Quito, 20 de febrero de 2006
Redacción Cuenca
Los Akintihua Chup están indignados por el fallo del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, en Cuenca. Ellos reclaman por la muerte de Pedro y Germán Akintihua (padre e hijo).
El homicidio ocurrió la noche del 5 de diciembre del 2000, en Santa Rosa, en la vía Macas-Puyo. Ellos argumentan que seis policías en un operativo antidelictivo acabaron con la vida de dos de las seis indígenas shuar que se movilizaban en un taxi hacia Puyo.
Dos años después, la Segunda Corte Distrital de Policía Nacional (PN) sentenció a ocho años de reclusión mayor, por el delito de homicidio, a los policías Óscar Guerra, José Carrión, Carlos Punina, Ángel Padilla, Jesús Játiva y Segundo Guamán, quienes estuvieron en el operativo.
Con esa resolución y amparados en el art. 20 de la Constitución, en mayo del 2004, la familia demandó a la Policía por dos millones de dólares, como indemnización.
La petición se negó y se emitió siete días después de los 15 que fija la Ley. Por ello, en septiembre del 2004, presentaron otra demanda en los tribunales de lo Contencioso Administrativo (TCA) de Quito y Cuenca.
Esta vez, contra el Comandante General de la Policía, por el silencio administrativo. Por el domicilio de los Akintihua (seis hermanos viven en Morona Santiago y tres en Puyo y Quito) la demanda se dividió en las dos urbes.
El fallo de Cuenca se emitió el 3 de febrero. Sus miembros Hernán Monsalve, Pablo Cordero y Alejandro Peralta resolvieron declarar sin lugar a la demanda. La sentencia dice que si bien existió silencio administrativo, en derecho público la petición no se hizo a la autoridad competente.
Es decir, la petición por la infracción del Silencio Administrativo y la indemnización no debía seguirse contra el Comandante. Lucía Serrano y Ernesto López, defensores de los Akintihua, discrepan con los ministros jueces.
López aclara que el Comandante General representa a la Policía y es parte del Estado. "Que nos expliquen quién es la autoridad competente. Está comprobado que el homicidio lo cometieron uniformados, con armas de la entidad y en patrullajes de rutina".
Serrano cree que con este fallo se pretende ocultar el crimen y es la fórmula para negar la indemnización. Pero el juez Peralta se defiende e insiste que en derecho público sólo puede realizarse lo que está permitido y no puede hacerse sino lo que está minuciosamente descrito y autorizado.
Los demandantes insisten que el Estado debe responder por los daños y perjuicios a la familia. Cristóbal Akintihua, uno de los demandantes, aclara que no pretenden sacar provecho económico, sino sentar precedentes.
Serrano y López tienen listo el documento para interponer el Recurso de Casación que lo presentarán en la Corte Suprema de Justicia. Pero también esperan el fallo de los ministros jueces del TCA de Quito.
Si eso tampoco da resultado, señala la familia Akintihua, interpondrán otra demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en EE.UU.
La Segunda Sala de la Corte Distrital de la Policía Nacional (PN), en Guayaquil, sentenció a ocho años de reclusión mayor por homicidio simple a los seis policías, en septiembre del 2002.
Con ello se revocó la absolución de la instancia previa emitida por el Tribunal del Crimen de Oficiales superiores de la PN a favor del policía Segundo Guamán.
En abril del 2003 se ratificó el dictamen en segunda instancia. Los policías argumentaron que dispararon porque desde el interior del taxi, una vez que bajaron mujeres, niños y el chofer, hubo un disparo de cartuchera. El argumento no se aceptó. Desde un inicio, los Akintihua pidieron que una Corte civil tramite el juicio. Pero nunca se concretó.
[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=27191&seccion=4
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