Guayaquil, 4 de abril de 2006
El Ministerio de Economía ha logrado una buena reforma a la Ley de Hidrocarburos, en beneficio del Estado, que es justo reconocer.
Estimaciones oficiales establecen que las utilidades de las empresas petroleras, ubicadas entre el 19 y 23% cuando se suscribieron los contratos, debido al incremento del precio, se elevaron a niveles estratosféricos entre el 119 y 200%. Debido a la forma mañosa con que se redactaron, el Estado no se ha beneficiado. Es una gran estafa y debe establecerse responsabilidades.
El Ministerio de Economía calculó que entre el 2003 y 2005 el Estado "dejó de ganar" $731 millones, ya que como precio referencial se estableció $15; siendo que, en promedio, en el 2005 fue de $42.26, es decir, tres veces superior; en cambio, asumió $111 millones, por el aumento del precio de los combustibles que importa.
Todo esto parece fantasía, pero es la cruda verdad. Así, mafiosamente, se han manejado los intereses del Estado en el ámbito de su principal recurso.
Igual ha ocurrido con la participación del Estado en las exportaciones de crudo. Petroecuador redujo su participación del 99.3% en 1994 al 39% en el 2004; en cambio, las empresas extranjeras aumentaron de 07% al 61%.
Petroecuador captó $879 millones y las empresas $6 millones en 1994 las que aumentaron a $1.622 millones y $2.276 millones en el 2004, respectivamente. Esto significó que Petroecuador redujo su participación del 99% al 42% y las compañías aumentaron del 1% al 58%. Significó también que la empresa estatal aumentó sus ingresos en apenas 18% y aquellas en el 3.728% ¡Qué festín! ¿Cuántos "nacionales" se habrán beneficiado?
Por ello, es urgente revisar la política petrolera, recuperando el petróleo para el Estado, fortaleciendo Petroecuador, a la que los grupos de poder subordinados a las compañías la han hecho trizas; revisando los contratos petroleros, declarando la caducidad del contrato con la OXY, eliminando las onerosas formas de "castigo" (felicidad para algunos) al precio del crudo, que ha llegado hasta $18 por barril; construyendo la nueva refinería y las instalaciones en tierra, para el almacenamiento del gas, al momento en alta mar y con altos porcentajes de ganancia especulativa, de pocos.
En este marco se inscribe como hecho positivo, las reformas a la ley de hidrocarburos, elaboradas por el Ministerio de Economía y aprobadas por la mayoría del Congreso, con la abstención del bloque socialcristiano, lo que es muy decidor. No encuentro razones valederas para esta conducta antinacional.
Con tales reformas, el Estado puede recuperar hasta $700 millones por año por reliquidación de ganancias extraordinarias, provocadas por el aumento de los precios, (60% para el Estado y 40% para las compañías)
En su momento mejorará esta distribución. Chile tiene 90% y 10 %, Venezuela 80% y 20%.
Ecuador es el dueño del recurso y no se debe admitir reclamo alguno por parte de las compañías. Cerremos filas para sostener estas reformas de beneficio público. No permitamos que ninguna leguleyada ni acción de testaferro alguno se oponga a las mismas, ni mucho menos que se quiera chantajear con el tema del TLC, para bloquearlas.
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