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Indígenas ecuatorianos calaron rápido a la petrolera CGC

Urgente24

18 de noviembre de 2005

Compañía General de Combustibles es una porción de Sociedad Comercial del Plata, la empresa de Santiago Soldati que escapó a los acreedores de la mano de Norberto Morita, un ex Quilmes (¿De quién es pariente político Soldati? ¿De André de Ganay o de Jacques Louis de Montalembert?). En Ecuador, donde CGC siempre hizo negocios, han percibido la historia detrás de la historia.

Comunidades indígenas impidieron el trabajo de la petrolera Compañía General de Combustibles (CGC) durante una década, por lo que esa empresa no pudo cumplir con las tareas de exploración y explotación de crudo en la Amazonia ecuatoriana, expresó el gerente general de CGC, Diego Garzón.

"Nuestro contrato dice que el gobierno de Ecuador asegurará el ingreso a las áreas donde necesitamos trabajar y eso no se ha podido hacer en casi 10 años", dijo Garzón.

Durante buena parte de esos 10 años, CGC fue formalmente de Santiago Soldati; aunque ahora todo se encuentra transferido a Norberto Morita, lo que ha provocado no poca desconfianza entre los acreedores de Sociedad Comercial del Plata que nunca pudieron cobrar lo que pretendían, especialmente cuando le habían prestado su dinero porque entre sus activos estaba CGC.

O sea que los indígenas ecuatorianos no se encuentran tan errados en su percepción, mal que le pese al tal Garzón.

CGC invirtió en Ecuador US$ 17 millones.

Garzón agregó: "En realidad tengo firmado un contrato con el Estado, que me da derechos y obligaciones sobre un lugar de la República, pero allá no puedo acceder porque hay otra entidad (los indígenas)... que dice que no tengo derechos. No cabe ninguna duda que acá hay un problema de soberanía", señaló.

Pobre Garzón, es candidato a un algún problema grande con varias ONGs internacionales que apañan a los indígenas, en un país que además tiene una población indígena con gravitancia política. Es más: para ganar los comicios que lo hicieron presidente, Lucio Gutiérrez tuvo que ganarse el apoyo indígena, y cuando lo perdió se derrumbó. Hoy Gutiérrez está en prisión. Debería tener en cuenta información tan elemental el tal Garzón.

Por su parte, el ministro de Energía ecuatoriano, Iván Rodríguez, no hizo declaraciones.

Garzón manifestó que las comunidades indígenas "tienen una posición radical, en la que dicen: 'acá no entra nadie porque no queremos el desarrollo petrolero"'.

CGC señaló en un comunicado que tenía acuerdos con 26 de las 28 comunidades indígenas, pero que las dos restantes impiden el trabajo mediante el secuestro de técnicos y el robo de materiales, incluso explosivos.

Quienes se oponen son indígenas de la comunidad quichua de Sarayaku, y en un portal de Internet denunciaron que la CGC tiene una "codicia ilimitada".

La nueva presidenta del pueblo de Sarayaku, Hilda Santi, dispuso dar "continuidad y seguimiento a la lucha antipetróleo".

Ecuador adjudicó a la CGC en 1996 el bloque petrolero 23, de 200.000 hectáreas en la provincia de Pastaza, en la Amazonia, unos 210 kilómetros al sudeste de Quito. La empresa cuenta con un contrato de 20 años, de los cuales apenas pudieron ejecutar labores durante algo más de 12 meses. El resto del tiempo la empresa pasó bajo la declaración de "fuerza mayor", que implica que solo cuenta el tiempo que la empresa puede operar.

Garzón destacó que el gobierno de Ecuador y la empresa petrolera estatal Petroecuador "han reconocido que están en falta con este contrato ... eso me daría derecho a hacer una demanda y pedir muchas cosas".

"Lo hemos pensado, pero no hemos tomado acciones (judiciales) porque nuestro negocio es el petrolero y no el jurídico, ni los juicios", aseguró.

El directivo destacó que "todavía nos queda un poco más de paciencia y en algún momento esto se va a recomponer ... la situación institucional de Ecuador nos obliga a nosotros a ser un poquito más pacientes".

El bloque 23 de CGC tiene una potencial producción estimada en 30.000 barriles diarios y el petróleo ecuatoriano se comercializa alrededor de los 50 dólares por barril.

La causa de Sarayacu ya logró apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

Hoy CGC es controlada por Southern Cross Group (SCG), Norberto Morita, quien era directivo de Sociedad Comercial del Plata, y en forma muy irregular, durante la convocatoria de acreedores le transfirió CGC a SCG.

¿De qué se queja, entonces, el tal Garzón?

Además, Morita dice que tiene una paciencia oriental. Que siga esperando...

Morita es un mago de los private equity latinoamericanos. Y el mercado cree en su magia: se estima que SCG ha movilizado unos US$ 500 millones desde su fundación en 1998 en distintos proyectos regionales y ya levantó un 2do. fondo de inversión -Southern Cross II- por US$ 217 millones para ir a la conquista de nuevas firmas en América Latina.

Morita fue director ejecutivo de Quilmes Industrial SA (Quinsa), cuando era controlada por el argentino Bemberg. Un familiar de Soldati era el presidente de Quinsa.

[fuente]
http://www.urgente24.com

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