Quito, 29 de junio de 2005
Una vez más se demuestra que esta pequeña república andina es el país de los absurdos. Uno de los ex-gobernantes prófugos de la justicia, el que más ha fugado al exterior para no enfrentar sus responsabilidades y el que debe tener decenas de juicios por calumniador e insultador, ha interpuesto un juicio por injurias en contra de uno de los escritores ecuatorianos más destacados: Francisco Febres Cordero, "el Pájaro", es enjuiciado por Abdalá Bucaram, refugiado de nuevo en Panamá, por comentar -haciendo gala de su conocido humor e ironía- un ridículo remitido del primogénito del prófugo, presentado como "un poema al honor, dignidad y sufrimiento de mi honrosa familia".
Este absurdo, entendible por el afán de figuración de Bucaram, así como por su deseo de atemorizar a sus críticos, supera lo anecdótico. Desnuda una realidad preocupante. No es un caso aislado. Así como "el Pájaro" es enjuiciado por cumplir con su vocación de periodista, Wilma Salgado, hasta hace poco gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, es perseguida por intentar recuperar algo del dinero que se llevaron los banqueros corruptos y algunos poderosos deudores de la banca intervenida por el Estado. Su "delito", tratar de cobrar a los dueños de la empresa Costatrading parte de los 56 millones de dólares adeudados. Esta empresa, hoy desaparecida, recibió créditos del Banco del Progreso, también desaparecido, sin entregar garantías reales. Esto dificulta el cobro de lo prestado, pero no oculta el hecho de que quienes fueron gerentes y accionistas de dicha empresa -entre otros, Juan José Pons Arízaga, ex-presidente del Congreso Nacional y ex-ministro de Estado- deben asumir su compromiso. Pero no. Como las cosas andan cada vez más patas arriba, un juez de lo penal del Guayas, atropellando procedimientos volvió a juzgar a la economista Salgado por la misma causa en la cual ya fue sobreseída, y ordenó su detención. Acción que también se inscribe en el intento por amedrentar a quienes osan luchar contra la corrupción.
En Absurdistán (como llamaba a Ecuador el arqueólogo guayaquileño Presley Norton) la razón está en franca retirada. El desmantelamiento de sus instituciones es sistemático. La ley no cuenta. La Constitución menos. La Corte Suprema de Justicia terminó por cerrarse, luego de que el coronel Lucio Gutiérrez la eliminó dos veces en menos de medio año. Tampoco funciona el Tribunal Constitucional, por obra del mismo coronel. Por falta de acuerdo en el Congreso Nacional, la Fiscalía actúa con un subrogante desde hace meses; por más de dos años se registra una situación similar en la Contraloría General del Estado; y, lo mismo acontece en la Defensoría del Pueblo desde hace seis años...
El saldo deprime. Pues, para colmo de la sinrazón, la institucionalidad y la seguridad jurídica no son asumidas como indispensables para consolidar la democracia. Y ésta, incluso, es motivo de burla por parte del nuevo presidente, quien pretende encorsetar la discusión de la reforma política en el frío espacio de los mensajes telefónicos y del Internet, olvidando que su acceso a la Presidencia fue producto de la movilización popular en calles y plazas en busca de una democracia en serio, única vía para impedir tantos atropellos.
[fuente]
http://lainsignia.org/2005/junio/ibe_113.htm
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