Quito, 15 de mayo de 2005
Los indocumentados son invitados a trabajar duro, pagar impuestos y después: ¡piérdanse!", aseguraba Margie McHugh, directora de la Coalición de Inmigración de Nueva York, en enero del año pasado, luego de conocer la propuesta del presidente estadounidense George W. Bush de iniciar un nuevo programa de trabajadores temporales, calificado por la Casa Blanca como una reforma de inmigración equitativa y segura, en medio de un ambiente preelectoral que, finalmente, concluyó con la reelección presidencial.
Pero lo que la administración Bush no quiso admitir es que este programa migratorio tenía doble filo, porque se pretendía conceder una legalidad temporal y, a la vez, se advertía que bajo ninguna circunstancia se otorgaría una amnistía general para los "ilegales". Doble rasero porque establecía varias categorías de personas: los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes, los "residentes temporales" y los indocumentados, sin solucionar los problemas de fondo. Y sin duda uno de ellos es la irregularidad migratoria de aproximadamente once millones de personas.
Pero este problema no es el único, así como tampoco ha sido la única respuesta gubernamental. Desde hace una década las diferentes administraciones estadounidenses han implementado operativos fronterizos disuasivos y abiertamente coercitivos como el Operativo Guardián cuyo único logro ha sido mover el tráfico migrante fuera de las zonas urbanas y aparentar una frontera bajo control, a un enorme costo de vidas.
Tan sólo entre 1994 y 2001, el gobierno estadounidense invirtió diez mil millones de dólares en sus programas de control fronterizo y, a pesar de ello, la marejada humana de "ilegales" no se ha detenido. Tal parecería que las autoridades estadounidenses responsables de la política migratoria no quieren entender un axioma sencillo: los flujos migratorios se generan como consecuencia de las desigualdades socioeconómicas y la violación de los derechos humanos.
Hace pocas semanas, retornó la arremetida mediante el Proyecto Minuteman, una iniciativa privada en el Estado de Arizona, liderada por Jim Gilchrist, ex veterano de Vietnam, para "protestar por la negativa del Congreso y del Presidente a proteger nuestras fronteras de inmigrantes ilegales".
No obstante, las evidentes violaciones al "imperio de la ley" cometidas por este grupo paramilitar, la embajada estadounidense en México declaraba que "los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho constitucional de reunirse pacíficamente y que apreciaba los esfuerzos de los residentes locales de reportar actividades sospechosas".
¿Y el incremento en un 500 % de muertes de los empobrecidos migrantes irregulares en los desiertos fronterizos o los cientos de ahogados en las corrientes rápidas de los hondos canales de riego? ¿Cuántos mexicanos, centroamericanos o ecuatorianos han muerto en estas fatídicas travesías? ¡Menudo desafío para nuestras oficinas consulares y, en particular, para los nuevos huéspedes en la cancillería ecuatoriana!
[fuente]
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