Guayaquil, 22 de junio de 2005
Cuando habla de los emigrantes, al país le sobran lágrimas, mientras los analistas repiten que las remesas que envían los ecuatorianos son las que sostienen este artificio llamado dolarización.
Pero para las autoridades estatales, cualquier ecuatoriano pobre que se desplaza por el país es un virtual emigrante, por tanto, un sospechoso de delito.
En las últimas semanas, decenas de ecuatorianos que viajaban, particularmente desde el Austro, han sido detenidos y apresados bajo la acusación de tener malas intenciones: buscaban viajar, emigrar.
Aquello resulta insólito. La policía responderá que lo hace para evitar que naufraguen en el engaño de los coyotes. Una respuesta que solo merece una mueca de escepticismo.
Así la policía ecuatoriana hace el trabajo sucio en nuestro propio territorio, a nombre, seguramente, de aquellos países del norte que han amurallado sus fronteras, cuando no han regado en sus lindes perros de caza, ciudadanos voluntarios para las tareas de cazar, a tiros, emigrantes.
La emigración ya no solo es un delito en los países del norte. Es un delito entre nosotros. El aspirante a emigrar es sospechoso. Arbitrariamente se lo detiene. Se lo fotografía y los medios de comunicación, tan confundidos como la propia policía, los presenta como "ilegales" sorprendidos con las manos en la masa.
La Policía se ha tragado el discurso de la "ilegalidad" de la emigración. ¿Ilegales en qué sentido? Los emigrantes pueden ser trabajadores sin papeles, y a partir de esa denominación, exigen una situación regular. No son ilegales. No cometen delito alguno. Peor aún si ni siquiera han sido descubiertos en una frontera extranjera. Peor aún si son tratados como ilegales desde que salen de sus casas.
Si así actúa la policía criolla, qué puede esperarse de la suerte de esos ecuatorianos fuera de las fronteras.
Si no, preguntémonos dónde están los consulados ecuatorianos protegiendo la suerte de los ciudadanos ecuatorianos. Dónde, una política de acompañamiento a los emigrantes que viven tan distintas suertes.
Ni siquiera la Cancillería ha intentado un diálogo con las decenas de organizaciones no gubernamentales o eclesiales que acompañan a los emigrantes, para articular un programa conjunto, para empujar una ley de emigración que languidece en un parlamento apestado de indiferencia. Nada.
Cuando ha actuado, lo ha hecho forzada por las circunstancias. Nada más. Lo estrictamente necesario para que el "problema" (porque para la Cancillería es un "problema") no le rebase.
Cuántas veces se ha hablado de estrategias especiales para atender la emigración. Por ejemplo, en algún momento se habló de consulados volantes para cubrir el escenario de una inmensa diáspora. Pero no. La Cancillería no pasa de lo estrictamente burocrático: crear oficinas que tramiten los procesos de regularización. Ni un paso más allá.
¿Tiene la Cancillería algún tipo de registro, por ejemplo, sobre la población ecuatoriana que puede estar en cárceles extranjeras? Y si lo tiene, ¿qué hace con el registro? ¿Lo archiva? ¿Entrega alguna asistencia a los ecuatorianos presos?
[fuente]
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