Quito, 15 de abril de 2006
Cada seis meses, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se reúne para hablar acerca de la libertad de información. Entre sus conclusiones, generalmente consta una que, a estas alturas, ya resulta irónica: la supuesta lucha de sus empresas afiliadas en contra de la censura. A ver, vamos despacio. Es cierto que el poder (cualquiera sea su naturaleza) amordaza a la prensa siempre que puede y no son pocos los periodistas muertos en esos forcejeos. Lo que no dice la SIP es que los atentados en contra del derecho a la información ya no provienen solamente de fuerzas externas a los grandes medios, sino que entre estos hay muchos que se amordazan a sí mismos y a sus reporteros mediante prácticas cada vez más severas de autocensura y distorsión. La SIP tuvo su última reunión en Quito, del 17 al 20 de marzo, pero del Ecuador no vio ni dijo nada, mejor dicho, se dedicó a hablar de Cuba y Venezuela, y ni se enteró de la impunidad con la que en el Ecuador ciertas figuras mediáticas y funcionarios transitorios retuercen el sentido de los acontecimientos a favor del poder. Entonces, quizá a la SIP le resulte útil este informe sobre la ceguera a propósito de la firma del TLC con Estados Unidos.
Miércoles 15 de marzo: el periodista Milton Pérez, de Teleamazonas, da cuenta de la represión armada en contra de los indios en Cotopaxi. A falta de tomas propias, ofrece fotos cedidas por el diario Expreso. Las imágenes muestran a militares disparando al cuerpo de los manifestantes; hombres y mujeres heridos o con evidentes muestras de asfixia por los gases lacrimógenos. Pero según el comentario de Jorge Ortiz, esas fotos solo demuestran que el ejército cumple con su deber. Al escucharlo uno se pregunta si acaso él recibiría con gusto los trancazos de un piquete de comandos enloquecidos.
Domingo 19 de marzo: el presidente de la República, Alfredo Palacio, dice ante la asamblea de la SIP que "ningún gobierno debe regular ni controlar el trabajo de los medios de comunicación...". Sin embargo, ante cualquier manifestación de inconformidad social, desde Carondelet se convoca a los representantes de los grandes medios con la finalidad de instruirlos acerca de la orientación de las noticias. Ocurrió durante el paro amazónico, en agosto de 2005, y volvió a ocurrir durante las protestas contra el TLC, en marzo de 2006. ¿Le habrá contado eso a la SIP, aunque sea en el coffe break?
Martes 21 de marzo: mientras los pueblos de Pastaza, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha y otras provincias marchan hacia Quito a pedir al gobierno una mínima señal de estar dispuesto a someter a consulta la firma del TLC, los voceros del régimen y los grandes medios enfocan su atención en tres vascos colados en las marchas. Tres muchachos que hacen voluntariado social en las comunidades amazónicas sirven de pretexto para desviar la atención del tema medular. ¡Tres vascos...! Se escandalizan los periódicos y los noticieros de televisión, pero no dicen cuántos extranjeros han metido mano a la soberanía nacional en las negociaciones del TLC, los alegatos de la OXY, la expansión del Plan Colombia y el uso de la Base de Manta.
Miércoles 22 de marzo: el secretario de Comunicación de la Presidencia, Enrique Proaño, en lugar de proponer mecanismos de diálogo –como corresponde a su función– se dedica a la vieja estrategia de estigmatizar las protestas acusando a las ONG y al gobierno de Venezuela de incitar a la rebelión. No comprobó ni lo uno ni lo otro. Desde hace varios años, no hay comunicadores en ese cargo. A lo sumo, hábiles contorsionistas cuya misión no es comunicar sino destruir al oponente. Durante el paro amazónico de agosto de 2005, este mismo gobierno acusó a los habitantes de Sucumbíos y Orellana de ocasionar grandes derrames de petróleo y de contar con el apoyo de subversivos de las FARC. Nunca ofreció pruebas de ello, pero los grandes medios difundieron esa versión hasta el cansancio.
Jueves 23 de marzo: reporteros de varios canales de televisión irrumpen en los patios de la Escuela Politécnica Nacional, donde se han alojado los indios. Los reporteros tienen claras instrucciones de indagar quién financia las marchas, cuánto gasta cada manifestante en transporte y alimentación. Por eso los acosan e interrogan, pero no acosan ni interrogan de la misma manera a los negociadores del TLC. Los indios se enfurecen y los expulsan del lugar. Entonces aparece Jorge Ortiz, acusa al movimiento indígena de atentar contra la libre información y afirma que a él nadie lo hará callar. Pero en la calle reporteros y camarógrafos ruegan que guarde silencio para que no los exponga más a la ira de los agraviados.
[fuente]
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