Quito, 6 de marzo de 2006
El Comercio, Quito
La petrolera estadounidense Chevron-Texaco, acusada de causar daños ambientales en la Amazonia de Ecuador, usa una base militar de este país para "sabotear" el juicio que se sigue en su contra, según denunciaron hoy los demandantes.
Steeve Dozinger, uno de los abogados del Frente de Defensa de la Amazonia, que integra a los 3 000 colonos e indígenas afectados por la contaminación de Texaco, dijo a corresponsales extranjeros que la petrolera mantienen en vigor un convenio para el uso de las instalaciones del Grupo de Fuerzas Especiales "24-Rayo" del Ejército, en la ciudad amazónica de Nueva Loja.
Dozinger indicó que un jefe militar de esa unidad colaboró con Texaco en la elaboración de un "informe falso", que obligó a suspender, en octubre pasado, una inspección judicial en uno de los sitios supuestamente contaminado por la multinacional estadounidense en la Amazonia.
El abogado de los demandantes recordó que el Ministerio de Defensa de Ecuador aceptó que el informe presentado por el jefe miliar fue inventado, por lo que sancionó al responsable.
Sin embargo, Dozinger denunció que, pese a que la relación entre los militares y Texaco ya ha incidido en el proceso, aún se mantiene en vigor un contrato entre las partes para el uso de las instalaciones militares en Nueva Loja, la capital de la provincia de Sucumbíos, donde se desarrolla el juicio.
El contrato, según Dozinger, demuestra que Texaco ha estado utilizando una base militar en la zona para llevar adelante un plan para "sabotear el proceso".
Además, el letrado consideró "inaudito" que una compañía estadounidense "pague a las Fuerzas Armadas ecuatorianas por beneficios privados".
Precisó que el contrato supone el uso de unas casas instaladas en el interior del Grupo "24-Rayo", que Texaco construyó, y por el que paga un arriendo de 3 000 dólares, pero remarcó que la relación entre las dos partes rebasa la utilización de las viviendas.
Aseguró, además, que el ex capitán del Ejército ecuatoriano Manuel Bravo, que ahora es jefe de seguridad de la compañía, es quien coordina acciones con los militares ecuatorianos.
Dozinger lamentó que el gobierno de Ecuador no hayan dado respuesta a los reclamos de los demandantes y que las Fuerzas Armadas hayan perdido la "neutralidad" que se requiere para "la marcha justa del proceso".
La organización internacional "Amazon Watch" se sumó hoy a una campaña de "vigilancia del proceso", por considerar que Texaco está "ejerciendo enormes presiones" para sabotear el denominado en Ecuador "Juicio del Siglo".
Atossa Soltani, directora de "Amazon Watch", recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado al gobierno de Ecuador proteger a los dirigentes de los demandantes y a los abogados, que han sido amenazados de muerte y han sufrido constantes hostigamientos, atribuidos a Texaco por los demandantes.
En abril próximo, indicó Soltani, se efectuará en EE.UU. una reunión de los accionistas de Texaco, en la que un grupo de inversores reclamará a la compañía por su actuación en el proceso.
Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de la Amazonía, Luis Yanza, indicó que el próximo miércoles se efectuará una nueva inspección judicial en el campo petrolífero de Texaco en Santa Rosa.
Yanza insistió en que las inspecciones en 36 zonas donde trabajaba Texaco entre 1972 y 1992 han arrojado pruebas suficientes que demuestran el "enorme daño" ambiental causada por la compañía.
El dirigente recordó que la demanda contra Texaco asciende a unos 6.000 millones de dólares, que servirán para recuperar las zonas afectadas e indemnizar a los miles de personas afectadas por cáncer, enfermedades genéticas y otros males atribuidos a las sustancias tóxicas vertidas en la zona.
Fausto Peñafiel, un experto en sustancias químicas, indicó que en las inspecciones hechas en los depósitos de deshechos dejados por Texaco en la Amazonía se han encontrado valores de más de 30 000 miligramos de sustancias tóxicas, como el boro, por cada kilogramo de suelo analizado, cuando la ley ecuatoriana establece un máximo de 1 000 miligramos.
http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=29638&seccion=10
El Universo, Guayaquil
El representante legal de Chevron Texaco en Ecuador, Rodrigo Pérez, confirmó ayer la denuncia de organizaciones de derechos humanos sobre el uso por parte de abogados de esa empresa de unas villas del Grupo de Fuerzas Especiales Nº IV Rayo de Lago Agrio, adscrito a la IV División del Ejército.
Organizaciones indígenas y de derechos humanos acusan a la petrolera de usar a las FF.AA. para demorar el juicio en su contra por daños ambientales.
El representante legal de Chevron Texaco en Ecuador, Rodrigo Pérez, confirmó ayer la denuncia de organizaciones de derechos humanos sobre el uso por parte de abogados de esa empresa de unas villas del Grupo de Fuerzas Especiales Nº IV Rayo de Lago Agrio, adscrito a la IV División del Ejército.
Recordó que el convenio se suscribió en marzo del 2004 con el entonces comandante de la IV División del Ejército, general Gustavo Tapia. En el acuerdo, que tuvo una duración de 18 meses, se establece la construcción en las instalaciones antes mencionadas de varias villas para el alojamiento de los técnicos de Texaco.
Pérez indicó que el convenio se renovó mediante el pago de $ 3.000 mensuales a la Fuerza Terrestre para el uso de las barracas, que luego pasarán a manos de los militares.
El Comité de Defensa de la Amazonia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) acusaron ayer a la empresa Chevron-Texaco de "usar a las Fuerzas Armadas" para demorar el juicio que por presuntos daños ambientales se sigue en contra de esta última en la Corte Superior de Justicia de Sucumbíos.
Según Alexis Ponce, de la APDH, esa empresa "manipuló y utilizó" a las FF.AA. para fraguar un "falso informe" de Inteligencia Militar que provocó que el juez de la causa suspenda una inspección en el sector de La Guanta (Orellana) el 18 de octubre del 2005.
El activista indicó ese documento que está firmado por el mayor Arturo Velasco, subcomandante del Grupo de Fuerzas Especiales Nº IV-Rayo asentado en Lago Agrio, y dirigido al comandante de esa unidad, Francisco Narváez.
En el texto, el oficial explicó que un funcionario de Texaco, un trabajador de una empresa de servicios y el capitán (r) del Ejército Manuel Bravo le solicitaron que personal militar los acompañe para evitar un posible bloqueo de vías por parte de los habitantes de la zona. Ante la negativa, dice el documento, los antes mencionados indicaron que de lo que se trataba era de suspender la audiencia judicial (en Guanta, Sucumbíos), a la que iban a asistir unos cien cofanes.
De acuerdo con los activistas, ese informe provocó la suspensión de la audiencia.
http://www.eluniverso.com/2006/03/07/8/28c5ef2afee54d68b819d613c5ad293b.html?EUID=El Universo, Guayaquil
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anunció este martes la suspensión de los catorce contratos para la prestación de servicios de seguridad entre las Fuerzas Armadas con las empresas petroleras. También justificó el resguardo militar en campos e instalaciones petroleras.
El secretario de Estado acudió esta mañana a la Comisión de Asuntos Amazónicos del Congreso para responder a las inquietudes de los parlamentarios.
El diputado de Pachakutik, Julio González, dijo que se coloca al Ejército ecuatoriano como subordinado a los intereses de la compañía petrolera Chevron-Texaco.
Según Jarrín, se cortó todo nexo y toda posible interpretación a los contratos con las empresas privadas. Además, descartó haber recibido órdenes de las transnacionales.
"El petróleo es patrimonio nacional, por consiguiente puede operar quien quiera que sea, no nos interesa. Lo que nos interesa es que el patrimonio nacional esté preservado, estén protegido los recursos en el país y que el interés nacional esté garantizado con las Fuerzas Armadas", sostuvo el funcionario en Ecuavisa.
Finalmente, Jarrín no se quiso pronunciar sobre el caso Chevron-Texaco.
http://www.eluniverso.com/2006/03/07/12/fa4218443e3a421aafb8326bea3b92b7.html?EUID=Ecuador Inmediato
Según dió a conocer hoy el Frente de Defensa de la Amazonía, que lleva adelante el juicio contra la empresa petrolera en el oriente ecuatoriano, un informe del Ministerio de Defensa Nacional, hasta ahora reservado, confirma que los abogados de Texaco manipularon y mintieron a la Corte de Ecuador, para suspender una inspección judicial en territorio indígena sin ninguna base legal.
Según este reporte dado hoy en rueda de prensa `por el Frente de Defensa de la Amazonía, el informe militar revela varios vínculos y presiones sospechosos entre abogados y empleados de Texaco con miembros de las FF.AA. en la base "Rayo-24," ubicado en la zona de Lago Agrio donde está desarrollando el juicio, que indican que la transnacional poderosa habría utilizado a algunos miembros militares para parcializar el juicio a su favor.
Detalladas las presiones, serían las siguientes: que el abogado de Texaco, Dr. Adolfo Callejas, con la cooperación de elementos militares de la base Rayo 24, engañó a la corte con un falso informe de inteligencia militar para cancelar una inspección judicial en territorio indígena de los Cofanes el 19 de Octubre del año pasado.
Se señala que para ello, un miembro de la base militar, Mayor Arturo Velasco, fue presionado por un empleado de Texaco (no se dice el nombre) para hacer el falso informe.
Se interpuso como antecedente que existe un contrato privado entre Texaco y las FF.AA., donde Texaco construyó una villa lujosa y paga $3,000 por mes a los militares ecuatorianosn en la base Rayo 24, desde donde se emitió el falso informe.
Una de las acusaciones está dirigida contra un ex-capitán de las Fuerzas Armadas, Manuel Bravo, mentalizador de las maniobras que hicieron aparecer el falso informe, siendo actualmente Jefe de Seguridad de Texaco y mantiene vínculos con miembros de Rayo 24.
Los dirigentes han pedido al Ministro de Defensa que la investigación sobre el contrato entre Texaco y las FF.AA. siga para determinar las injerencias exactas de empleados norteamericanos de Texaco, específicamente Ricardo Reis Veiga, el supervisor del juicio para la compañía y el famoso autor de la "remediación" fraudulenta de Texaco. Se presume que Reis Veiga estuvo en la base militar cuando el falso informe fue escrito, según testigos de este organismo, que estuvo hoy acompañado de la CONAIE en defensa de los pueblos indígenas amazónicos.
http://www.ecuadorinmediato.com/espanol/mostrarnoticia.php?id=44¬iciaid=30227
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