Quito, 6 de abril de 2006
Una serie de denuncias presentadas por organizaciones ambientalistas, sociales e indígenas en los últimos meses contra la actuación de las empresas petroleras en Ecuador demuestran que éstas operan a su arbitrio, no respetan los convenios firmados por el Estado, menos aún las directrices de protección ambiental, y atentan contra la integridad organizativa de las comunidades indígenas que habitan los territorios en donde operan.
Las denuncias presentadas afectan incluso a la empresa estatal brasileña Petrobras, lo que pone en duda los planes de integración de empresas petroleras sudamericanas para conformar un consorcio que pueda defender los intereses regionales en este sector, cumpliendo con normas que protejan el medio ambiente en las zonas de explotación.
Alejandro Ponce Martínez [1], abogado ambientalista del movimiento Ciudadanos por la Democracia, interpuso en noviembre pasado un recurso de revisión de la Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los Campos Nenke y Apaika Petrobras, otorgada a Petrobras el 19 de agosto del 2004 por el Ministerio del Ambiente.
Ponce Martínez asegura que la licencia se dio "de manera arbitraria e inconsecuente", ya que autoriza la construcción de una vía de acceso, oleoducto y líneas de flujo en territorio del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Napo, amenazando con destruir el territorio ancestral de los pueblos huaorani, tagaeri y taromenani.
El conflicto surgido entre Petrobras y el pueblo huaorani obligó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a enviar una carta el 26 de julio del 2005 a su homólogo ecuatoriano Alfredo Palacio en la que pide soluciones para que Petrobras pueda continuar operando y las cosas funcionen "de conformidad con nuestras excelentes relaciones".
Ponce Martínez se pregunta si el presidente brasileño conoce la gravedad de los daños que ha producido Petrobras, pues en caso de saberlo, las acciones de la petrolera constituirían "un nuevo sistema de explotación y no de integración entre los países latinoamericanos".
Otro grave conflicto mantiene el pueblo kichwa de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, por oponerse a la intervención de la Compañía General de Combustibles (CGC), un consorcio argentino subsidiario de la transnacional estadunidense ChevronTexaco.
Sarayaku es un pueblo en permanente lucha. Ya en 1989 reclamó al gobierno ecuatoriano el respeto a sus tierras y firmó el llamado "Acuerdo de Sarayaku", por el que el Estado les garantizaba su derecho al territorio y los protegía de la explotación petrolera. En 1992, Sarayaku acompañó la gran movilización indígena hacia Quito y reclamó el incumplimiento del acuerdo firmado en 1989, logrando la titularización de sus tierras.
Pese a esto, en 1996 el Estado ecuatoriano otorgó en concesión a CGC una zona de exploración y explotación petrolera que comprende el territorio de este pueblo. La concesión no fue consultada a Sarayaku, tal como lo ordena la Constitución Política del Ecuador y, al ver la oposición indígena, el gobierno ecuatoriano dio apoyo político y militar a la compañía.
Sarayaku ha resistido por cerca de 10 años pese al cerco militar que le ha sido impuesto. Sus habitantes sólo pueden salir de la comunidad en avioneta, ya que los ríos permanecen custodiados por militares y comunidades aledañas, como Jatun Molino, Pacayaku y Canelos, a las que CGC ha logrado convencer de los "beneficios" de la explotación petrolera.
Los pueblos huaorani y kichwa tienen razones suficientes para resistirse a la explotación petrolera, pues miran los daños causados por Texaco —que se fusionó con Chevron en el 2001— en territorio del pueblo cofán, sin que hasta el momento se pueda obligar a esta compañía a repararlos.
La zona donde operó Texaco, por más de 28 años, sufrió la peor contaminación conocida en el mundo tras el derrame de más de 18 millardos de galones de agua tóxica; por ello ahora esta zona presenta "índices 300% mayores de leucemia infantil y 150% más de otros tipos de cáncer", según un artículo de agosto del 2005, de la revista británica International Journal of Epidemiology, publicada por la Universidad de Oxford.
Texaco fue demandada en 1993 en tribunales estadunidenses. La compañía logró que el juicio regresara a Ecuador, en donde tiene mayores probabilidades de presión al sistema judicial. En caso de perder, la empresa estaría obligada a realizar una verdadera limpieza de las zonas afectadas e indemnizar a sus pobladores, lo que le constaría unos US$6 millardos, una quinta parte de los $30 millardos de ganancias que obtuvo con sus actividades en Ecuador.
Sin embargo, la total arbitrariedad de las petroleras tiene su mejor ejemplo en la actuación de la Occidental Petroleum Corporation (OXY).
OXY violó términos contractuales explícitos en la concesión dada por el Estado ecuatoriano al traspasar parte de sus derechos a la empresa canadiense de hidrocarburos EnCana en el 2000. La compañía inició la construcción de un oleoducto secundario sin tener las respectivas licencias ambientales y ahora sus representantes presionan políticamente, afirmando que es mejor negociar las arbitrariedades de la empresa que dar por terminado el contrato, ya que esto sentaría un nefasto precedente para otras inversiones petroleras.
El laberinto jurídico que OXY ha logrado crear amenaza con dejar en la impunidad las acciones de la empresa y conseguir una renegociación de sus actividades hasta el año 2019.
A fines de marzo, OXY ofreció al gobierno un pago de $1 millardo en un esfuerzo por ponerle fin a la disputa, pero aún no está claro si le será revocada a la empresa la licencia para operar en Ecuador.
[fuente]
http://www.lapress.org/Article.asp?lanCode=2&artCode=4629
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