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Reclamos ante la llegada de las petroleras a las reservas ecológicas de la Amazonía

Diario El Universo, edición digital

Guayaquil, 30 de mayo de 2005

La denominada asamblea nacional del ambiente resolvió en Quito solicitar que se declare en emergencia al Parque Nacional Yasuní, reconocido por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera.

Esta decisión se dio en respuesta a pedidos de ambientalistas nacionales y extranjeros, así como dirigentes indígenas de Orellana que cuestionan la apertura de una vía de 54 kilómetros desde el río Napo hacia la reserva por parte de Petrobras, adjudicataria del bloque 31, que ocupa un 70% del parque Yasuní.

Los habitantes de la zona exigen plazas de trabajo a la empresa petrolera.

Las empresas petroleras estatal y privadas tienen una serie de cuestionamientos por parte de comunidades indígenas, colonos, ambientalistas y autoridades del Oriente. Grupos de ecologistas pidieron declarar en emergencia al Parque Nacional Yasuní para evitar que se amplíe la actividad petrolera en la reserva; los campesinos de Orellana y Sucumbíos solicitan obras y pavimentación de vías en las zonas petroleras. Hay decenas de demandas por contaminación. Mientras, en el Gobierno aún no se define una política sobre el tema.

Reclamos

Los reclamos de campesinos que residen en las zonas petroleras, además de compensación en obras básicas y mejoramiento de vías, es por los derrames que se dan por roturas de tuberías u otros percances. Estas son algunas de las denuncias presentadas en los juzgados o ante organismos de derechos humanos.

Angélica Delgado denuncia que la madrugada del 28 de marzo de este año se produjo un derrame en su finca de la parroquia Pimampiro, cantón Joya de los Sachas. Dice que Petroproducción, responsable del percance, no quiere pagar ni responsabilizarse. Pide una inspección.

El 22 de diciembre del 2002 se rompieron las tuberías de Petroproducción, lo que afectó al estero Tres de la parroquia Taracoa, denuncian Francisco Macías y Juan León Troya. Dicen que son trece afectados y el accidente se dio en el oleoducto secundario del campo Yuca. En el 2005 se iniciaron inspecciones. Se llegó a un acuerdo para el pago de indemnizaciones que solo beneficiaron a tres afectados. El resto sigue en espera.

Zoila Chalá, de la vía Coca-Auca, denunció que es afectada por la colocación de una línea de alta tensión. Trabajadores de Petroproducción destruyeron árboles y plantas para colocar los postes. "Me pidieron permiso para hacer accesos pero no para dañar todo. Ellos no quieren reconocer porque dicen que tienen derecho a trabajar 15 metros adentro de la carretera", señala la denuncia.

Habitantes de la comunidad 28 de diciembre, cantón Joya de los Sachas, se quejan porque la empresa Perenco dejó abandonado un pozo. Desconocidos cortaron las tuberías y provocaron un derrame que afectó los cultivos. Nadie se responsabiliza.

Quejas por supuestos incumplimientos de Petrobras

José Olmos, Redactor | Augusto Rivadeneira, Orellana

A las 11h00 del martes 17 de mayo, una veintena de colonos de Chiroisla, cabecera parroquial de Augusto Rivadeneira, cantón Aguarico, esperaba con desengaño la llegada de "los de Petrobras". Los directivos de esa empresa brasileña les habían ofrecido que desde la víspera darían trabajo a unos 30 comuneros, quienes se emplearían en la colocación de postes para la electrificación de la zona.

Chiroisla, poblado de unas 20 casas de madera, está a un kilómetro del muelle y campamento de Petrobras, instalado hace unos seis meses luego de desbrozar la tupida maleza y grandes árboles de la amazonia. Ahí, a cuatro horas en bote desde Coca, por el río Napo, el trajín es intenso. Dos grandes gabarras están ancladas mientras se desembarca maquinaria, camiones, tubos y otros materiales.

Guardias privados y militares con fusiles vigilan en diversos puntos. Es como si uno se acercara a la frontera de otro país.

Fidel Noa, vicepresidente de la junta parroquial de Augusto Rivadeneira, es uno de los que espera por trabajo. Él afirma: "Desde febrero nos tienen así, esperando. No se nos toma en cuenta para la mano de obra a pesar de haber firmado convenios. Estamos junto a sus instalaciones y no ocupan".

Aquella es solo una de las quejas de los colonos, de ambientalistas e incluso autoridades de Orellana, sobre Petrobras, empresa que logró la concesión para explotar petróleo en el Bloque 31, en el gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez.

Petrobras consiguió además permiso para talar árboles en esa zona prohibida y construir una carretera de 54 km hasta el corazón del Parque Nacional Yasuní, reconocido por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera.

La aprobación de la licencia ambiental, con fecha 19 de agosto del 2004, por parte del entonces ministro de Ambiente Fabián Valdivieso, es considerada por los ecologistas como irregular.

Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica, dice que en su afán de lograr el permiso, la petrolera dio becas a funcionarios del Ministerio de Ambiente, "lo cual está prohibido". Hugo Geampaoli, gerente de Petrobras Ecuador, reconoce que se entregaron dos becas para maestrías, "pero fue por solicitud oficial del Ministerio".

Geampaoli afirma que la licencia se consiguió con el visto bueno del Grupo Asesor Técnico (GAT) del Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, el 25 de noviembre del 2004, David Romo, miembro del GAT, y otros 56 investigadores nacionales y extranjeros presentaron un informe que cuestiona esa adjudicación y solicitaron un recurso de amparo contra esa licencia. El dictamen fue favorable a la empresa.

La presión siguió y en marzo pasado, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional (TC) solicitó a la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo (con despacho en Quito) que proceda a la revisión de ese fallo.

Petrobras firmó convenios con los comuneros para dotarles de trabajo, agua potable, energía eléctrica y proyectos productivos. Frente a las quejas por incumplimiento, el gerente de la petrolera explica que "todo está en marcha" y que los planes de electrificación esperan la aprobación del estudio de impacto ambiental.

Luego de la instalación del muelle y el campamento a orillas del Napo, Petrobras lleva construido un tramo de 10 km de la vía al Yasuní. Hace un mes, la empresa ingresó dos barcazas por el río Tiputini, con equipos para abrir otro frente de trabajo, pero el Ministerio de Ambiente lo prohibió.

"Hubo confusión. La maquinaria era para colocar un puente. Hemos acatado la disposición por ahora", afirma Hugo Geampaoli, quien defiende la labor de su empresa, "porque cumple con todas las normas técnicas".

Alexandra Almeida, coordinadora de área de petróleo de Acción Ecológica, señala que la oposición a que Petrobras opere en el Yasuní tiene respaldo mundial, porque el 70% del bloque está en la reserva. Además señala que es mucho el daño que se hace a la biodiversidad para extraer unos 30 mil barriles de petróleo al día. Geampaoli considera que es una producción suficiente para recuperar la inversión, estimada en 133 millones de dólares. Al momento se han perforado cuatro pozos.

Ahora, Geampaoli abre un nuevo frente de polémica. Anuncia que la empresa no entregará los 3,5 millones de dólares que se había comprometido a proporcionar para el cuidado del Parque Yasuní.

"No es un convenio. Se habló de esa posibilidad pero ahora nosotros invertiremos directamente en unas casetas de observación y un centro de interpretación", dice.

Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica, y Manolo Morales, director del Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y Medio Ambiente (Cedenma), afirman que es una burla más de la petrolera.

En el Bloque 31 viven indígenas huaorani. Por eso, Moy Enomenga, uno de sus líderes, pidió en Washington (EE.UU.), la semana pasada, la intervención de Carolyn Maloney y Jim Leach, miembros de la Cámara de Representantes, y Trevor Alleyne, de la oficina para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. El objetivo, que promuevan la suspensión de la carretera al Yasuní.

Mientras, en la selva, la maquinaria avanza incontenible

Campesinos piden remediación por derrames, obras para sus comunidades y reformas legales

Dayuma, Orellana

Los campesinos y dirigentes gremiales de sectores petroleros de Orellana y Sucumbíos afirman estar "decididos a luchar por sus derechos" y empiezan a presionar con tomas de pozos y cierres de vías (como sucedió hace una semana), entre otras medidas. Piden atención de las compañías estatal y privadas y hasta exigen reformas en decretos y leyes petroleras.

Seis parroquias de Orellana y otras tantas del sur de Sucumbíos protagonizaron un paro de seis días, hasta el pasado jueves, con la toma de nueve campos petroleros que abarcan 114 pozos. La empresa estatal Petroecuador sumó pérdidas de más de 2,4 millones de dólares, según sus directivos. En ambas provincias rige aún un decreto de emergencia para evitar hechos similares.

La protesta se dio en la zona rural, donde es evidente la pobreza de los comuneros, quienes lavan sus ropas y se bañan en ríos de aguas negras y residen en casas de tabla instaladas frente a las tuberías de petróleo. Eso sucede, por ejemplo, en la parroquia Dayuma, de Coca.

"Ahora queremos algo concreto", dice Joffre Alvarado, presidente del Comité de Derechos Humanos de Orellana y de la Oficina de derecho ambiental de esa provincia. Lo mismo dice Juan Macías, finquero de la vía Coca-Auca.

Asfaltado de vías, proyectos eléctricos y compensación por derrames son los principales pedidos. El compromiso estatal del pasado jueves, para que se levante el paro, es iniciar hoy el asfaltado de la vía Coca-Auca, de 115 km, de acceso a tres campos petroleros y unas 50 comunidades mestizas e indígenas.

Enrique Morales, presidente de la denominada Mesa de empleo y política petrolera de Orellana, refiere que en el último año se niegan compensaciones por los derrames provocados por la rotura de "la tubería obsoleta de Petroecuador" o por percances en los oleoductos de las empresas privadas.

"Ahora se culpa al mismo campesino por la contaminación de su finca por los derrames, porque dicen que son sabotajes con el fin de cobrar indemnizaciones. Lo cual no es así", explica un miembro de la Junta parroquial de Dayuma, que pide no citar su nombre.

Organizaciones campesinas, con el apoyo de ambientalistas, organizaron foros y asambleas y decidieron pedir la derogatoria de algunos decretos y leyes petroleras. Uno de estos es el decreto 616, de 1974, que establece derechos de servidumbre gratuita en un espacio de 15 metros a cada lado del oleoducto de Petroecuador. Por lo que pasa en ese espacio, el dueño de la propiedad no tiene derecho a ningún reclamo.

Cuestionan también el decreto 3-3401, que prácticamente obliga a los comuneros e indígenas a aceptar el ingreso de las empresas petroleras, a cambio de determinados convenios. "La comunidad debe decidir si acepta o no. Eso no sucede ahora, se impone y ya", dice Alvarado.

¿Por qué no reclamaron al anterior gobierno? El dirigente responde que el ex presidente Lucio Gutiérrez los tenía amenazados, "nos acusaba de subversivos por reclamar nuestros derechos".

Dos ministros aún no se pronuncian

Ninguna respuesta sobre la acción de las petroleras en el Parque Nacional Yasuní y los reclamos de afectados por esta actividad en otros sectores se consiguió en los ministerios de Energía y Ambiente.

El ministro de Energía y Minas, Fausto Cordovez, señaló la semana pasada que ordenó una auditoría para conocer la situación de Petroecuador, la empresa estatal, y la realidad de todo el sector hidrocarburífero. El funcionario se dedicó a resolver los cuestionamientos que se hicieron sobre su declaración de bienes.

La ministra de Ambiente, Ana Albán, no quiso pronunciarse sobre los pedidos de revisión de la licencia ambiental de Petrobras. La asesora de comunicación de esa cartera, Carmen Santillán, dijo que la ministra "prefiere no dar declaraciones a los medios, especialmente escritos, hasta no enterarse de lo que pasa".

Empresas dicen que necesitan seguridad

Existe malestar y preocupación en las empresas petroleras privadas por los reclamos y la tensión que se vive en las poblaciones orientales, según René Ortiz, representante de la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas.

"Las compañías operadoras, con contratos legalmente suscritos de conformidad con la Constitución, están preocupadas con los movimientos políticos que entorpecen la actividad diaria", señaló Ortiz, en entrevista telefónica, a propósito de la toma de pozos que la semana pasada se dio en Orellana.

Ortiz dijo que reclaman "de la manera más comedida una acción gubernamental firme para que no se entorpezcan las labores".

Destacó que las operadoras aportan importantes capitales en beneficio del Estado.

Ambientalistas piden que Gobierno declare emergencia en Parque Yasuní

Pañacocha, Orellana

El río Napo, que recorre más de 400 km desde las estribaciones de los Andes hasta la frontera con Perú, es en Ecuador la más grande vía fluvial, estratégica para las empresas petroleras que cada vez se internan más en el Parque Nacional Yasuní.

El mayor movimiento se registra entre Pompeya, donde está el puerto de la petrolera Repsol YPF, y Chiroisla, puerto de Petrobras. También circulan barcazas que avanzan hasta Nuevo Rocafuerte, en la frontera.

Por este río, que en algunos sectores tiene más de medio kilómetro de ancho, cruzan decenas de canoas y botes que cada uno transporta un promedio de 20 trabajadores petroleros, con cascos, botas y chalecos salvavidas fosforescentes.

Es importante el número de barcazas o gabarras, que lentamente navegan con una variada carga como tractores, camiones, tráilers, volquetas, tubería, tanques con combustibles y químicos, víveres. Algunas de estas barcazas provienen de Perú y Brasil y laboran en contrato con las empresas Repsol YPF, OXY, Conduto, Petrobras, entre otras.

Entre Pompeya y Chiroisla existen al menos seis grandes muelles, a ambos lados del río. Todos son de las empresas petroleras que operan en la margen derecha del afluente, en las inmediaciones y hasta en el interior del Parque Nacional Yasuní.

La carretera de acceso llega desde Shushufindi hasta Pompeya. Ahí, Repsol tiene su muelle desde donde se trasborda por río hasta el frente, para seguir selva adentro. Este atracadero también es utilizado por las otras compañías. En estos días, Conduto abre una nueva vía hacia Itaya, aguas abajo de Pompeya.

Dirigentes de comunidades de la zona como Pañacocha, Itaya, Edén, Pilche, Zamona y otras, explican que constantemente se producen accidentes con las grandes embarcaciones que se quedan atascadas y causan derrames de combustibles.

Es precisamente esa presión de las petroleras sobre el río Napo y el Parque Nacional Yasuní la que preocupa a los organismos ambientalistas y de derechos humanos.

Hace dos semanas se desarrolló en Quito la denominada asamblea nacional del ambiente, que resolvió pedir al Gobierno que se declare en emergencia al Parque Nacional Yasuní y una moratoria a la expansión petrolera en áreas protegidas.

La asamblea estuvo conformada por organizaciones comunitarias de las provincias orientales, gremios ecologistas, de derechos humanos y ONG. Lo resuelto es un mandato que haremos cumplir, señala Manolo Morales, director del Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y Medio Ambiente (Cedenma).

Explica que es necesario que el Ecuador homologue su legislación respecto de permitir que las petroleras operen en las áreas de reserva. Por ejemplo, en Brasil, Petrobras no puede ingresar a un parque protegido como lo hace en nuestro país.

Joffre Alvarado, coordinador de la Oficina de derecho ambiental de Orellana, explica que los dirigentes comunitarios han firmado denuncias y alertas para advertir el peligro en el que se halla el Parque Nacional Yasuní. "En Orellana estamos dispuestos a luchar de cualquier forma para detener la explotación petrolera en el Yasuní y para que no se amplíe la frontera petrolera", dice Alvarado.

El documento con este y otros pedidos será entregado en los próximos días al presidente de la república, Alfredo Palacio.

El Parque Nacional Yasuní, reconocido en 1989 por la Unesco como Reserva de la Biosfera, tiene 982.000 ha y sus ecosistemas están entre los más diversos del planeta.

Un ejemplo de esta alta diversidad es la fauna de anuros (ranas y sapos). En el Yasuní se han registrado 90 especies. Esta cifra es similar al total de especies presentes en Norteamérica y es el doble del número de aquellas que habitan en Europa.

El Parque comprende territorios de Pastaza, Napo y Orellana. En el área hay importantes cuencas de los ríos Napo, Yasuní, Tiputini, Nashiño, Cononaco y afluentes del Curaray.

[fuente]
http://www.eluniverso.com

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