Quito, 6 de abril de 2006
Siguen llegando a Quito centenares de indígenas de todo el país para protestar contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a pesar de la represión gubernamental y el fuerte control en las carreteras. El dirigente de la ecuatoriana Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) Pedro de la Cruz informó que la marcha de 200 indígenas que partió desde Loja, fronteriza con Perú, avanza hacia Quito y llegará este jueves "a pesar de las amenazas de represión".
Campesinos indígenas y negros realizan diversas actividades en Quito del 5 al 8 de abril, entre ellas un Festival Intercultural por la Vida y la Soberanía, ferias agrícolas y la fanesca más grande del mundo elaborada con los productos agrícolas de la sierra y de la costa. La Fanesca es el plato tradicional del año nuevo indígena, elaborado con granos frescos y que actualmente se los prepara en Semana Santa.
El dirigente informó que la intención de la marcha es exhibir en Quito productos que el país perderá si el TLC es firmado. Para el líder indígena, Ecuador debe suscribir acuerdos comerciales con países "similares" y, cuando tenga un plan de contingencia y "las potencias bajen sus protecciones y subsidios", hacerlo con EEUU, Europa o Japón.
La feria de productos agrícolas y de semillas, organizada por la Fenocin, que fue disuelta ayer por la Policía Nacional, se realizó en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los campesinos indígenas y negros se reagruparon para exhibir los productos y semillas que trajeron desde las diferentes regiones del país. Varios sectores de trabajadores, estudiantes y de la sociedad civil, se solidarizaron con la gente del campo y condenaron la represión brutal ejercida por el gobierno. De la Cruz, quien fue detenido el pasado domingo y liberado el lunes por un recurso de hábeas corpus, denunció que en la provincia de Imbabura hay ya 40 detenidos para impedir que se sumen a la movilización.
La Fenocin, representantes del FUT, FEI, Juventud Socialista, FENACLE, y Frente Popular denunciaron que continúa la represión por parte de la policía nacional en contra de los compañeros que avanzan en la marcha desde diferentes puntos del Ecuador. "En Ibarra fueron injustamente detenidos 36 compañeros que avanzaban de manera pacífica por el sector de la Mascarilla, por tanto responsabilizamos al gobierno de sus vidas y lo que pueda pasar con ellas", informó de la Cruz. El dirigente indígena señaló que ni la cárcel ni la represión detendrán la lucha por la Soberanía Alimentaria y en contra del modelo neoliberal. "Hago un llamado para que los diputados del bloque socialista, MPD y Pachacutik, llamen a juicio político al Primer Mandatario", exclamó.
La Fenocin denunció que el gobierno de Alfredo Palacio ha dispuesto el cierre de las carreteras del país impidiendo la libre circulación de las personas y el ingreso de productos agrícolas a la ciudad de Quito. Manuela Cobacango, dirigente de esta organización dijo que en Ambato están reunidas cerca de tres mil personas que participan en la caminata pacífica que avanza por la Panamericana Norte, la misma que no puede continuar debido a que a la altura del peaje se encuentras apostados mil elementos de la política y del ejército.
El gobierno de Palacio está midiendo fuerzas con los sectores sociales y Fenocin está dispuesta a demostrarle que pese a la disposición de no dejar ingresar a los indígenas campesinos y negros, ellos se manifestarán en Quito. La dirigente indígena Manuela Cobacango señaló que las políticas neoliberales están destruyendo la soberanía alimentaria de los pueblos porque priorizan al comercio internacional descuidando la alimentación del pueblo.
Los gobiernos de turno se han comprometido a erradicar el hambre y no han cumplido, más bien la pobreza y la desnutrición se ha incrementado y ha crecido la dependencia de las importaciones agrícolas. Es emergente un debate nacional donde se discuta el Tratado de Libre Comercio y la urgente necesidad de una Política Estatal para el campo.
El ministro de Gobierno (Interior) y Policía, Felipe Vega, ha señalado que no se permitirán nuevos bloqueos de carreteras y alteraciones del orden luego que la primera parte de las manifestaciones de los nativos dejaran pérdidas estimadas en unos 103 millones de dólares. El líder indígena Delfín Tenezaca denunció la militarización del cantón Cajabamba y que el gobierno amenaza a las radios comunitarias quechuas con retirarles sus frecuencias.
Las movilizaciones de la CONAIE tienen por objetivo defender la soberanía nacional y exigir una Consulta Nacional sobre el TLC con EEUU. Si el gobierno respeta la democracia, solo el pueblo, debidamente informado, podrá pronunciarse sobre este Tratado; caso contrario, será una imposición colonialista, que los pueblos indígenas, los pobres del país, y los sectores sociales dignos, rechazarán de manera radical.
La CONAIE no negociará esta movilización nacional por la vida y la soberanía, y radicalizará sus medidas de presión si el gobierno no da señales firmes de obedecer la voluntad popular que reclama transparencia, democracia, justicia y equidad.
Según el gremio indígena, existen alternativas dignas y soberanas: la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA; está también el MERCOSUR, con el apoyo de los gobiernos democráticos y nacionalistas de Brasil, Argentina y Uruguay; está también el fortalecimiento de la Comunidad Andina de Naciones.
El candidato presidencial de la Alianza Tercera República ALBA, Marcelo Larrea, saludó el levantamiento indígena que constituye en sí mismo una consulta popular como una derrota del TLC. "La soberanía económica de la nación no es sujeto de negociación con nadie". "En contra de la integración como colonia propuesta por el TLC, la Alianza Tercera República, se pronuncia por la integración justa propuesta por el Presidente Chávez en la denominada Alternativa Bolivariana para América ALBA, que protege los intereses y derechos de nuestros pueblos y naciones. Por otra parte, EEUU no es el único mercado del mundo, el planeta es bastante más grande y podemos intensificar nuestras relaciones comerciales, con Europa, Asia, Africa, China y todos los países del mundo".
El secretario de comunicación del Estado ecuatoriano Enrique Proaño denunció que el gobierno venezolano y algunas ONGs europeas financian la revuelta indígena contra el TLC. De inmediato, la legación diplomática bolivariana rechazó las nuevas inculpaciones. "Lamentamos que personeros del gobierno de este hermano país, al que nos unen lazos históricos y al que le hemos demostrado nuestra solidaridad constantemente, se presten para este tipo de insinuaciones que no buscan otro objetivo que el de la desunión de nuestros países. (...) El Secretario de Comunicación ecuatoriano insinuó, de manera sarcástica y burlona, que la visita de un grupo de indígenas de este país a Venezuela recientemente, podría estar vinculada a motivos sombríos. Sin embargo, se trata exclusivamente de su participación como invitados en el V Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas, realizado desde el 24 al 26 de marzo de este año, evento en el que se evaluaron las condiciones que hoy viven los pueblos indígenas venezolanos, además de conocer todos los instrumentos legales que se han aprobado por parte del Poder Legislativo de nuestro país en relación con los pueblos indígenas", indica un comunicado público de la embajada de Venezuela.
El jefe negociador de Ecuador Manuel Chiriboga consideró que incluso para los pueblos indígenas se han dado logros dentro de los diálogos con EEUU: "Hemos logrado unos arreglos que en acuerdos anteriores no se han conseguido y que se refieren al derecho (del Estado a preservar las regulaciones) del agua, de la tierra, artesanías, cultura indígena". El gobierno se aferra a los números para proyectar un balance "positivo" de lo que fue la XV ronda de negociaciones. El equipo negociador insiste en que el país llegó, el pasado 23 de marzo, a la capital estadounidense con nueve mesas cerradas y regresa con 15 de los 19 capítulos finiquitados. Defiende, además, los avances logrados en agricultura. "Cuando llegamos solo teníamos el 7% de la negociación agrícola avanzada y regresamos con cerca del 50%", sostuvo Chiriboga.
La negociación es una vergüenza: el régimen sigue ocultando la información, por la cláusula de confidencialidad impuesta por Estados Unidos. No se logra cerrar prácticamente ninguna mesa, en especial las de Agricultura y propiedad intelectual. La actitud de Alfredo Palacio es irracional, y no escucha a las nacionalidades y pueblos indígenas, a los ganaderos, a los arroceros, a las universidades. Solo atiende los intereses de un puñado de grandes empresarios que han capturado el gobierno.
El gerente General de Pronaca, Juan Rivadeneira, aseguró que la ronda del TLC que empezó el pasado 23 de marzo pudiera terminar para el sector avicultor de Ecuador. La posición inicial de Estados Unidos fue que Ecuador acepte el ingreso de 13 mil toneladas de trozos de pollo, mientras que la postura nacional fue no más de 3 mil. Pablo Anhalzer, presidente de la Corporación Nacional de Avicultores (Conave), avicultores y negociadores de la Mesa Agrícola, con Manuel Chiriboga a la cabeza, aceptaron el ingreso de siete mil toneladas de trozos de pollo, con un plazo de desgravación de 18 años y seis de gracia, es decir que el TLC tenga efecto práctico a partir del 2013.
Se subastaría ese contingente de trozos de pollo en una puja. Ésta subasta generará recursos que irían a un fondo que se emplearía en mejorar los rendimientos en el sector. De esta forma el tema estaría prácticamente resuelto y quitaría a los negociadores nacionales un peso de encima.
Otro sector que puede llegar a un acuerdo rápidamente es el de oleaginosas (aceites), el cual ya recibió una respuesta de los negociadores de Estados Unidos lo cual generó satisfacción entre los representantes de empresas como Danec, La Fabril y Ales, las cuales generan unos 120 mil puestos de trabajo directos y tienen inversiones en el país por unos 800 millones de dólares. El tema por resolver se reduce al aceite crudo. Estados Unidos quiere que ese producto entre con cero arancel a Ecuador desde el primer día, lo cual generaría problemas a los productores nacionales.
Ecuador también recibió una respuesta en el tema del maíz, la cual busca el ingreso al año de 400 mil toneladas procedentes de Estados Unidos. La posición nacional se mantiene en 200 mil. Todavía están pendientes los temas del arroz, atún, carne, azúcar, brócoli, así como temas en Propiedad Intelectual y Servicios.
La pretensión de EEUU de colocar en Ecuador un cupo de 28.400 toneladas métricas de arroz pilado al año desconcierta a los arroceros ecuatorianos. Esa cantidad representa el 5% del consumo ecuatoriano, por lo que para los arroceros como Antonio Castro, de la zona de Colimes, en la provincia del Guayas, resulta inaceptable. "Diosito nos van a matar, a liquidar", dijo el productor, quien trimestralmente produce cerca de 2,000 toneladas métricas. Lo más lógico, según Pedro López, de la Asociación Riosense de Arroceros, es que solo se permita el ingreso de 3,000 toneladas. Estados Unidos también planteó que se retiren los aranceles en un lapso de 17 años, partiendo de un arancel del 67.5%. Es decir que, cumplido el plazo, el arroz estadounidense entraría sin pagar arancel alguno al Ecuador.
La mesa de acceso a mercados industriales cerró su parte técnica con algunas definiciones para el ingreso de línea blanca. Ecuador aceptó el ingreso cero arancel para las refrigeradoras producidas en EEUU de más de 21 pies, pero mantuvo cierta restricción para los aparatos menores a estas especificaciones. Las neveras con menos de 21 pulgadas tendrán un retiro de aranceles durante un lapso de 10 años. Actualmente estos aparatos pagan un arancel del 30%.
Las cocinas de cuatro y cinco quemadores ensambladas en EEUU podrán entrar sin pagar aranceles después de diez años, mientras que las estufas con más de seis quemadores tendrán un retiro de impuestos en un periodo de cinco años. Los temas que no se pudieron negociar en la mesa como el atún y el acceso que quiere EEUU para sus autos 4x4 (mayores a 3,000cc) pasarán a resolución de los jefes negociadores. Los estadounidenses pretenden pactar la negociación consiguiendo un acceso inmediato para este tipo de autos. La industria local, que no preveía complicaciones en este aspecto, se opone a esa posibilidad, pues ofreció dar acceso libre de aranceles a este tipo de autos en un periodo de 10 años. Esto implica retirar el 35% de aranceles que pagan estos coches en ese lapso.
En la negociación de la mesa de compras públicas se concluyó que tanto Ecuador como EEUU aplicarán el principio de "trato nacional" (otorgar a los proveedores de servicios de la otra Parte un trato no menos favorable que el que se otorgue a los proveedores nacionales de servicios, es decir de no discriminación) para la contratación de bienes y servicios. A nivel federal, el mercado de la contratación pública de EEUU de Norteamérica representa un volumen de casi 100 mil millones de dólares y tiene un fundamental atractivo para empresas ecuatorianas que están en capacidad de proveer bienes y servicios a este país. La negociación alcanzada obliga a las entidades públicas de EEUU a otorgar trato nacional, no discriminatorio a las empresas ecuatorianas para competir en las licitaciones públicas. El cambio es fundamental pues en la actualidad las entidades del gobierno federal estadounidense tienen, como regla general, la autorización para adquirir bienes a proveedores de EEUU a través de la "Ley de Compra Nacional" conocida como el "Buy American Act". Similar tratamiento deberá otorgar Ecuador a las empresas estadounidenses, es decir no otorgar un trato menos favorable al que otorga a los proveedores nacionales de bienes y servicios en la contratación pública.
Se han conseguido pocos progresos desde que comenzó su discusión en Washington. Los resultados están a la vista: Ninguna de las cuatro aclaraciones que Ecuador busca incorporar en el texto de propiedad intelectual han sido aceptadas. La mesa también dejó de reunirse presencialmente desde el lunes pasado. Inicialmente Ecuador accedió a entregar tres años de protecciones a los datos de prueba, periodo que no incluye actualmente en su legislación. Esta protección cobija la información resultante de los estudios clínicos de seguridad y eficacia de un medicamento, cuya presentación exigen los gobiernos como condición para aprobar su comercialización.
El representante del sector farmacéutico y de laboratorios, Renato Carló, insistió en que el alcance de las negociaciones del TLC deben ser más claras. Más cuando a criterio de él y de acuerdo a cifras del acuerdo, el monto de la negociación apenas alcanzaría los 17.5 millones de dólares y solo la industria farmacéutica nacional de medicamentos genéricos perdería cerca de 150 millones de dólares, con lo cual posiblemente la subsistencia del sector y el impacto negativo sería transmitida a los medicamentos, comentó Carló. Confirma que los impactos reales en la salud pública producirán los monopolios generados por las patentes. En el Ecuador, los productos que tienen un competidor o más tienen un precio promedio de 3.75 dólares, en tanto que los otros sin competidor tienen un precio promedio de 46 dólares, por lo que considera que ampliar las protecciones significaría reducir el acceso a los medicamentos a los sectores menos protegidos.
El gobierno de George W. Bush no ha decidido aún si enviará al Congreso conjuntamente como "bloque andino" o separadamente los TLC's firmados con Colombia, Perú y Ecuador, declaró el representante comercial Rob Portman. Los tres países empezaron negociando como un frente unido en mayo de 2004 en Cartagena, pero a medida que avanzaba el proceso la unidad se tornó más precaria.
Perú fue el primero en cerrar las negociaciones en diciembre, en medio de críticas abiertas de los sectores empresariales de Colombia y Ecuador por las concesiones que tuvo que hacer en detrimento de los otros dos países. Colombia le siguió en el cierre a fines de febrero, luego de una gestión personal del presidente Álvaro Uribe y una negociación continua de prácticamente 40 horas.
Los acuerdos con Perú y Colombia, y eventualmente de Ecuador, tienen todavía que pasar por audiencias de la Comisión Internacional de Comercio, un cuasi-tribunal del gobierno estadounidense, en las cuales se determina su conveniencia o no para el país. La gran pregunta por delante es cuánto tiempo va a tomar todo este proceso.
El objetivo de la administración Bush es terminar todo antes de julio de 2007. Ese mes expira la ley de promoción del comercio que el Congreso concedió a Bush, conocida como fast track", y que permite al gobierno negociar tratados que el Congreso aprueba o rechaza, pero no modifica.
[fuente]
http://www.bolpress.com/internacional.php?Cod=2006040603
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