Quito, 27 de julio de 2005
El presidente Alfredo Palacio, quien por declaración propia es apenas "un doctorcito de consultorio y cátedra", más allá de algunos esfuerzos destacados de su gobierno en el campo económico y en el frente externo, parece perdido en los vericuetos de la política nacional.
La parodia de discusión política convocada por el doctorcito, encajonada en un sondeo de opinión a través del teléfono y el Internet, no culminó. A medio camino, el propio doctorcito, sorprendiendo a propios y extraños, no sólo al parlamento, propuso unas cuantas preguntas para incorporarlas en una consulta popular orientada a procesar una reforma sin reformas trascendentes... Incluyó algunos puntos de relativa importancia, mientras escamoteó los de fondo. Su lista incorpora los distritos electorales, la bicameralidad, la conformación del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, la revocatoria del mandato, así como algún ajuste en el Régimen de Autonomías. En el tintero presidencial se frustró la consulta al pueblo para que decida sobre la aprobación del TLC y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
El doctorcito asume aquella visión que cree que el derecho por si sólo puede cristalizar sus contenidos en la práctica. Y al negar la posibilidad de decidir democráticamente el TLC, acepta como que este asunto fuera exclusivamente técnico. En nombre de la reforma política, cierra la puerta a la política. Desconoce que el derecho está determinado por la política, tanto como el TLC por la geopolítica. La posición del doctorcito, en definitiva, sirve a los intereses de los grupos de poder político y económico que comienzan a rodearle, que le han distanciado de los reclamos "forajidos" y que incluso pueden hacer abortar sus esfuerzos de cambio económico y de búsqueda de una política internacional soberana.
La creencia ciega en el derecho es un instrumento que manipula la conciencia y la vocación democrática del pueblo. Es un instrumento retórico que oculta las estructuras de dominación y explotación, al tiempo que las sostiene y recrea. Como afirma el catedrático colombiano, Miguel Eduardo Cárdenas, en un reciente y brillante tratado sobre la relación entre el derecho y la economía, "la misma Constitución termina siendo más simbólica que real, es decir un instrumento de legitimación política de esas estructuras dominantes, más que un mecanismo de emancipación y de protección de las clases subalternas".
No se requiere sólo un reajuste jurídico. No siquiera basta una buena Constitución (¿Buena para qué y para quién?, cabría preguntarse). Para romper las limitaciones de una simple reforma constitucional hay que conformar un espacio de poder constituyente, como parte de un proceso de emancipación social. Elegir asambleístas para que redacten una nueva Constitución no es la tarea. Se precisa un apropiamiento social del proceso constituyente, de la Constitución y en particular de su aplicación. La Constitución, si queremos que ésta sea un proyecto democrático de vida en común, debe abrir la puerta para construir un nuevo modelo de sociedad y de Estado, a partir de una modalidad de acumulación diferente a la vigente. Reto que, a todas luces, no está dispuesto a asumir el doctorcito.
[fuente]
http://www.lainsignia.org/2005/julio/ibe_083.htm
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