Quito, 28 de febrero de 2006
Los pueblos indígenas están librando una dura batalla, intentando impedir que la globalización económica destruya sus culturas y ocupe sus territorios. Los hidrocarburos y la madera de sus bosques se requieren para que el crecimiento económico prosiga en los países del Norte, a miles de kilómetros de distancia de sus propias comunidades. Crecimiento que no excluye, por otra parte, el despilfarro y el consumismo desmedido. La explotación de esos recursos, sin embargo, transforma la vida de la selva en desolación. Desaparece la biodiversidad y las poblaciones pierden sus medios de subsistencia. Millones de hectáreas se convierten así en cementerios del desarrollo. La cuenca amazónica es un ejemplo extremo de esta situación.
La selva es sagrada para los pueblos indígenas porque alberga su historia, el espíritu de sus antepasados y miles de formas de vida. Por ello, desean que sus hijos hereden la responsabilidad de conservarla. Es también el objetivo del pueblo waorani en la amazonía ecuatoriana, sobreviviendo a la presencia de las compañías petroleras desde hace décadas.
La población waorani está integrada por 2500 personas, agrupadas en 38 comunidades. Habitan en las Provincias de Orellana, Napo y Pastaza, en la región amazónica situada entre los ríos Napo y Curaray de la cual forma parte también el Parque Nacional Yasuní [1]. Comparten territorio con los pueblos Tagaeri y Taromenane, de los cuales apenas sobreviven unas 400 personas que han decidido permanecer sin contacto con otros grupos humanos.
Los waorani han sido tradicionalmente guerreros. Han subsistido de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura itinerante [2]. Establecieron tardíamente contacto con el resto del mundo por lo que se les llamaba "Aucas", palabra que significa en lengua quechua "persona de la selva" [3]. Sus modos de subsistencia, organización social y su cosmovisión, se consideran un modelo sorprendente de adaptación al medio amazónico.
El territorio ancestral comprendía aproximadamente 2 millones de hectáreas. En 1979, la creación del Parque Nacional Yasuní absorbió 982 mil hectáreas. Posteriormente, en los años noventa el Estado ecuatoriano reconoció legalmente como territorio waorani 716 mil hectáreas. De la misma manera, una extensión similar fue declarada Zona Intangible de los pueblos Tagaeri y Taromenani. En 1989, la UNESCO otorgó al PNY carácter de Reserva de la Biosfera. Fuera del área de protección habitan también unas 100 comunidades quechuas, agrupadas desde 1975 en la Federación Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana.
El PNY se extiende entre los ríos Yasuní, Cononaco, Nushino y Tiputini. Es un bosque húmedo tropical con suelos entre 300 y 600 metros sobre el nivel del mar. Es el área protegida de mayor extensión de la amazonía, considerada una de las mayores reservas de biodiversidad genética del planeta.
Según Acción Ecológica, el PNY alberga en total 2200 especies de árboles y arbustos, el mayor número por hectárea del mundo. Incluso, un estudio de la compañía petrolera Petrobras halló en un área de sólo 0.25 hectáreas 95 especies vegetales [4]. Se han registrado 90 especies de ranas y sapos, cifra igual al total de especies de América del Norte y el doble de Europa [5]. Se estima también la existencia de 567 especies de aves, entre las que se encuentra el águila arpía, un símbolo para los waorani por su destreza al cazar. Hay aproximadamente 173 especies de mamíferos, incluyendo jaguares. Se han registrado igualmente 83 variedades de serpientes, la mayor diversidad de América del Sur. Cantidad de lagunas y pantanos sirven de refugio a 385 especies de peces. Se trata en su mayoría de poblaciones endémicas, sobrevivientes del Pleistoceno. La fragilidad ecológica del PNY es, pues, extrema.
El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador, una de sus mayores fuentes de financiamiento y obtención de divisas para el pago de la deuda externa. La producción ha ido en constante aumento desde los 300 mil b/d en 1992, hasta los 500 mil b/d en 2004. Se han entregado en concesión a las petroleras 5 millones de hectáreas en todo el país. La política petrolera nacional tiene como objetivo seguir abriendo nuevas áreas de exploración y explotación, incluyendo zonas protegidas y territorios indígenas [6].
La región amazónica ecuatoriana ha sufrido fuertes impactos ambientales a causa de la actividad petrolera. La vida de sus habitantes también ha sido afectada de manera significativa. El pueblo kichwa de Sarayacu, por ejemplo, resiste la presencia de la Compañía General de Combustibles (CGC), a la que se ha concedido para su explotación un área de 135 mil hectáreas en su territorio. En la región de Lago Agrio, donde la compañía Chevron-Texaco operó entre los años 1964 y 1992, el deterioro ambiental ha sido devastador por la contaminación del suelo y las aguas con residuos tóxicos. Han quedado seriamente afectadas 5 comunidades indígenas, en total unas 30 mil personas. Actualmente esta empresa enfrenta un juicio sin precedentes en Ecuador por dichos daños, estimándose que limpiar la zona puede llegar a costar unos 6 mil millones de dólares [7].
Desde finales de los años cincuenta comenzaron a llegar las petroleras al territorio waorani. Posteriormente las concesiones han irrespetado inclusive la Zona Intangible y la Reserva de la Biosfera del PNY. Se calcula que el 60% de ésta ha sido entregado a las compañías en bloques de hasta 200 mil hectáreas.
A comienzos de los años noventa, la empresa estadounidense Maxus construyó allí una carretera de 180 Km. Actualmente operan en territorio waorani y el PNY, entre otras, Repsol-YPF, Petroecuador, Agip-Eny Oil, Petrobell, Petrobras, la Occidental y Vintage.
En agosto de 2004, el Ministerio de Ambiente otorgó licencia ambiental a Petrobras para iniciar actividades en el Bloque 31 que le fue asignado en concesión. El proyecto pretende la construcción de 14 pozos de producción, una planta de fluídos, una carretera de 37 Km. y un muelle en la orilla del río Napo. En consecuencia, se verían afectadas en total aproximadamente 100 mil hectáreas de la Reserva de la Biosfera del PNY. Petrobras inició estas actividades en enero de 2005.
El contacto del pueblo waorani con el resto del mundo ha estado, de hecho, profundamente marcado por la presencia de las compañías petroleras. Esta relación ha modificado durante décadas su forma de vida y su entorno. Han aparecido nuevas enfermedades como la hepatitis B y C de graves consecuencias, sífilis, alcoholismo, infecciones en la piel de los niños y distintos tipos de cáncer sobre todo entre las mujeres. Un estudio de Acción Ecológica ha demostrado, en efecto, que el cáncer es responsable del 32% de los fallecimientos en las zonas petroleras de la amazonía ecuatoriana, incidencia altamente superior a la media nacional del 12% [8].
Para favorecer sus intereses, por otra parte, las compañías propician divisiones y enfrentamientos entre las diversas comunidades. Para aminorar su resistencia, atentan directamente contra los valores de la vida comunitaria, engañando, sobornando, confundiendo y desprestigiando a los líderes de las organizaciones. Observadores internacionales han verificado, ciertamente, que compañías petroleras como EnCana y Repsol-YPF han logrado construir una relación de control, dominación y dependencia con las comunidades waorani, violando sus derechos como pueblos indígenas [9].
Para facilitar sus operaciones, las compañías incentivan además la firma de polémicos acuerdos y convenios con los líderes comunitarios. Maxus, por ejemplo, logró la firma de un acuerdo con los waorani por 20 años, en inglés y con la presencia del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Quito. En 1993, Repsol-YPF llegó a un "convenio de amistad", acordando entregar 600 mil dólares anuales a la Organización de Nacionalidades Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE) para inversión en proyectos de desarrollo. Las empresas suelen contratar consultoras que lleven a cabo el proceso de negociación. Es el caso de Entrix, consultora estadounidense que intervino en el convenio firmado entre la ONHAE y Petrobras. Mediante el mismo, la empresa brasileña se comprometió a entregar a las comunidades 200 mil dólares anuales por un período de 5 años, además de garantizar seguridad en caso de accidentes petroleros [10].
La mayoría del pueblo waorani, sin embargo, ha manifestado su oposición a esta clase de acuerdos. Han denunciado que se establecieron sin contar con el consenso comunitario. Consideran que el dinero genera un sistema de dependencia que amenaza su tradicional forma de vida. Aseguran que las compañías han llegado a ofrecer comida, intentando compensar el impacto negativo de sus actividades sobre la caza y la pesca. También afirman que las empresas se muestran muy generosas cuando ocurren accidentes y derrames de crudo.
Según Acción Ecológica, las actividades previstas por Petrobas en el PNY carecen de un plan efectivo de seguridad y protección ambiental [11]. La ruta para el oleoducto y el trazado de la carretera atraviesan bosques, ocho cruces de ríos y 110 pantanos. No se ha medido el impacto que tendrán los trabajadores sobre el ecosistema, ni se prevé la limpieza de desechos contaminantes y tóxicos [12].
En 2004, científicos de todo el mundo alertaron sobre los efectos de la construcción de la carretera de Petrobras en el PNY. Enviaron una comunicación al entonces Presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez, al Presidente Lula da Silva de Brasil y a Petrobras. La carretera es una verdadera amenaza a la biodiversidad y a los habitantes del PNY.
En septiembre de ese mismo año, el pueblo waorani celebró su VIII Congreso en la comunidad de Toñampari. Los 400 delegados asistentes en representación de 38 comunidades, decidieron rechazar la apertura de nuevos pozos en el PNY. Aceptaron respetar los acuerdos previos firmados por la anterior dirigencia de ONHAE con las petroleras, aunque eligieron una nueva directiva a la que exigieron consultar sus decisiones.
Petrobras, no obstante, incumplió con el financiamiento de proyectos convenido [13]. Intentó, además, establecer acuerdos por separado con algunas comunidades, sin la previa aprobación de ONHAE. Así, el 1 de julio de 2005, el pueblo waorani anunció el rompimiento de los acuerdos con Petrobras [14]. La decisión se tomó también debido al inicio en el mes de mayo de las obras de la carretera de la empresa brasileña en el PNY, obviando todas las advertencias.
El 5 de julio, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) pidió al gobierno de Alfredo Palacio la recisión de los contratos a todas las empresas que estuvieran violando los derechos ambientales y de las poblaciones indígenas. CONAIE denunció asimismo a Petrobras, Repsol-YPF y la Occidental por su actitud prepotente con las comunidades.
Para mostrar su protesta a los atropellos de Petrobras y manifestar públicamente su posición ante el conflicto petrolero en la amazonía, la ONHAE a su vez convocó una manifestación en Quito, el día 12 de julio [15]. Dos días antes llegaron desde la selva 120 indígenas waorani. La protesta fue respaldada por CONAIE, la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso, Acción Ecológica y otras organizaciones nacionales e internacionales [16]. Recibidos en el Congreso, entregaron una carta exigiendo la suspensión por un período de 10 años de las actividades petroleras en el PNY. Pidieron, además, que el Presidente Lula da Silva retirara a Petrobras de su territorio.
En el conflicto con las petroleras, las mujeres waorani han tenido una presencia decisiva. Rechazaron los convenios suscritos con las compañías, al considerar que el dinero transforma la vida comunitaria de su pueblo. Han manifestado, sobre todo, una clara conciencia acerca de las consecuencias de la destrucción del PNY [17]. Están dispuestas, además, a impedir que sus hijos se conviertan en mano de obra barata para las empresas. Al parecer, la ruptura del acuerdo con Petrobras respondió en gran medida a la presión ejercida por ellas. La manifestación celebrada en Quito en el mes de julio contó también con una masiva presencia de mujeres. Tuvieron asimismo una activa participación en el VIII Congreso del 2004. Su rechazo a las petroleras significa, sin más, la defensa de la vida y la cultura del pueblo waorani.
Los planteamientos de las mujeres waorani han sido claramente expresados en foros nacionales e internacionales por Alicia Cahuiya, Presidenta de la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE) [18]. Presente en la IV Sesión del Foro Permanente Sobre Asuntos Indígenas, celebrada en el mes de mayo de 2005 en Nueva York, solicitó al gobierno ecuatoriano la recisión de los contratos petroleros, como medida de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Pidió igualmente la visita del Relator Especial de los Derechos Indígenas al territorio waorani. Insistió además en exigir una moratoria de 10 años para las actividades petroleras en el PNY.
Tras el derrocamiento de Lucio Gutiérrez como consecuencia de la movilización popular en abril de 2005, el gobierno de Alfredo Palacio se ha visto presionado a considerar la posición de los pueblos indígenas sobre el tema petrolero. En junio de 2005, la Contraloría General inició una auditoría sobre la licencia ambiental otorgada a Petrobras el año anterior para operar en el PNY. Un mes más tarde, después de la marcha de los indígenas waorani en Quito, el gobierno se comprometió a revisar los convenios que comprometen su territorio.
El Ministerio de Ambiente en julio decidió finalmente suspender temporalmente las actividades de Petrobras en el PNY, incluyendo la construcción de la carretera y de un puente sobre el río Tiputini. Se argumentó la existencia de posibles irregularidades en el proceso de otorgamiento de la correspondiente licencia, además del incumplimiento de diversas especificaciones técnicas [19]. Se trata de investigar si Petrobras obvió alternativas para minimizar el impacto ambiental de su proyecto. El gobierno ha declarado que los informes técnicos al respecto decidirán, de hecho, si se suspende definitivamente la licencia a la empresa.
La reacción de Petrobras y del propio gobierno de Brasil fue inmediata. La petrolera presentó un recurso de reposición ante el Ministerio de Ambiente, al tiempo que interpuso un recurso de amparo en los tribunales ecuatorianos [20]. El gobierno brasileño, por su parte, ha ejercido presión a través de su Embajada en Quito. Además, el Presidente Lula da Silva envió una carta al Presidente Palacio, manifestando su preocupación por las decisiones que afectan las inversiones de Petrobras, estimadas en 150 millones de dólares.
La posición del gobierno brasileño, sin embargo, ha provocado reacciones adversas en el país. La Red Brasileña de Justicia Ambiental (RBJA) [21] y otras organizaciones sociales expresaron, en carta pública, su apoyo a las decisiones del gobierno de Ecuador. La RBJA, además, fue una de las organizaciones internacionales que en 2004 visitaron la amazonía ecuatoriana, atendiendo a las denuncias sobre posibles violaciones de los derechos humanos por parte de las petroleras.
En la difícil lucha del pueblo waorani por su cultura y su territorio, sin duda el apoyo de la sociedad ecuatoriana y de la comunidad internacional es indispensable. Su resistencia es una contribución invalorable al esfuerzo que tarde o temprano tendrá que asumir la humanidad entera si quiere continuar habitando el planeta.
[+info]
http://www.saveamericasforests.org/Yasuni/
http://ww.waorani.com/
http://ww.accionecologica.org/
http://www.llacta.org/varios/tema0512.htm
[fuente]
http://www.selvas.org/newsEC0106es.html
:: http://www.llacta.org ::
