Quito, 17 de mayo de 2005
Ecuador y sus conflictos pueden ser el punto de arranque de lo que puede ser una nueva forma de sujeción de nuestras democracias en América Latina. Sin desconocer que hay crisis, lo grave del hecho es que bajo una supuesta concepción de legalidad no se quiere aceptar que en nuestras naciones se está tratando de sofocar las reacciones populares con mecanismos de "control remoto político" para no repetir lo que el pueblo de Ecuador ha hecho: corregir los vicios de sus gobernantes, sin necesitar de la OEA, y por ello el siguiente paso se mide en una sutil forma de represión. ¿De alarmarse, verdad?
¿De donde sale tal conclusión? pues de leer documentos, como el "Primer Informe al Consejo Permanente sobre la Situación del Ecuador", presentado por Misión de la OEA a Ecuador tras su visita del 26 al 30 de abril de 2005, y que está siendo discutido por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Partamos advirtiendo que hacemos este análisis, porque el informe de la OEA no ha sido tratado, analizado, ni discutido por la clase dirigente ecuatoriana. Nuestra cancillería no ha hecho pública una posición manifiesta y bien será porque no la tiene, o no desea exponerla. Da la impresión de que no hay una lectura al mismo en los sectores de la revuelta política ecuatoriana, ni siquiera por un elemental sentido de responsabilidad, para de esa manera conducir a la nación a los correctivos adecuados, y reaccionar con la dignidad debida.
Este informe tampoco tuvo espacio para el análisis en los medios de comunicación ecuatorianos, donde no existe el análisis sobre los procesos internacionales, para el caso: solo ecuadorinmediato.com y a posteriori el Diario El Universo lo publicaron íntegramente. De los demás se pueden leer escuetas notas y reacciones que justifican el desconocimiento de que "la peor rebeldía es la que nace del no saber".
Para empezar el informe de los comisionados, presididos por el embajador peruano Alberto Borea, que en todo momento ha demostrado su animadversión y prejuicios contra el Ecuador, justifican su presencia amparados en una parte, de la "Carta Democrática Interamericana" que en su artículo 18 señala que: "cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación".
Es innegable que en Ecuador "algo irregular estaba pasando" y se pidió la autorización del Gobierno para entrar en la nación. Ese es el primer punto importante, si ellos no vinieron antes fue por una razón simple pero trascendente: Ni Lucio Gutiérrez y peor Zuquilanda y su entreguismo permitieron entrar en acción a la OEA, los dos bloquearon cualquier intento de aporte a solucionar la crisis, de manera que en algo se salvan de culpa los delegados. Se vuelve extraño que el coronel en Brasilia trate de reclamar de la OEA que le hagan caso, cuando pudo y tuvo como hacerlo no lo hizo y se escudó en la lesa explicación de su canciller que creyó que la presencia de la OEA agravaría las cosas.
Por la redacción del informe se cae en cuenta de que Borea y sus acompañantes vinieron con la severa intención de arrogarse funciones, al emitir un informe con 'recomendaciones', "conclusiones", "disposiciones" y hasta se llega al extremo de proposiciones para que se "tutele al Ecuador" en una especie de "sometimiento controlado" asumiendo actitudes ofensivas a la nación ecuatoriana.
¿Cuál fue el propósito?: Ellos dicen que fue para "Escuchar a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, de conocer el más amplio espectro de puntos de vista y su deseo de contribuir con la consolidación y el fortalecimiento de la democracia".
Mírese la lista de los que tuvieron la opción de reunirse -según el informe- con la misión de la OEA (textual):
[...] con el Presidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobierno, y otros altos funcionarios (no dice cuales); con el Arzobispo de Quito y otros miembros de la Conferencia Episcopal; con representantes de la Confraternidad Ecuménica; con el Alcalde de Quito, y el Prefecto de Pichincha; con líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y con representantes de distintas organizaciones de la Sociedad Civil (Participación Ciudadana, Ruptura 25, Transparencia Internacional y algunos independientes). Posteriormente, la Misión se trasladó al Congreso Nacional donde mantuvo reuniones con diputados del Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática, de la Democracia Popular y del partido Pachacutik. La Misión recibió sucesivamente, al asesor jurídico del Presidente; a un grupo de juristas; a ex - magistrados de la Corte Suprema, y del Tribunal Constitucional (cesados a principios de diciembre de 2004); a representantes del Partido Sociedad Patriótica; a representantes del Partido Roldosista Ecuatoriano; a organizaciones defensoras de los derechos humanos; a la Asociación de Afro-ecuatorianos; a varios ex - Presidentes y ex - Vicepresidentes de la República.
Tuvo un desayuno de trabajo con representantes de los principales medios de comunicación (prensa escrita, televisión y radio), seguido de reuniones sucesivas con los representantes de los distintos sectores empresariales; con la Ministra Fiscal General del Estado, y el Procurador General del Estado; con miembros de la Federación de Indígenas Evangélicos; con ex - magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que fueran cesados en abril de 2005; con representantes del Grupo "Poncho Rojo" (¡nadie conoce el origen ni la existencia de este grupo!); con el representante del Partido Socialista, y con el Presidente del Congreso Nacional.
Como se puede notar, son demasiadas versiones y demasiadas palabras para que se hagan una imagen adecuada, por eso preocupa el "horror de forma" que en la parte inicial del texto trata de justificar lo inaudito: "Este informe no tiene por finalidad ser un acta de estos encuentros, ni transcribir las opiniones y comentarios de quienes en ellos participaron, señalando la autoría de los mismos. Las reuniones fueron realizadas sin registro de las mismas para garantizar la mayor confianza, libertad y franqueza". O sea que nada de lo hablado quedó fijado para nadie, por ende nadie sabe lo que dijo, ni asumirá responsabilidad de lo se haya expresado. Vaya manera absurda para presentar las cosas, será por eso que la "diplomacia del silencio" es la que más se aplica en la relación entre la OEA y Ecuador. Las preguntas lógica son: ¿En que sustentaron el informe si nada quedó grabado?, ¿Será que tenemos que confiar en la memoria de Borea y Enauddi?, pues he ahí la pobreza del documento.
La misión dice que, "ahora sí tuvo en cuenta" los informes y actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador y las medidas cautelares adoptadas en casos individuales, así como el informe sobre la independencia del Poder Judicial en el Ecuador del relator del tema, Dr. Leandro Despouy, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bien por ello, pero como que es un -tanto bastante tarde- que lean esos informes, porque esta situación fue alertada en los papeles pero jamás discutido en los salones de la OEA.
Hasta aquí las formas. Lo de fondo es mucho peor.
La OEA lanza el primer "descubrimiento" señalando que para ellos: "Es preciso remontar las causas de las dificultades institucionales del país a, por lo menos, el año 1997". Es decir, el altísimo organismo rector de la democracia americana, recién hace conciencia con esta frase de que en el Ecuador tenemos conflictos institucionales desde la salida del señor Bucaram, y viene entonces la gran inquietud ¿Por qué no hicieron algo al respecto? ¿Será acaso que en la OEA no son capaces de un análisis, o no ven ni siquiera CNN? ¿De que discuten entonces en sus foros de la democracia?
Luego pasan a admitir dos detalles severos: el primero: que este conflicto se hizo evidente el 8 de diciembre de 2004 como uno de los puntos relevantes de la crisis que desembocara en los hechos del 20 de abril de 2005; y el segundo: que ahora saben que las difíciles relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se desarrollaron desde el año 2003. Estos dos puntos no hacen otra cosa que admitir que en la OEA Ecuador no tiene ninguna importancia, y que por ello, vieron una crisis que se remonta dos años antes, y no consta en ninguno de sus debates, ni tampoco en el proceso de reflexión de la democracia. Si no es certera esta afirmación, es incomprensible entonces que se sepa de un problema en uno de los estados miembros, y se calle, se guarde silencio o se muestre indiferencia. ¿Será acaso que Marcelo Hervas, nuestro embajador en la OEA en el período anterior no hizo una sola proposición de lo crítico de nuestro estado de cosas?
Remarcando que a partir de 1997, los tres presidentes electos no lograron concluir su mandato, porque todos ellos fueron destituidos; la OEA lanza a pretexto de análisis una especie de "reparto" de culpas, aduciendo como motivos los siguientes: "En este período, las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo han sido difíciles. Las mayorías parlamentarias circunstanciales, las alianzas políticas endebles, la multiplicidad de partidos y bloques con poca fidelidad partidaria, las continuas amenazas de destitución o de juicio político al Presidente, son algunas de las realidades de la política ecuatoriana conocidas y reconocidas por todos los actores de la vida política y que dificultaron la estabilidad del sistema político. A ello se sumaron objeciones a la forma en que ha funcionado el Congreso Nacional y en particular a la legalidad con que en algunos casos se procedió a la designación de sus autoridades y al normal desarrollo de sus sesiones".
Es mas, añade el informe: "El Poder Judicial, su composición, su desempeño y su autonomía fueron afectados por la pugna continua de estos dos poderes y de los distintos actores políticos. A su cargo han estado, y están, importantes decisiones que afectan la vida política y económica del país. El control de este poder del Estado y el aseguramiento de la influencia sobre magistrados que lo componen, llevaron a la politización de las decisiones que a su vez han sido detonantes de diversas crisis políticas".
Duele leer lo anterior, porque suena a una triste radiografía de la torpe realidad política ecuatoriana. Como se podrá notar entonces, la "revuelta forajida" de estos días, tiene su mejor descripción en estos dos párrafos del informe, y todo esto causado por la infame y corrupta clase política ecuatoriana, que ha actuado así desde la fecha fijada para hacernos pasar por tres crisis, y que supuestamente "no tienen explicación". Claro que la tiene. Ahí,justito ah, en esas frases están los motivos.
Pero les añade algo más el "informe Borea": el que nuestros representantes reflejaron la otra actitud perniciosa de nuestra triste relación política: "echarse las culpas y no asumir responsabilidades". Lean esto: "Si en estos puntos (los del párrafo de descripción de la crisis), hay una amplia coincidencia, no la hay, en cambio, en su interpretación, valoración, atribución de responsabilidades y fundamentación de las causas en las cuales cada uno se sostiene su propia interpretación política. Las razones jurídicas, económicas y sociales, que llevaron a estas circunstancias varían según los interlocutores; el peso determinante de un factor o de otro, las causas que las explican tiene distintas interpretaciones en unos y otros entrevistados". Que pobre espectáculo dieron acusándose entre los "afortunadísimos" que tuvieron chance de reunirse con la misión.
Y el mencionado dossier de culpas añade algo, que demuestra la miopía de quienes han dirigido y provocado la crisis nacional: "Las circunstancias que motivaron la movilización ciudadana que se viviera en Quito y en menor medida en otras ciudades, también es vista por unos y otros de distinto modo. Para algunos, son la consecuencia de promesas incumplidas por parte de la clase política, para otros, se trata de demandas económicas insatisfechas, para algunos, la necesidad de poner fin a la violación de ciertos derechos humanos, para otros la inseguridad e indefensión jurídica. Diversos interlocutores han denunciado la "abusiva actuación" de los partidos políticos y de sus líderes en todos los poderes e instituciones del Estado. Desde mediados de abril, los manifestantes salieron a las calles al grito de "Fuera todos", cuestionando la conducción de la cosa publica por parte de todos los poderes del Estado"; como se nota que es necesario que desde fuera se vean las cosas, para que de alguna manera se llame la atención de quienes ostentan el poder en Ecuador.
El listado de irregularidades en la actuación política nacional, incluye a todos, y sino vean el detalle de lo que señala la misión: "En cuanto a la constitucionalidad de los hechos producidos una amplia mayoría de opiniones que reconocen la irregularidad de las decisiones adoptadas por el Congreso y el Poder Ejecutivo al destituir a los integrantes de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral, y al designar a sus nuevos integrantes. El decreto del estado de emergencia en la región de Quito y destitución de los miembros de la "Corte Suprema" fue considerada irregular por la casi la totalidad de los entrevistados".
Como si no fuera suficiente entran en juego los militares - que no fueron consultados en ningún momento por la "misión Borea", como consta en el mismo informe, y tampoco hay registros de eso - y se les encara su actuación, junto a una mayoría del Parlamento, que actúa de forma inusual: "El 20 de abril de 2005, el Ejército retiró su apoyo al Presidente de la República y el Congreso Nacional, basado en el artículo 167 numeral 6 de la Constitución; declaró que el Presidente de la República había abandonado el cargo, lo destituyó, y procedió a tomar juramento al Vicepresidente, Dr. Alfredo Palacio. Sobre la constitucionalidad de esta decisión, la Misión ha conocido interpretaciones divergentes." Salta de inmediato la pregunta: ¿Tienen algo que decir los militares ecuatorianos a la OEA sobre su comportamiento?; porque sinceramente sería muy interesante escuchar que dicen los uniformados sobre estos hechos.
Por supuesto que no se desaprovecha la ocasión para dejar resaltando los cuestionantes a la legalidad de las formas de cómo actuó la clase política ecuatoriana, al decir: "Si bien una amplia mayoría de los juristas, constitucionalistas ecuatorianos consultados, así como el Procurador General del Estado, consideran que dicha decisión se ajusta a las disposiciones constitucionales vigentes; existen también cuestionamientos por parte de otros sectores sobre la legitimidad de la convocatoria hecha al Congreso para adoptar esa decisión, sobre las mayorías requeridas para proceder a la interpretación de la constitución así como sobre la interpretación misma dada al término "abandono del cargo". Anotemos que si vamos a pelear derechos pues que sean justamente reconocidos, y aquí la misión parece no entender nunca que las consecuencias de una actitud desaprensiva en la política, rompiendo la legalidad y el derecho, no pueden tener una explicación legal, todo lo contrario.
Duele a la memoria que la OEA sí sabía lo que estaba pasando en el Ecuador, y lo admite en el documento que hoy conoce el Consejo permanente: "En lo que respecta a la situación de los derechos humanos en el período mencionado (diciembre 2004 - abril 2005), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló, previamente a los eventos del 20 de abril, que "se han producido una serie de actos de violencia, hostigamiento y amenazas contra líderes sindicales, sociales, indígenas, políticos, estudiantiles que han expresado su oposición pública a las decisiones anteriormente mencionadas" (CIDH, Comunicado de prensa 8/05 de 11 de marzo de 2005). La misma Comisión también adoptó en este mismo período medidas cautelares en algunos casos individuales de amenazas a periodistas y líderes de organizaciones de la sociedad civil. Ni más faltaba, ellos conocían con exactitud lo ocurrido, porque sus órganos lo describieron, por lo cual ese del "no saber que está pasando en Ecuador", que se arguye en el debate de los comisionados de la OEA no puede ser más ofensivo.
Descrito el panorama desastroso -que la OEA no quiso o no pudo ver antes- entonces ahora se dicen entre ellos, en el Consejo Permanente, que sus preocupaciones futuras más inmediatas se han centrado en: "Un Poder Judicial, a que éste sea un verdadero garante de seguridad jurídica, de imparcialidad y de independencia con relación a los liderazgos políticos que controlan el sistema partidario ecuatoriano. La revisión y reglamentación de algunas disposiciones constitucionales, en particular aquellas que refieren a las causales de destitución del Presidente de la Republica, la elaboración de normas electorales y de leyes sobre partidos políticos que garanticen la gobernabilidad y la estabilidad del sistema. Y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la anticipación de elecciones, el establecimiento de mesas de diálogo nacional y la consiguiente convocatoria a una consulta popular".
Suena razonable ¿verdad?; pues he ahí que todo eso no se quiso y tampoco se quiere escuchar desde adentro, como desde afuera. Aspirar a una sociedad razonables, con esas características, al parecer no es un motivo suficiente de rebelión para la "misión Borea", y por lo que estamos pasando en Ecuador, hay la sensación de que acá adentro tampoco.
La "misión Borea" tras este sesudo análisis arriba una solución que ofende por su simpleza: " Que se exhorte a las autoridades y a todos los sectores de la sociedad en el Ecuador, a impulsar un amplio y urgente proceso de diálogo en el que participen los distintos sectores de la vida política y social" es decir: "el diálogo", dialoguen para "arreglar" lo que se ha dañado. Con eso solucionan todo: que dialoguemos, para una nueva corte, para una nueva organización política, para enfrentar los intereses económicos en pugna; para promover una organización de la vida política que respete el pluralismo y la tolerancia mutua; diálogo para que permita la estabilidad de sus regímenes políticos y la canalización de las discrepancias por la vía jurídico-institucional.
La simple consulta a esta propuesta de "diálogo" es ¿Diálogo entre quienes? Y eso no lo dicen el peruano Borea, el norteamericano Enauddi o el chileno Tomic. No, no lo pone la misión, se limita a la sútil posición acomodada de hallar en el "diálogo" la mejor de las salidas, cuando ese ha sido el pretexto con el que se viene jugando con la sociedad ecuatoriana desde hace rato, y por eso ha hecho crisis: porque cuando se tumba a los corruptos, se quiebra el sistema y se pide la cárcel de los infames, dan la misma respuesta: "dialoguemos". Pobre conclusión de una más pobre visita apresurada a justificar ineptitudes como las de la OEA.
El informe entre líneas lanza también admonitorias que no pueden ser evitadas pues, así dice "Que todas las instituciones del Estado, incluidas las fuerzas armadas, cumplan cabalmente con las funciones que la Constitución les asigne; que se recuerde a las Autoridades del Ecuador y a la sociedad ecuatoriana de las posibilidades preventivas de la Carta Democrática Interamericana para evitar el deterioro del sistema político."
La última parte del primer informe de la "misión Borea" es altamente peligrosa y ofensiva para Ecuador, porque dice: "Tomando en consideración la experiencia recogida en el Ecuador, urja a las órganos competentes de la OEA para que, en adelante y de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, realicen oportunamente los esfuerzos necesarios para concertar con el gobierno respectivo las acciones requeridas para superar los eventuales problemas que afecten gravemente el proceso político institucional democrático o amenacen el legítimo ejercicio del poder".
Mario Alemán, el nuevo representante del Ecuador ante la OEA, el pasado 11 de mayo, en la reunión del Consejo Permanente les dijo clarito: 'Por supuesto que la recomendación referente a que al Ecuador de que se le podría aplicar una especie de 'tutoría democrática', es rechaza por el país, por la pretensión de la Comisión para que el Ecuador sea tomado como una especie de 'conejillo de indias' para que a la democracia ecuatoriana le ponga una especie de 'artefacto electrónico' para que sea controlada desde lejos. Ecuador no es un país minusválido, no es un país cuya soberanía está sometida a ningún grupo o persona, y que la nación la sabrá defender a toda costa', más claro no se puede ser, y más digno tampoco.
Por demás esta decir que en este caso no se han respetado las formas del comportamiento diplomático de quienes hicieron el informe, dando a entender que su interés es someter al Ecuador, como someter a otras naciones a una "vigilancia" de la OEA, por si se les ocurre imitar a los ecuatorianos a que reaccionen con ciudadanía, pidiendo respeto a sus instituciones. Por eso el pánico reflejado en los embajadores peruano y nicaragüense, como curando en salud a Toledo o a Bolaños, que andan en las mismísimas que el coronel en ciernes.
Ha de compartirse la actitud de Mario Alemán, que les dijo muy dignamente a los caballeros de la OEA que este informe es rechazado por Ecuador, empezando por el título que señala expresamente como un "primer informe". ¿Eso significa que el Ecuador va a estar rehén? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cual es el delito que ha cometido?
Y es que de lo que se conoce del trámite en la OEA, dentro de la diplomacia formal, hay que cuestionar que esta "misión Borea" no se ajuste a la resolución 880 que impera en esta organización, y que habla que la OEA presentará un informe sobre el estado de situación de una nación, por lo que las recomendaciones que están contempladas en la parte cuarta del informe, exceden el mandato de dicha resolución, que no faculta a la ninguna comisión a hacer recomendaciones, ya que esta es una facultad del Consejo Permanente", hecho que nos le gustó para nada al peruano, y menos al embajador de Panamá, el ex presidente Arístides Royo, que saltaron indignados en la sala por este reclamo lógico y frontal del ecuatoriano.
Leer entre líneas este documento es -hilando fino- una antesala de las acciones que el "Departamento de Colonias de los Estados Unidos" como les llamó el canciller cubano Ernesto "Che" Guevara, allá en los 60´s después de su intervención en Punta del Este, Uruguay; va a promover a futuro. Sin duda que es un mal precedente y deja prever que el Ecuador sería el primer sometido al viraje de posición que adoptará el organismo, ante el nuevo gobierno ecuatoriano. Por eso este análisis, y que conste que quedan advertidos.
[fuente]
http://www.ecuadorinmediato.com/espanol/mostrarnoticia.php?id=30¬iciaid=14112
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