Quito, 28 de noviembre de 2005
La precaria situación de las cárceles ecuatorianas ha causado preocupación por parte del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El presidente del Comité, Fernando Mariño Menéndez, presentó un informe apuntando a que en las cárceles se dan supuestos casos de tortura bajo periodos de incomunicación a los cuales sería sometido un elevado número de detenidos. Según la prensa ecuatoriana además el informe hace referencia a que algunos abogados han acusado a la Policía Judicial de impedirles entrevistarse con sus clientes, quienes también tienen problemas para recibir la visita de médicos particulares independientes.
El Comité - integrado por 10 expertos de distintos países del mundo - lamenta profundamente la situación en los centros de detención, en particular en los de rehabilitación social, donde las violaciones de derechos humanos de los prisioneros son una constante. La posibilidad que existe en Ecuador de prolongar el periodo de detención preventiva genera situaciones en las que el peligro de tortura está realmente presente. Además en el país el delito de tortura "no está plenamente adecuado" a lo que establece una Convención de la ONU.
Como aspectos positivos, el informe menciona, entre otros, la disminución de las denuncias ante las comisarías de la Mujer y la Familia, así como el hecho de que el gobierno haya extendido una invitación abierta a todos los mecanismos de la ONU que velan por el cumplimiento de los derechos humanos.
Menéndez pide al Estado ecuatoriano que adopte las medidas para que se apliquen penas apropiadas en cada caso, teniendo presente el carácter grave de dichos delitos. También afirmó que el flujo de desplazados colombianos que llegan regularmente a Ecuador constituye un problema adicional. Instó a las autoridades a no devolverlos si creen que su seguridad puede estar amenazada en Colombia y que, por el contrario, se les brinde suficiente protección.
Asimismo el organismo de la ONU hizo el llamado en base a las acusaciones de torturas a miembros de comunidades indígenas, minorías sexuales y mujeres (violencia doméstica) a pesar de que existe legislación interna que protege a dichos grupos. El Comité solicitó que se investiguen "minuciosamente" las denuncias y que adecue su legislación para sancionar eficazmente los actos considerados como tortura. Además, resalta la importancia de concertar indemnizaciones a favor de las víctimas de torturas.
[fuente]
http://www.adital.com.br/site/noticias/20106.asp?lang=ES&cod=20106
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