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Gutiérrez cayó, pero las demandas siguen

Adital

Quito, 7 de junio de 2005

Los movimientos sociales ecuatorianos recuerdan al gobierno de Alfredo Palacio, ex vicepresidente del mandatario derrocado el último mes de abril, Lucio Gutiérrez, que faltan cumplir las restantes demandas de la población. Ratificando el mandato de la llamada Rebelión de los Forajidos, principal responsable por la derrocada de Gutiérrez, los manifestantes exigen que se cumplan la renuncia, enjuiciamiento y sanción de todos los diputados, la fiscalización del gobierno de Gutiérrez en todas las áreas de su administración, el cambio del modelo económico, la eliminación de la presencia de los partidos políticos tradicionales de la oligarquía y "seudo populares" en el ejecutivo, las cortes, tribunales, Congreso Nacional y toda la institucionalidad del sistema "corrupto" vigente, entre otras demandas.

Representantes de las diferentes asambleas de Guayas, Galápagos, Loja, Chimborazo, Imbabura, Azuay, Tungurahua, Pichincha, Sucumbíos, El Oro, junto a representantes de organizaciones sociales, políticas, de trabajadores, de los pueblos y nacionalidades indígenas, transgéneros, feministas, ecologistas, derechos humanos, universitarias, colegios secundarios, jubilados, profesionales y juveniles, mujeres y ciudadanos en general, expresan su preocupación por la presencia "oligárquica" en el nuevo gabinete ministerial y la creciente ingerencia de la Embajada de Estados Unidos en los asuntos nacionales.

"Por lo cual exigimos la declaratoria de persona no grata a la Embajadora Norteamericana, denunciamos el peligro del retorno de los privatizadores y de los antiguos políticos", declaran.

Los manifestantes exigen la Convocatoria de la Asamblea Popular Constituyente, a partir de la actual Asamblea Soberana Popular, que ha sido legitimada por mandato del pueblo, encargada de la reestructuración jurídica y política del Estado. La Asamblea Soberana Popular deberá elaborar la normativa jurídica para la elección de los Asambleístas, en la que los movimientos y partidos políticos oligárquicos o seudo populares (PRE, PRIAN, ID, PSC, PK, PSE, MPD, DP, CFP, PSP y otros) solamente podrán designar candidatos en conjunto hasta un máximo de 15% del total del número de Asambleísta. También no podrán participar como candidatos a Asambleístas quienes hayan ejercido funciones de asambleístas, diputados y miembros de las directivas de los partidos políticos en los últimos 25 años.

Exigen la disolución del Congreso Nacional, toda vez que han perdido representatividad y legitimidad y porque en cada provincia se ha iniciado un proceso para el desconocimiento del mandato a los Diputados que han incumplido con sus promesas de campaña y desarrollan prácticas de corrupción en su labor en el Congreso. Piden aún suspendan inmediatamente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y el cese del equipo negociador. La renegociación de la deuda externa pública mediante el pago de hasta el 15% del presupuesto y declaración de la valoración de los papeles de esta deuda en un máximo del 25% de su valor nominal es otra demanda.

Se destacan otras demandas: destinar el Fondo de Estabilización Petrolera (FEIREP) en su totalidad al pago de la deuda social; exigir la no privatización de las áreas estratégicas de la economía nacional y del Estado, como: petróleo, recursos mineros, telecomunicaciones y energía eléctrica; revisar y anular los contratos y concesiones negociadas por los gobiernos a partir de 1982, que hayan violado la Constitución, la Ley de Hidrocarburos y demás Disposiciones legales; definir nuevos porcentajes para la distribución de las regalías petroleras, de suerte que el 80% quede en manos del país; y enjuiciar por traición a la Patria a los delegados ecuatorianos que actuaron en contra del Ecuador en el Tribunal Internacional de Londres y a favor de la compañía petrolera Occidental. Al todo son 23 reivindicaciones.

[fuente]
http://www.adital.com.br/site/noticias/17007.asp?lang=ES&cod=17007

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