Quito, 4 de enero de 2006
AP
El proceso de anulación del contrato en Ecuador de la petrolera estadounidense Occidental no es independiente y un fallo en contra de la empresa sería una traba "muy fuerte'' para que el congreso de Estados Unidos apruebe el tratado de libre comercio (TLC), advirtió un funcionario de la embajada de ese país.
El jefe de la sección económica de la embajada de Estados Unidos en Quito, Larry Memmott, afirmó que "no es un juicio independiente... es un proceso cuasi judicial, el juez de parte es el ministro (de energía) y la decisión se hace dentro del gobierno''.
Explicó que desde su punto de vista "revertir a Petroecuador 1.000 millones (de dólares) invertidos (por Occidental), se ve como expropiación'', señalando que Estados Unidos espera una decisión "justa''.
"Si va a expropiar al inversionista más grande del país sin justificación, debemos preguntarnos si (Ecuador) es un lugar serio que debemos avalar con el TLC'', dijo, en entrevista exclusiva con la revista semanal Vanguardia.
Memmot destacó que "hay que razonar políticamente si va a ser aprobado (el TLC)... y Oxy pudiera llegar a ser una traba política muy fuerte'' para la aprobación del tratado en el congreso de Estados Unidos.
En la publicación que empezó a circular ayer, aclaró que "el caso no complica la negociación del (TLC), pero sí las posibilidades de su tratamiento en el congreso''.
Si el fallo es contrario a Occidental (Oxy), "el daño para el prestigio de Ecuador sería incalculable y automático para los accionistas de la empresa'', manifestó.
Memmot expresó que "una falta de papeleo no puede ser razón para tal expropiación''.
"Oxy está acusada de no entregar unos papeles a tiempo. Eso tiene un castigo dentro del mismo contrato, en forma monetaria. Entonces tiene sentido llegar a un acuerdo para una resolución de tipo monetario'', agregó.
El procurador de Ecuador, José Borja, desde agosto del 2004 ha pedido al gobierno que declare la caducidad del contrato con Occidental aduciendo que esa empresa transfirió a la canadiense Encana el 40% del interés económico del bloque 15 de la amazonia, sin el consentimiento estatal e incumplió con otras obligaciones contractuales.
La decisión final está en manos del ministro de energía, Iván Rodríguez, quien es juez en este caso y cuenta con un informe de la petrolera estatal Petroecuador, recomendando la caducidad, lo que implica que los campos petroleros se revierten al estado.
Occidental tiene plazo hasta el 14 de enero para desvirtuar las acusaciones, pero previamente ha manifestado que está dispuesta a dialogar con el gobierno.
Occidental produce alrededor del 20% del crudo ecuatoriano (unos 100.000 barriles diarios) y ha invertido desde 1999 alrededor de 1.000 millones de dólares en el país. Sus intereses económicos representan entre 1.000 y 1.500 millones de dólares en este país.
[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=18981&seccion=6
:: http://www.llacta.org ::
