21 de marzo de 2006
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) e integrantes del Pueblo Kichwa de Sarayaku, de Ecuador, participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para avanzar en el trámite del caso pendiente ante dicho organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La audiencia fue solicitada por el Estado ecuatoriano, que presentó cuatro testigos pertenecientes a comunidades vecinas a Sarayaku.
En 1996, Ecuador firmó un contrato con una empresa privada para la exploración y explotación petrolera en un bloque de tierra que se encuentra en el territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku. La firma del contrato se hizo sin consultar a la comunidad indígena. En defensa de la propiedad de sus tierras, el pueblo de Sarayaku intentó, sin suerte, impedir la entrada de la compañía a su territorio haciendo sus reclamos ante funcionarios de la empresa y del propio Estado.
Las actividades de la petrolera han implicado, entre otras cosas, la tala de bosque, la movilización de tierra, vegetación y materiales, la colocación y detonación de explosivos, y la construcción de helipuertos y campamentos. Todo lo cual ha tenido un gran impacto en la vida comunitaria del Pueblo Sarayaku pues afectó su identidad cultural, su economía y el medio ambiente en que viven.
Al presentar el caso ante el sistema interamericano, el Pueblo de Sarayaku, CDES y CEJIL alegaron que al firmar dicho contrato, y al permitir y apoyar el desarrollo de actividades en el territorio de Sarayaku, Ecuador restringió ilegítimamente el derecho de sus habitantes a la propiedad colectiva, afectándose, asimismo, otros derechos económicos, sociales y culturales también consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido firmada y ratificada por el país.
Además, los peticionarios sostuvieron que Ecuador no ha adoptado las medidas necesarias para adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana, ya que no ha establecido un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas respecto de asuntos que afecten sus intereses.
Las organizaciones y el Pueblo de Sarayaku le solicitaron a la CIDH que establezca la responsabilidad internacional del Estado por haber violado los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial y a la cultura del Pueblo Sarayaku. Además, le pidieron a la Comisión Interamericana que recomiende al Estado adoptar las medidas adecuadas a fin de reparar los daños producidos a las víctimas y asegurar que no se repitan los hechos. Tras escuchar las peticiones, el Estado de Ecuador presentó una propuesta para solucionar el caso por la vía amistosa, la cual será considerada por las víctimas y sus representantes.
[fuente]
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=21545
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