; y en 2002 cuando la Conaie fue el factor decisivo en el triunfo electoral de Lucio Gutiérrez.
Algunos de estos debates se produjeron en las II Jornadas Andino-Mesoamericanas "Movimiento Indígena, Resistencia y Proyecto Alternativo", celebradas entre el 22 y el 25 de marzo en las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto. Acudieron académicos y dirigentes indios de Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Ecuador, México y Perú, que se extendieron sobre las problemáticas que viven los diversos movimientos en la nueva coyuntura regional. Pese a la heterogeneidad de situaciones, algunos temas comunes atravesaron el encuentro. En particular, la relación entre movimientos y estados a raíz de la emergencia de gobiernos progresistas y de izquierda. En el trasfondo de estos debates, subyace la propuesta de los Documentos de Santa Fe de considerar a los indígenas—como antes a la teología de la liberación—como peligros a neutralizar y combatir, ya que el imperio los considera como uno de los principales problemas que afectaría la gobernabilidad de la región. Coherente con esta apreciación, el Banco Mundial y otros organismos internacionales vienen financiando proyectos para impedir que se consoliden sujetos colectivos indios.
El caso peruano es uno de los menos conocidos pero a su vez uno de los que mejor ejemplifica las dificultades de los movimientos en contextos adversos. Pese a tener una larga tradición de resistencia y revuelta, ya que Perú fue el epicentro de la lucha de los pueblos originarios contra los conquistadores (cuyo pico más alto fue la rebelión de Túpac Amaru a fines del siglo XVIII), el movimiento indio encuentra serias dificultades para abrirse paso y consolidarse. El antropólogo Rodrigo Montoya detalló hasta nueve razones de lo que considera como la "excepción peruana".
Sostuvo que en Perú hay dos organizaciones que agrupan a las 42 etnias de la Amazonia, pero que la división entre ambas es muy fuerte. Dijo que desde el Banco Mundial y el Estado peruano surgieron dos organizaciones que se reclaman representantes de los indígenas con el objetivo de "bloquear al movimiento indio", y aseguró que hay varios núcleos del movimiento "agrupados en torno a gestiones ante las Naciones Unidas pero que no están en luchas de autoafirmación". En su opinión, el objetivo del Banco Mundial es "evitar que se junte cultura y poder", o sea, que "la cultura como folklore está bien para llevarla a exposiciones a las Galerías Lafayette de París, pero cuando se trabaja la cultura desde el punto de vista del poder para los grupos indígenas, se la considera como terrorismo". Existe sin embargo una importante organización campesino- indígena, la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería ( Conacami), que puede ser considerada como una organización indígena.
Entre las razones para explicar la ausencia de movimiento indio en Perú, Montoya comenzó destacando la "ausencia de intelectuales indígenas". Túpac Amaru fue, en su opinión, "el primer y mayor intelectual indio, que dominaba el castellano, el latín y el quechua, formuló un proyecto político (reconstruir el imperio inca con capital en Cusco) y fue capaz de organizar durante una década la insurrección que luego desencadenó. Pero con la represión que siguió al levantamiento fueron aniquilados los intelectuales indios".
En segundo lugar, destaca las grandes contradicciones que atraviesan al mundo indígena: una geografía dispersa y la enorme complejidad del universo quechua, idioma que tiene hasta 18 variedades dialectales que dificultan el entendimiento entre los habitantes de la sierra. Montoya concluye que "no hay un pueblo quechua, sino varios con contradicciones históricas y sociales". Este factor dificulta tanto los contactos entre los diversos pueblos de la sierra como la creación de una organización que los unifique.
Tampoco se ha creado una poderosa burguesía india, o que se identifique como tal desde el punto de vista de su cultura, a diferencia de lo que ha sucedido en Ecuador y Bolivia. En este sentido, la existencia de un Estado como el peruano—particularmente excluyente y racista—puede haber jugado un papel decisivo. En cuarto lugar, en Perú existió una poderosa izquierda de carácter occidental que nunca comprendió a fondo—pese a la obra precursora de José Carlos Mariátegui en la tercera década del siglo XX—que el campesino es en realidad un indio que no sólo lucha por la tierra sino sobre todo por el territorio.
En quinto lugar, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-75) realizó una profunda reforma agraria, la más importante en el continente luego de la cubana, pero consideró al indio apenas como un campesino y se apropió de los principales símbolos quechuas que fueron "estatizados". Como ejemplo, los billetes peruanos ostentaban la figura de Túpac Amaru en el lugar donde antes aparecían los "héroes" criollos. En sexto lugar, la realidad peruana presenta una verdadera "anomalía" como lo fue la existencia de Sendero Luminoso. En este país hubo un doble genocidio: el de las fuerzas armadas, al igual que en otros países del continente, y el de los senderistas, en una "guerra sucia" que se cobró unas 70 mil víctimas. Montoya concluye: "Mientras en Ecuador se creaba la Conaie y se organizaba el mundo indígena desde abajo, en Perú se daba una situación por la cual si Sendero degollaba a diez personas las fuerzas armadas degollaban a veinte. Tres cuartos de los 70 mil muertos en la guerra eran indios. Sendero bloqueó las posibilidades de lo indio y le cortó las alas a la izquierda. Todo lo que se había ganado en los años anteriores se perdió en los veinte años de violencia, de 1980 al 2000".
Ya con el gobierno de Alejandro Toledo (quien se proclama como indio diciendo "soy Manco Cápac), el Estado se empeña a fondo en impedir el nacimiento de movimientos indios. La esposa de Toledo, la antropóloga belga Eliane Karp, creó la Conapa (Coordinadora Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) con un presupuesto de 5,5 millones de dólares. La organización fue creada como ninguna otra en el continente, no sólo desde arriba sino por una persona que sustituyó a los protagonistas erigiéndose como presidenta de la institución a la que manejó de modo autoritario manipulando a los pueblos originarios.
Por último, Montoya destaca dos elementos adicionales: "la ausencia de la teología de la liberación en el mundo de los de abajo", a diferencia de lo sucedido en Ecuador y en Chiapas donde existió un compromiso concreto con los pobres que facilitó el nacimiento de sujetos indígenas; y la "ausencia de intelectuales comprometidos". Como ejemplo, destacó que de los 600 antropólogos existentes en Perú apenas ocho acompañan las luchas de los pueblos. "Hay una tradición antropológica apolítica, que dice que los indios son maravillosos pero la antropología es una ciencia y no debe ocuparse de la política", concluyó Montoya.
En este panorama francamente desolador, se destaca la presencia de Conacami, única organización de carácter indio, autónoma e independiente del Estado. De las 5.660 comunidades reconocidas en Perú, 3.200 tienen denuncias contra las trasnacionales mineras, en 1.100 están en fase de exploración y en otras 250 en trabajos de explotación minera. De 1992 a la actualidad se ha pasado de cuatro millones de hectáreas concedidas a las mineras a 25 millones. La fuerza de Conacami radica en esas miles de comunidades que pelean por mantener sus tierras y luchan contra la contaminación de sus ríos y tierras. La minería se ha convertido en el principal rubro exportador del Perú, pero como dice Conacami "no contribuye al desarrollo del país ni al de sus áreas de influencia". Peor aún, en 2004 había 600 comuneros perseguidos y enjuiciados y dos dirigentes fueron asesinados en un proceso de criminalización de la protesta por el que se acusa de terrorismo a los comuneros que resisten a las mineras.
El último levantamiento indígena en Ecuador (iniciado en marzo de 2006 y cuya finalización aún no se vislumbra) contra la pretensión del gobierno provisional de Alfredo Palacio de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, es la primera gran movilización india luego de una larga y penosa crisis. La gestación de este nuevo movimiento fue larga y debió enfrentar serias dificultades internas, ya que la Conaie estaba muy debilitada luego de su participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez (entre enero y julio de 2003), y sobre todo como consecuencia de la doble ofensiva contra la principal organización indígena del continente.
En efecto, desde que a principios de los años 90—o sea luego del primer gran levantamiento impulsado por la Conaie—quedó claro que el movimiento indio se había convertido en la pieza clave de la gobernabilidad en Ecuador, se fueron armando un conjunto de proyectos para aniquilarlo, que llegaron a su punto álgido bajo el gobierno de Gutiérrez. La más importante y abarcadora fue la cooperación para el desarrollo, plasmada en el Prodepine (Proyecto de Desarrollo para Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador). El economista Pablo Dávalos, asesor de la Conaie, analizó en las II Jornadas el papel destructivo que tuvieron estas iniciativas: "Cuando los indios emergen en el 90 empieza también la cooperación para el desarrollo. Las ONG del desarrollo aterrizan en el corazón del movimiento que es la provincia de Chimborazo, donde había trabajado Leonidas Proaño, el impulsor ecuatoriano de la teología de la liberación. Diez años después esa provincia está aniquilada políticamente. Chimborazo era el núcleo de la resistencia india en el 90 y fue objeto de intervención política de la cooperación que convierte a los indios en pobres económicos. La cooperación rompe las solidaridades e inaugura rivalidades entre las comunidades con la creación de organizaciones de segundo grado que empiezan a disputar los recursos de la cooperación".
El trabajo de la cooperación redunda, tanto en opinión de Dávalos como de otros especialistas y de buena parte de la dirigencia indígena, en "la emergencia de una tecnoburocracia de los derechos humanos, del etnodesarrollo, que es cooptada por el Banco Mundial que crea en 1997-98 el Prodepine al que le destinan 50 millones de dólares, con el apoyo de antropólogos y sociólogos". En opinión de Dávalos, Bolivia fue el laboratorio de la cooperación "y de allí lo llevaron a Ecuador y a México con el Pronasol". Aún cuando en la cooperación trabajan personas inspiradas en las mejores intenciones, "la idea es crear una elite que sirva de interlocutor del Banco Mundial y sus proyectos. Al rato tenés a los dirigentes comunitarios haciendo marketing y pensando en ganar y ganar". Los principales proyectos consisten en educación y formación de dirigentes y las iniciativas productivas comunitarias y las microfinanzas. En pocos años luego de la creación del Prodepine, la mayor parte del movimiento indígena fue copada por las ONGs y los funcionarios del gobierno. A tal punto que cuando se producían movilizaciones de la Conaie, "los del Prodepine le dicen a las comunidades que no salgan a los bloqueos porque no van a ser sujetos de créditos. De ese modo hicieron pedazos a las comunidades", concluye Dávalos. Luego de la caída de Gutiérrez (2004), el movimiento presionó para que no se renovara el Prodepine y el proyecto hasta el momento se mantiene paralizado.
Esta ofensiva de largo aliento contra el movimiento indígena, fue coronada por el gobierno de Lucio Gutiérrez. Como paradoja, valga mencionar que el ex coronel fue electo presidente a fines de 2002 gracias al apoyo de la Conaie y de la mayor parte del movimiento indio. Sin embargo, fue bajo su mandato que se produjeron hechos graves: parte de la dirigencia, sobre todo de la Amazonia, fue cooptada por el gobierno; el objetivo trazado por Gutiérrez fue la destrucción y aniquilación de la Conaie, en cuyo marco se realizó un atentado contra su presidente que se saldó con heridas graves a su hijo.
Recién con el Congreso de diciembre de 2004, en el que se eligió al veterano dirigente y ex presidente Luis Macas nuevamente al frente de la Conaie, ésta comenzó a reconstruirse tanto en lo organizativo como en la formulación de un proyecto de largo aliento. Se impuso la necesidad de trazar un balance de lo actuado, y en particular acerca de la participación en el gobierno y en las instituciones estatales, para lo que la Conaie había impulsado a mediados de los 90 la formación del Movimiento Pachakutik. Según Dávalos, el proyecto indio que gira en torno a la creación de un Estado Plurinacional, chocó con la resistencia de instituciones heredadas de la Colonia, y por lo tanto excluyentes. "¿Cómo se pone en clave plurinacional el sistema político?", se pregunta el economista. "El sistema político se articula en la representación y la universalidad, en la que todo el mundo es ciudadano. Pero los indios no. En el mundo indígena el discurso liberal homogeneiza, pero la práctica y el pensamiento indígena se asientan en la diferencia".
A partir de esta constatación se acumulan las preguntas y las dudas: "Podemos presentarnos a las elecciones y es muy probable que Luis Macas gane la presidencia. Si eso sucede nos va a pasar lo mismo que en Bolivia: los cuadros organizativos se convierten en cuadros del Estado y después empiezan a legitimar al Estado y no a la organización, un Estado liberal, y empiezan a hablar en función del Estado, y ahí ya tienes otras dinámicas y otros comportamientos. Entonces, ¿qué hacemos?". Para el movimiento indígena ecuatoriano, esta situación no tiene fácil salida. La movilización social consiguió en los últimos años tres grandes victorias que se transformaron en tres grandes derrotas. En los tres casos las fuerzas económicas nacionales con el apoyo de los organismos financieros internacionales frustraron las esperanzas de cambiar el país a través de una Asamblea Constituyente (1998), imponiendo la dolarización (2000) y forzando el continuismo neoliberal "ganándose" al presidente electo (2003).
El debate actual de la Conaie está centrado en la posibilidad de hacer "otra política". Inspirados en la Otra Campaña que llevan adelante los zapatistas en México, el movimiento indígena se apresta a debatir la actitud que adoptará ante las próximas elecciones de octubre. El objetivo parece ser politizar la campaña electoral, que suele ser un show mediático, para colocar en la agenda los principales temas que preocupan a las comunidades: el TLC y lo que sucederá con el agua y la agricultura, y el problema de los recursos naturales, entre ellos los hidrocarburos de los que Ecuador es un gran exportador.
Luego del imponente ciclo de protesta iniciado con la "guerra del agua" en Cochabamba en el año 2000, y continuado con las "guerras del gas" de 2003 y 2005 en todo el país, los movimientos bolivianos consiguieron llevar al gobierno al primer presidente indígena: Evo Morales. Dos son los temas que el movimiento puso en el primer lugar de sus prioridades: la nacionalización de los recursos, en particular del gas, y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que comience la descolonización del Estado.
Bolivia cuenta con un Estado colonial: mientras casi el 70% de los habitantes son indígenas quechuas, aymaras y guaraníes (entre las etnias más numerosas), el Estado es controlado por una pequeña minoría blanca y mestiza. Recién en los últimos años existe una importante bancada formada por indios (que ahora es la mayoría absoluta), pero los cargos más importantes de la administración de justicia y del aparato estatal están en manos de blancos, en tanto los funcionarios son casi exclusivamente blancos y mestizos. O sea que la inmensa mayoría de la población siente al Estado como algo ajeno y hostil. Una Asamblea Constituyente es una oportunidad para democratizar las instituciones coloniales de Bolivia, en la que todas las etnias, todas las lenguas y costumbres, se relacionen en pie de igualdad.
Sin embargo, apenas dos meses después de llegar al gobierno las dos principales aspiraciones de la población parecen estar en camino de frustrarse. Felipe Quispe, principal dirigente de la central campesina CSUTCB, dijo en las II Jornadas que "hoy no puedo estar contento y alegre por tener un indio en el palacio de gobierno, porque de lo que se trata es de cambiar el sistema". Dijo estar seguro de que el gobierno de Evo Morales no cumplirá con las tres demandas más importantes: "No va a nacionalizar el gas y el petróleo, no va a derogar las leyes neoliberales que propiciaron las privatizaciones y la reforma educativa, y no nos va a entregar los territorios".
Quispe es un dirigente radical que se presentó a las elecciones por el MIP (Movimiento Indígena Pachakutik) y obtuvo apenas el 2% de los votos. Sin embargo, no es el único que se muestra escéptico. Quizá el punto más polémico del nuevo gobierno es la forma como se convocó la Asamblea Constituyente. La ley que la convoca fue negociada con los partidos de la derecha y su resultado ha levantado muchas críticas y la oposición de la Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu ( Conamaq) y la Central Obrera Boliviana ( COB). En su discurso del 22 de enero, cuando asumió el cargo, Evo Morales dijo: "Queremos una Asamblea Constituyente refundacional y no una simple reforma constitucional". Según diversos analistas, el tipo de convocatoria supone que apenas se cambiará el 20% de la Constitución actual, en el mejor de los casos.
Las reglas del juego para elegir la Asamblea que se instalará el 6 de agosto determinan que se elegirán tres constituyentes por cada una de las 70 circunscripciones del país: dos por la mayoría y uno por la minoría, aunque la minoría consiga, digamos, menos del 10% de los votos. Además, cada uno de los nueve departamentos elegirá cinco constituyentes: dos por la mayoría y uno por cada fuerza que le siga siempre que obtenga más del 5% de los votos. Así las cosas, aún en el caso imposible de que el MAS (Movimiento al Socialismo, partido de Morales) consiga ganar en todas las circunscripciones, nunca llegaría a los dos tercios necesarios por ley para modificar la Constitución actual. O sea, el MAS deberá pactar con la oposición aunque tenga la mayoría absoluta de los votos. Un artículo del periódico El Juguete Rabioso sostiene que el gobierno "puso candados al cambio" y que lo más probable es que "la Asamblea Constituyente esté al servicio de los poderosos, y con los campesinos de adorno". Un dato que no es menor es que los tiempos de la convocatoria impusieron que los movimientos no puedan presentarse como tales sino incluyendo a sus candidatos en las listas de los partidos.
Incluso desde sectores afines al gobierno las críticas son muy duras. Raúl Prada, asesor del ministro de Relaciones Exteriores, asegura que "la Asamblea convocada no es Constituyente porque no va a cambiar el Estado" y añade que la estructura de la convocatoria "limita sus tareas a la redacción de reformas" dejando de lado el verdadero objetivo de una Constituyente: "fundar un nuevo Estado"; "cambiar el mapa institucional, es decir afectar a los poderes constituidos". Polemizando directamente el actual vicepresidente Álvaro García Linera, Prada critica lo que considera como "una tibieza extrema del gobierno, atado por sus propias indecisiones, perdido en su propio laberinto, en una coyuntura poselectoral donde reaparecen los grupos de poder económico dispuestos a recuperar el espacio perdido, a costa de la democracia participativa, a costa de la esperanza del pueblo que apostó por el cambio".
Podemos volver al principio y preguntarnos, con Dávalos, ¿cómo es que los poderosos están siendo capaces de convertir sus derrotas en triunfos? No tiene mucho sentido echar culpas a esos poderosos, los de cada país o los que dirigen el mundo. Finalmente, ellos están ahí para preservar sus intereses. Quizá, como apunta el asesor de la Conaie, las fuerzas sociales creyeron que los cambios consistían en ganar las elecciones y no le dieron suficiente importancia a la necesidad de "descolonizar la democracia", secuestrada en la mayor parte de los países sudamericanos por "los mercados". En su lugar, va ganando espacio la necesidad de trabajar de otra manera: desde abajo, tejiendo lazos sólidos que no se disuelvan en el mercadeo político y electoral.
Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Es colaborador mensual con el IRC Programa de las Américas (www.americaspolicy.org).
Publicado por el Programa de las Américas del International Relations Center (IRC). Todos los derechos reservados.
Cita recomendada:
Raúl Zibechi, "Movimientos indígenas: Entre el neoliberalismo y los gobiernos de izquierda". Programa de las Américas (Silver City, NM: International Relations Center, 18 de abril de 2006).
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