Quito, 19 de noviembre de 2005
Quito, AP
Las comunidades indígenas han impedido el trabajo de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) durante una década, por lo que esa empresa no ha podido cumplir con las tareas de exploración y explotación de crudo en la amazonia ecuatoriana, expresó el gerente general Diego Garzón.
"Nuestro contrato dice que el gobierno de Ecuador va a asegurar el ingreso a las áreas donde necesitamos trabajar y eso no se ha podido hacer en casi 10 años", dijo Garzón.
CGC ha invertido en Ecuador alrededor de 17 millones de dólares, agregó. Garzón es el gerente general de esa empresa, que tiene operaciones en Argentina, Venezuela y Ecuador.
"En realidad tengo firmado un contrato con el Estado, que me da derechos y obligaciones sobre un lugar de la República, pero allá no puedo acceder porque hay otra entidad (los indígenas) ... que dice que no tengo derechos", expresó Garzón. "No cabe ninguna duda que acá hay un problema de soberanía", señaló.
La AP intentó obtener un comentario del ministro de Energía, Iván Rodríguez, pero sus asistentes informaron que se encontraba fuera de la ciudad.
Garzón manifestó que las comunidades indígenas "tienen una posición radical, en la que dicen: "acá no entra nadie porque no queremos el desarrollo petrolero".
Anteriormente, la empresa señaló en un comunicado que tenía acuerdos con 26 de las 28 comunidades indígenas, pero que las dos restantes impiden el trabajo mediante el secuestro de técnicos y el robo de materiales, incluso explosivos.
Quienes se oponen son indígenas de la comunidad quichua de Sarayaku, y en un portal de Internet denunciaron que la CGC tiene una "codicia ilimitada".
La nueva presidenta del pueblo de Sarayaku, Hilda Santi, dispuso dar "continuidad y seguimiento a la lucha antipetróleo".
Ecuador adjudicó a la CGC en 1996 el bloque petrolero 23, de 200.000 hectáreas en la provincia de Pastaza, en la amazonia, unos 210 kilómetros al suroriente de esta capital.
Cuenta con un contrato de 20 años, de los cuales apenas han podido ejecutar labores durante algo más de 12 meses y el resto del tiempo la empresa ha pasado bajo la declaración de "fuerza mayor", que implica que solo cuenta el tiempo que la empresa puede laborar.
Garzón destacó que el gobierno de Ecuador y la empresa petrolera estatal Petroecuador "han reconocido que están en falta con este contrato ... eso me daría derecho a hacer una demanda y pedir muchas cosas".
"Lo hemos pensado, pero no hemos tomado acciones (judiciales) porque nuestro negocio es el petrolero y no el jurídico, ni los juicios", aseguró.
Destacó que "todavía nos queda un poco más de paciencia y en algún momento esto se va a recomponer ... la situación institucional de Ecuador nos obliga a nosotros a ser un poquito más pacientes".
El bloque 23 de CGC tiene una potencial producción estimada en 30 000 barriles diarios. El petróleo ecuatoriano se mueve alrededor de los 50 dólares por barril.
[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=12347&seccion=6
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