Quito, 8 de diciembre de 2005
Las Fuerzas Armadas en nuestro país han tenido una historia muy especial. Son de las pocas cuya injerencia en los asuntos políticos es muy alta, determinante. Hoy, por ejemplo, el Ministro de Defensa reporta directamente al Comando Conjunto, forma parte de ellos, sin embargo de ser, supuestamente, funcionario del Ejecutivo, miembro de su Gabinete en un régimen presidencialista. Cambiar a una cúpula cuesta muelas, desestabiliza a los gobiernos, cuando debería ser una cuestión casi rutinaria, de exclusiva competencia del Presidente, inapelable.
Realidades históricas cruentas, como las del Cono Sur, han debido aceptar que una sociedad no puede armar un verdadero entramado democrático si a los militares no se los subordina, de verdad, al poder civil, ciudadano.
Estamos lejos de transparentar lo que sucede en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Su actitud es cerrada, son como una isla, y no son tiempos para darnos esos lujos. Han sido árbitros de los conflictos políticos, y ese no es su verdadero papel. Podría decirse que ha sido así porque los civiles las hemos puesto en esas circunstancias. Respuesta fácil, que no permite analizar la profunda razón de su especial estatuto. Ellos, en realidad, han querido ser el fiel de la balanza.
La modernización no les llegó, no la trabajaron, no la trabajamos, no tuvimos tiempo para eso en nuestro país.
Una generación de oficiales brillantes, como la que preparó y asumió el conflicto de 1995 con el Perú, no ha sido suficiente para hablar de unas Fuerzas Armadas verdaderamente profesionales, sin apetencias políticas, sin ese afán de representarse a sí mismas. Blindadas, sin reportar en realidad a nadie fuera de sus cuarteles, las tenemos en pleno siglo XXI, siglo que aún no llega a nosotros, porque parecemos estacionados en los albores de la república, con instituciones frágiles, que no han podido ponerse al día, instituciones que no apuntalan la idea de democracia. En estos días, después del asunto del notario de Machala, cuando alrededor de 6 000 militares pusieron sus dineros a especular, ganando entre 7 y 10 por ciento mensual, haciendo un verdadero canto al 'chulco', la confianza en ellas ha caído en picada: según diario el Expreso de Guayaquil, apenas un 30 por ciento de ciudadanos cree en los militares. Pero no hemos construido las condiciones para auditarlas, los políticos enquistados en el Congreso, sumo de unas actuaciones vergonzosas, más bien resultan funcionales a estas Fuerzas Armadas ensimismadas, porque con esas viejas prácticas, las del amarre, hasta de insolencia e indolencia frente al pueblo, se les permite hablar mucho más allá de la garantía a la soberanía nacional.
Las Fuerzas Armadas de nuestro país dicen llevar el desarrollo a los rincones más apartados de nuestra geografía; controlan más de 100 empresas con intereses en distintos sectores.
Estas Fuerzas Armadas manejan una especie de tutelaje sobre la sociedad. Hemos vivido pasivamente, desde lo civil, esta relación que nos ha llevado a donde estamos: un desequilibrado trato que no permite poner límites a un comportamiento militar que ha llegado a moverse con sus propias reglas. Ahora, cuando las Fuerzas Armadas viven momentos oscuros, sin que podamos concertar acuerdos con ellas, la salida no va a ser tan fácil. Nadie cede, de la noche a la mañana, sin un proceso coherente, debidamente trabajado, esos exagerados espacios de poder. ¿Por qué nuestra política no asume tema tan importante?
[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=15038&seccion=1
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