Quito, 15 de noviembre de 2005
Dejar impune un abuso es permitir que se vuelva a repetir, eso en Ecuador funciona una y otra vez, en especial con la policía nacional, pese a que ahora estén en el poder quienes ayer gritaban contra los excesos policiales de abril de Gutiérrez y de los forajidos. No hay otra explicación que no sea la existencia de la cobardía oficial para una extraña complicidad que se sigue dando hasta estos momentos en el país, porque ningún represor ha sido sancionado, las conductas se repiten, y con ello nos vanagloriamos como país para exportar la experiencia a México, por ofrecimiento de la diplomacia ecuatoriana, mientras la ONU censura a una nación por torturar a sus ciudadanos. ¿Por qué callamos?
Las imágenes de los excesos y la brutalidad policial, que persiguió con saña a los quiteños, especialmente a los más jóvenes, como ocurrió en abril del 2005, se pueden retratar de mil formas, y de esas mil, todas son crudas y crueles.
Quizás el cuadro más grotesco sea el que muestra a una fuerza pública con miembros policiales que buscan saciar sus complejos homosexuales con los detenidos, como fue el que drama vivió Carlos N de 17 años, detenido en las manifestaciones de Quito, en abril de 2005: "Lo peor vino después: llegó un policía, alto, de raza negra y totalmente rapado. Nos miró fijamente, se bajó la bragueta y dijo: 'ahora si me la chupan'. Me enojé y puse mis manos al frente en señal de protección. Él se dio la vuelta y se fue sonriendo, recuerda con la voz entrecortada". (El Comercio 19-04-05, Pag 2A). Nadie ha sancionado a este policía, nadie ha señalado con frontalidad que hicieron con este abusivo, él sigue enfundado en su uniforme, y seguirá saliendo a las calles a sacarse de encima su represión sexual frente a los jóvenes que detenga.
¿Quién puede olvidar las noches del Quito "forajido", en las que la policía hacía gala de un comportamiento irracional, disparando bombas al cuerpo de los manifestantes, con golpes de tolete en sus cuerpos de los denominados "robocops", con un despliegue inusitado de fuerzas y recursos, con agresiones verbales y arremetidas contra todo lo que se moviera y que a su paso les apestaba a rivales? Así actuaron los policías ecuatorianos contra Quito. Nunca como en esa vez dolía ser ciudadano, haber pagado sus impuestos y ver que los mismos se destinaban para ser agredidos por bandadas de seres humanos bestializados, con sed de sangre de civiles, porque llevaban la fuerza de un uniforme que les garantizaba eso: impunidad de sus actos.
La siguiente escena se vivió en medio del caos, en la tarde del 20 de abril, cuando hábilmente en medio del tumulto de la rabia acumulada y las explosiones de ira popular los gendarmes cumplían órdenes extrañas entre salvar al mandatario, incumplir con las normas o subordinarse al General Cuvero y cuidar el pellejo de unos cuantos en Ciespal. La policía, se sabe, sacó en forma subrepticia bajo su uniforme al que iba a ser su jefe directo, al doctor Mauricio Gándara, y con ello se garantizó la complicidad oficial para que no sean sancionados sus cuadros más violentos que agredieron a Quito.
Las voces que se alzaron inmediatamente que cayó Lucio Gutiérrez clamaban por la sanción a la Policía Nacional de Ecuador, por sus excesos brutales; el nuevo gobierno del Presidente Palacio prometió dicha sanción, pero las palabras se quedaron en eso, en la frustración colectiva. El Ministro de Gobierno Gándara Gallegos nunca dio un solo paso para sancionar a los policías, de los que fue su titular. Más bien se hizo rendir honores de los mismos que censuraba a gritos en las emisoras quiteñas, cuando presumía de forajido, y jamás buscó a los culpables, pero al momento de reprimir no tuvo empacho en dar esas órdenes de combate contra los pobladores de las provincias orientales o de Manabí, que sintieron como la complicidad oficial volvía a garantizar la impunidad policial.
De todos los niveles se clamó por sanciones, pero en las clases dirigente comenzó el ruin esfuerzo para prodigar el olvido; solo el diputado indígena Ricardo Ulcuango de Pachacutik hizo el esfuerzo por buscar castigo, pero del Congreso nada, de la Presidencia nada, de los organismos sociales nada, de los voceros de los derechos humanos nada de nada. El pecado de omisión se pactó con el silencio.
Si bien es cierto que en la Policía impactó el sentimiento de reclamo ciudadano y las palabras de disculpa afloraron de labios de su propio comandante, general José Vinueza, es probable que aquello no haya significado nada en términos de valoración de lo ocurrido, porque lo que se queda sin sanción genera repetición, y con el paso de los días es corregido y aumentado.
Ha sido esa complicidad oficial temerosa la que ha provocado la peor de las impunidades en la historia de las agresiones policiales. Es más, desde la propia noción del poder se busca de alguna manera usar a la policía y manipular su imagen para evitar que sea confrontada a ese grave tema que mancha su relación con la sociedad nacional. Así, el embajador del Ecuador en México, Reinaldo Huerta Ortega, anuncia que aprovechando la "experiencia en represión" de la Policía de Ecuador, pronto enviará a México un grupo de policías ecuatorianos a asesorar a esa nación en represión de motines y manifestaciones.
Esa, que fue una grosería del diplomático con la memoria colectiva del país, ha contado con la desvergüenza oficial y la complicidad del Presidente Palacio, que sabe del exhabrupto, y calla y se silencia. Lo último que se enterará la nación es que para salvar la torpeza de su embajador enviará -en nombre del Gobierno Nacional- un grupo a asesorar efectivamente como reprimir a los mexicanos. Digo, esa es la complicidad oficial que tanto duele y lastima. Pero en honor a la verdad, y lo sé, la policía no sale de su asombro como se le usa por este remedo de diplomacia y se destruye más su imagen por el amiguismo del mandatario ecuatoriano.
Lo duro de asimilar para estos días es que la impunidad genere más violencia en una sociedad, y en Quito, este domingo 23 y lunes 24 de octubre pasados tuvimos que soportar como esa impunidad creció y se agigantó a un proceso peor: represión con racismo.
"Ve india metida, ¿que haces aquí?, anda cuidar a la llacta, en vez de que estés protestando". Lo que están leyendo no es otra cosa que parte de un diálogo ofensivo de un oficial de rango menor de la policía nacional contra una de las dirigentes indígenas que está al frente de una manifestación, el domingo 23 de octubre a las 10h48 en las calles Venezuela y Mejía, a pocas cuadras del Palacio Nacional de Gobierno, en Quito. El edificio y la Plaza Grande rodeados hasta el tope de policías, bardas, vallas, cascos y toletes son parte del "armamento" que se usa para reprimir "a los indios que han osado" a concurrir a protestar por la presencia no grata de Alvaro Uribe, presidente de Colombia en Quito.
Del tema, nadie protesta, pocos reseñan el hecho; Ecuadorinmediato.com lo hace como voz solitaria y recibe una inexplicable agresión, pero de los indios por ser indios nadie habla. Solo sus diputados, otra vez solo los indios de poncho y sombrero, los de Pachacutik reaccionan por la dura represión con racismo en el Congreso, pero ningún diputado mestizo habla, el presidente del parlamento calla, la policía también, el ministro Chiriboga al parecer ignora de este atropello a nuestros compatriotas y todo queda plasmado en el silencio oficial.
Para dar la impresión de querer reforzar la imagen de fuerza contra ciertas razas, a día seguido les toca a los negros. El 24 de octubre, la marcha de Esmeraldas es frenada con tolete y bomba, a golpe de "robocops", para enfrentarlos, aislarlos, ponerlos en las calles sin consideración. De esto tampoco nadie protesta, solo el diputado negro, Rafael Erazo, defiende a su raza, y es de nuevo voz aislada. El Congreso es indiferente y su gente maltratada por ser negra, por una policía que explota su racismo como modus operandi.
No es menos indignante que el Ecuador sea un país cuyos cuerpos de seguridad torturan. La acusación es latente, directa, humillante y proviene de la ONU.
El jueves 9 de Noviembre de 2005, desde Ginebra Suiza, se lanzó esta inculpación contra el País: "El Comité especial contra la Tortura de la ONU, estima que el Ecuador tipifica parcialmente la tortura en su legislación interna, restringiéndola a tormentos corporales ocurridos en lugares de detención, sin incluir los que pudieran ocurrir fuera de ellos ni los malos tratos mentales", y claro, se refiere a eso: a las agresiones sexuales, al racismo, a la ofensa, al insulto policial. Pobre Ecuador, en que manos está su seguridad personal e institucional.
Lo último de esta funesta imagen que se tiene evidencia el tumulto seudo justiciero de los pobladores de Machala, la tarde del viernes 10 de noviembre, cuando capturan a un policía que esta "forrado de billetes dólares". De su chaleco se desprenden 26.500 dólares, que han sido sacados de la notaria en litigio, golpes, insultos y negativas demuestran qué grave es acudir a pedir que la Policía Nacional de Ecuador intervenga en protección y se encuentre con uniformados robando y peor aún que el robo de dineros sea justificado en las esferas de sus mandos superiores, bajo el pretexto que de cada 10 policías cinco eran los perjudicados del acto ilegal de usura en el que se habían metido. De la sanción, nada de nada; total ¿Que autoridad tiene este momento la policía? si el Ministro Chiriboga tiene que hacerse de lado porque solo es "encargado" y el asalto o la impudicia policíaca quedan consagradas.
¿Por qué no se sanciona a la Policía Nacional?; ¿Será que el poder político tiene que seguir manipulando al ente uniformado, o es que acaso los mismos -que ayer conspiraron y hoy están en el poder gobernante- están embarrados en unos cuantos secretos de los que la clase policial utiliza para chantajearlos con vileza?
De todo esto que se ha contado, todo se ha logrado a pulso con la impunidad oficial, del gobierno del presidente Palacio, de sus ministros de gobierno, siendo Mauricio Gándara el primer inculpado, pasando por el ministro de la ID, Oswaldo Molestina y ahora amparados por la presencia encargada de Galo Chiriboga Zambrano, en quien quedan las esperanzas de que alguna acción adopte, porque todo está quedando en nada.
La impunidad oficial también esta patente en los organismos defensores de los derechos humanos, que en una muestra de audacia han callado ante la impunidad policial, porque están "luchando" por sus puestos en la asamblea constituyente. Y en verdad ofende el silencio e indiferencia de quienes frecuentemente han sido cuestionadores o víctimas de la tortura y el abuso policial, que están más interesados en la lucha del poder antes que en los verdaderos derechos humanos.
No se sabe porqué en las ilusiones forajidas, mezcladas entre la euforia y la estupidez, se creyó que la Policía Nacional del Ecuador iba a ser sancionada. No. No va a serlo, y no lo será porque ha contado con el silencio de esos grupos violentos, que en los días de Gutiérrez se las jugaron por su dignidad y hoy, se esconden en el ostracismo culpable. Mal momento para callar y no decir nada.
Por eso estas letras, porque no es justo callar ante el abuso. Guardar silencio sería convertirse en cómplice, y no hay ninguna justificación para que aquello ocurra.
En Ecuador la norma es que los crímenes queden impunes, los robos sin sanción, los daños sin castigo y las víctimas sean olvidadas.
Hay que enrostrarles: al Presidente Alfredo Palacio, a todo su Gabinete, al ex Ministro de Gobierno, "forajido número uno" Mauricio Gándara Gallegos, a toda la cúpula policial y a su cuerpo uniformado, a los dirigentes de los movimientos "forajidos", a todos los organismos de derechos humanos y a todos y cada uno de quienes sean culpables de este grave hecho, que ante la historia quedan consignados como turiferarios de la impunidad; cómplices de un delito que se comete a diario y que en el Ecuador no se castiga: la impunidad policial, garantizada por la cobardía oficial.
[fuente]
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