Quito, 5 de junio de 2005
Diario El Hoy, edición digital
Desde 2001, tras dos años de la instalación del puesto de avanzada de los EEUU en la Base de Manta para operaciones contra el narcotráfico, en el país se registran 36 casos de barcos civiles ecuatorianos hundidos por fragatas estadounidenses, según datos de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) obtenidos en el Servicio de Guardacostas del páis del norte.
De estos, nueve han sido denunciados sin que hasta la fecha los EEUU respondan por las pérdidas económicas o la agresión física y psicológica que sus tripulantes dicen haber sufrido. El último caso ocurrió el 21 de mayo con el barco pesquero Ochossis, cuyas víctimas acudirán este martes a la Cancillería para exigir que se siga con el reclamo ante los EEUU por el pago de indemnizaciones.
Marty Steel, de la Embajada de los Estados Unidos, dijo que la próxima semana darán una respuesta al reclamo que hizo el canciller Antonio Parra Gil. E Insisitió en que están orgullosos de las tareas de lucha contra el narcotráfico que realizan en el país.
Según Juan de Dios Parra, secretario general de la Al- dhu: "La práctica de violación de la soberanía ecuatoriana", por parte de la Armada estadounidense, se agudizó tras la firma del convenio para el uso de la Base de Manta, que autoriza el servicio permanente de "fragatas de guerra que vigilan el mar ecuatoriano e interceptan los barcos pesqueros en busca de tráfico de emigrantes o de drogas", señaló.
Por transportar emigrantes fueron interceptados: Vania Mariely (enero 2004), Diego Armando (febrero 2004), Margyl Margarita (marzo 2004) y Don Ignacio (diciembre 2002). Por presunción de tráfico de drogas: Éxito (julio 2002), Challenger (febrero 2003) y Daiki Marú (julio 2001 y marzo 2002). Además, está el barco Santa María, que fue quemado (marzo 2004) por estar a la deriva, pese a que se explicó que estaba sin combustible, y el pesquero Jorge IV, desaparecido con 16 tripulantes, desde el 26 de junio de 2002.
Hay nueve causas penales abiertas en la Fiscalía. El caso del Daiki Marú está en la Corte Federal de los EEUU.
El Gobierno cambió la política bilateral con los EEUU al emitir un "reclamo formal" por el ataque que sufrió el barco pesquero Ochossis. En cambio, en el régimen de Gutiérrez, el ex canciller Patricio Zuquilanda justificó el ataque a la embarcación Santa María (marzo 2004) al señalar que ocurrió en el mar de Guatemala, pese a que los informes "decían que fue en aguas ecuatorianas", dice Gustavo Larrea de la Aldhu.
La legislación no permite la destrucción de naves. La violación de los Derechos Humanos es otra ilegalidad.
Más allá de que las detenciones de barcos ecuatorianos hayan sido en territorio nacional, la ilegalidad cometida por la Marina estadounidense es la destrucción y hundimiento de las naves y la violación de los derechos humanos de sus ocupantes, dice el director regional de la Aldhu, Gustavo Larrea. Además, sostiene que ni la Convención de los Derechos del Mar ni la Legislación Marítima internacional señalan que los barcos deban ser hundidos.
Según las normas de los Derechos de Mar, los barcos de bandera pueden ser abordados (con autorización del país al que pertenecen) cuando se sospecha la comisión de un delito. Luego, el barco debe ser transportado hasta el puerto de origen o entregado a la custodia de una embarcación de su país.
En los casos de trasportación de emigrantes, según Juan de Dios Parra, las fragatas actúan bajo un "protocolo de acciones" ilegal. Este consiste en detectar el barco, detenerlo, transbordar a los emigrantes, dejarlo a la deriva y hundirlo.
Christian Torres, Diario El Comercio, edición digital
Un joven mantense vigila al pesquero Ochossi. De figura delgada, ataviado con una chompa y calentador azul, asegura que él solo reemplaza al guardia contratado y que no sabe nada sobre el ataque en alta mar a la nave y a sus tripulantes, entre el 21 y 22 de mayo últimos.
Para llegar al Ochossi hay que tomar una panga y por 10 minutos hay que viajar a la rada de Manta. Allí está "fondeado" (asegurado) en medio de dos embarcaciones. Para abordar hay que pisar fuerte por la proa de las dos naves contiguas. En su interior, el Ochossi tiene marcadas las huellas de destrozos.
El joven vigilante, que prefiere guardar su nombre en reserva por temor a retaliaciones, improvisa como guía. Indica los daños que provocaron los militares estadounidenses en la parte baja del gastado pesquero. En el piso del refrigerador, donde los pescadores mantienen frescos los peces, hay 12 orificios de broca. También están destruidos los paneles del estrecho cuarto de máquinas y las planchas de madera de los corredores.
El dueño de la nave, Manuel Delgado, ya no quiere hablar del tema. En los muelles de Manta se rumoraba que había llegado a un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos para terminar con el escándalo de la acción de los militares extranjeros. Glenn Warren, vocero de la misión diplomática en Quito, negó la versión.
Sin embargo, las investigaciones para esclarecer las denuncias se encuentran abiertas. Una está en la Defensoría del Pueblo de Manta. El delegado de la institución, Raúl Rivas, sostiene que su labor será esclarecer las supuestas violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas los 10 tripulantes del Ochossi.
Los marineros del pesquero José Zambrano, Félix Ávila, Roberto Mora, Carlos Villavicencio, Segundo Quiñónez, Bonifacio Holguín, Johnny Delgado, Daniel Chalén, Segundo Franco y Aquiles Calderón coinciden en sus testimonios sobre la presunta agresión. El 22 de mayo, a las 11:30, fueron interceptados por los militares estadounidenses, quienes los retuvieron durante 12 horas.
"Nos trasladaron de la proa a la popa. Hacía demasiado sol, la popa estaba llena de agua, por las olas, nos pusieron de rodillas, con palabras groseras conocidas en nuestro idioma como insultos (mierda y basura). Nos tuvieron en esa posición hasta las 23:30 sin comer ni beber. Teníamos las piernas acalambradas", recordó el capitán de pesca de la nave, Segundo Quiñónez.
El barco fue interceptado cuando se encontraba a 230 millas náuticas al oeste de las costas de Tumaco, población de la frontera sur de Colombia. Para cumplir el operativo, presuntamente, los estadounidenses coordinaron sus acciones con la Capitanía del Puerto de Manta. El dueño del Ochossi, quien no iba en el navío, afirma que el 21 de mayo llegaron a su casa dos militares ecuatorianos de apellidos Tapia y Meléndez, el primero tenía el rango de teniente y el otro era un suboficial.
Los uniformados le pidieron que autorice por escrito la inspección. Delgado lo hizo, sin saber las consecuencias.
En la Capitanía del Puerto hay reserva por el caso Ochossi. El jefe encargado Jorge López solo señala que el pesquero contaba con todos los documentos para zarpar. Incluso, el dueño poseía un radiograma, el cual oficializa la salida y la ruta, y que le sirve como sustento para reclamar.
En torno a otros casos de hundimientos de barcos nacionales sostiene que se terminaron desde el año pasado, al mismo tiempo que se hicieron públicas esas acciones. El Comité de DD.HH. de Manabí señala que 24 barcos zozobraron desde el 2001 y que hay 30 pescadores detenidos por coyotaje. La justificación de las interdicciones es el control y el tráfico ilegal de emigrantes y el rescate de náufragos.
Pero este recio rastreo generó que otro fenómeno delictivo aumente: el narcotráfico.
En las calles del Puerto crece un murmullo. Llevar a migrantes ilegales ya no es un buen negocio. Ahora la novedad es transportar droga.
El arresto de los tripulantes del barco Simón Bolívar, el pasado 9 de mayo, reveló este fenómeno. En esa fecha, guardacostas estadounidenses detuvieron al barco, minutos después que los tripulantes hundieron la nave, pero la droga guardada en paquetes salió a flote. Jorge López, de la Capitanía del Puerto, dice que la nave partió para faenas de pesca, pero cuando fueron detenidos se dieron cuenta de que en el barco estaban dos colombianos, que no estaban registrados a su salida.
Los pescadores se niegan a hablar. Sin grabadora, se arriesgan a comentar que los barcos han cambiado de mano y que extranjeros son los nuevos propietarios. Este es el primer eslabón para la inmersión al narcotráfico. Ramón Moreira, de la Asociación de Armadores de Manta, no cree en esa hipótesis. "Por un error no se puede calificar que todo el sector esté inmerso en ese delito. Si el uno por ciento cometió ese error, no se puede hablar del 100 por ciento", dice.
Una fuente del sector de los pescadores confirmó que hay la sospecha de que detrás de las compras hechas por extranjeros se esconde el narcotráfico. Para auditar estos negocios, la Capitanía tomó medidas. Ahora, el propietario y el comprador de un barco tienen que ir personalmente a las oficinas de la Capitanía. El nuevo requisito se empezó a aplicar luego de que el capo del narcotráfico de Colombia, Wenceslao Caicedo, fue detenido en Manabí en marzo.
Caicedo, quien es conocido como "El hombre de la motosierra", por la forma de asesinar a sus enemigos, caminaba tranquilamente por las calles de Manta con familiares y ayudantes. Luego fue deportado a Colombia, pero versiones de prensa de ese país dicen que el capo compró barcos en Manabí para unirlos a su red.
López revisa los archivos, en su despacho. Sostiene que Caicedo no aparece como propietario, pero los temores de que hayan testaferros crecen.
Sin embargo, el narcotráfico es visto con otros ojos por la Asociación de Pescadores de Manta. Robert Espinares, presidente del gremio, dice que las malas políticas de capacitación y ayuda a los pescadores son una causa para el auge del delito. Para él, señalar que el sector pesquero de Manta sucumbió al narcotráfico es inconsistente. No quiere adelantar un criterio sobre la detención del Simón Bolívar y dice que se investiga. Para aquello, una comisión viajará a Guayaquil para conversar con los pescadores detenidos.
Espinares está convencido: la captura del Simón Bolívar, con droga, es tomada como un justificativo para las intervenciones ilegales de los marinos de Estados Unidos, como fue el caso de Ochossi que dejó sin fuentes de trabajo a más de 13 familias de pescadores.
Todos ellos vienen de una larga tradición pesquera. Aunque la mayoría eran solteros, el dinero que ganaban iba directamente a mantener sus hogares, que están en las zonas más pobres de Manta.
El resultado de esas acciones es un creciente sentimiento antiestadounidense en Manta. A los 30 detenidos se suman 19 desaparecidos en el pesquero Jorge IV.
En el barrio El Paraíso, cerca de Tarqui, están los deudos de los pescadores. Para ellos, lo ocurrido con el Ochossi es solo una historia repetida.
El convenio para que soldados de EE.UU. estén en la Base de Manta termina en el 2009, cuando se cumplen diez años de la firma.
La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos en un informe de 250 páginas relata el hundimiento de seis barcos y la destrucción de otros dos. Ellos son Santa María, Margyl Margarita, Vania Mariely, Don Ignacio, Diego Armando y Challenger. Mientras que las naves Éxito y el Daiki Maru fueron destruidas.
El año pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que las fragatas de la Armada de Estados Unidos rescataron, hasta agosto, a 1 200 emigrantes, quienes viajaban ilegalmente a Centroamérica.
El año pasado el subsecretario de Soberanía Nacional de Cancillería, Diego Stacey informó que Estados Unidos y Ecuador llegaron a un acuerdo para que se terminen las anomalías en los hundimientos de barcos. Este es que los embarcaciones solo serán hundidas luego de una verificación y de una autorización.
[fuente]
http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=206300
http://www.elcomercio.com.ec/noticias.asp?noid=130910
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