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Gutiérrez desvió fondos a la Policía destinados para reparar el impacto ambiental

Blanco y Negro, nº 344. Suplemento semanal del diario El Hoy

Quito, 7 de mayo de 2005

El nuevo mando policial tiene una agenda pendiente: quedan por aclarar de dónde salieron todos los recursos para la construcción de cuarteles y viviendas y el equipamiento de grupos especiales; si existió una red de espionaje y hostigamiento dirigida por el coronel Gerardo Zapata; y si hubo una disposición para dejar sin resguardo al presidente Alfredo Palacio tras ser posesionado en el cargo por el Congreso Nacional.

Las 'petro' miman a Policía

Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, los uniformados recibieron varios millones de dólares de los fondos para el impacto ambiental de Petroecuador, para obras y proyectos que no estaban calificados como prioritarios ni técnicos.

Desde el año 2001, la Policía Nacional fue una de las entidades 'mimadas' de Petroecuador, pero en el régimen de Lucio Gutiérrez, 'se le fue la mano'. Solo el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se benefició de las arcas de la estatal petrolera, en particular de los fondos de la Gerencia de Protección Ambiental, con $2.891.121,15, en 2004.

De acuerdo con los planes y reglamentos de esa Gerencia, los recursos para obras son únicamente para las zonas, entidades y personas afectadas o que podrían serlo por la industria petrolera estatal. Según el informe consolidado de esa Gerencia petrolera para los años 2003 y 2004, al GIR se le entregó esa suma, bajo el convenio firmado con la Policía, para "construcciones, adecuaciones y equipamiento para varios repartos policiales del GIR". No se especifica en el informe, al que tuvo acceso este Diario, el detalle del gasto.

La queja de los altos mandos de la Policía es que no existe el presupuesto suficiente para resolver las necesidades de infraestructura, y por ello, se firman convenios con diversas entidades como Petroecuador, los municipios de Quito, Guayaquil, Cuenca y de las poblaciones fronterizas con Colombia, sin descontar los aportes de entidades internacionales.

Antes de dejar el cargo, el ex comandante Jorge Poveda le dijo a este Diario que en su mandato, de casi dos años, se implementó el plan de modernización de la Policía, "no siempre con recursos propios".

Para conocer sobre estos convenios y otros que estarían en carpeta, se insistió toda la semana para entrevistar al comandante José Vinueza Jarrín, pero él se negó hasta no posesionarse en el cargo oficialmente, según indicaron los funcionarios de Comunicación de la Comandancia General.

Asimismo, sin señalar los impactos ambientales que podría ocasionar la industria petrolera, Petroecuador destinó, del mismo fondo para impacto ambiental, $2.431.983 para "el proyecto de contratación de un cuartel en Pascuales, en la ciudad de Guayaquil, para el Plan Más Seguridad".

Y hay otras 'donaciones' que no se ajustan a la obligación de la Gerencia de Protección Ambiental. Una es la firma de un convenio para la construcción y equipamiento de los cuarteles del GIR en los repartos policiales de Quito, Guayaquil y Cuenca, por un monto de $278.224,35.

Otra: la construcción de un cuartel de la Policía Metropolitana de Quito, en Puengasí, tres sistemas integrados de seguridad en Quitumbe, Valle de los Chillos y Tumbaco, una base de bomberos en El Placer, la adquisición de tres ambulancias para esos sistema de seguridad y la construcción de una Unidad Operativa de la Policía en el Valle de los Chillos, todo por un monto de $577.180,60.

También se destaca la implementación de 15 granjas integrales comunitarias en comunidades de las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, por la suma de $247.122,14. Por esas zonas no pasa ningún tubo de la industria petrolera.

En dos informes anteriores de BLANCO Y NEGRO, también se expuso cómo la Gerencia de Impacto Ambiental destinó recursos para la construcción y adecuación de hospitales y puentes en las poblaciones de Píllaro, Pelileo y San Miguel en la provincia de Tungurahua, sin que por allí pase "ni un tubo petrolero". Ahora, la Contraloría ordenó la paralización de esas obras por no tener una justificación técnica.

Lo mismo ocurrió para la construcción de puentes, en varias poblaciones del Ecuador. Ochenta puentes estaban planificados para este año, a pedido del Ministerio de Energía, cuando lo dirigía el coronel Carlos Arboleda.

Por los cambios en las autoridades de Gobierno, en Petroecuador nadie quiere explicar por qué se trasladó ese dinero para la Policía sin la justificación técnica. Algunos funcionarios indicaron que "ese tipo de decisiones venían de arriba y no se podían rechazar por las amenazas de despido".

Los temas pendientes

El Alto Mando de la Policía que se posesionó ayer en la Escuela Superior, de Pusuquí, tiene varios asuntos pendientes por explicar sobre la actuación del anterior mando, en los últimos 15 días del Gobierno de Lucio Gutiérrez. El general Jorge Poveda renunció al cargo de comandanta el 20 de abril.

La principal duda es sí algunos de los oficiales de la Policía formaron parte de un grupo paralelo de Inteligencia. Este grupo tendría la misión de vigilar y hostigar a los líderes de opinión y a varios periodistas. El ex ministro de Gobierno Óscar Ayerve negó la existencia de ese aparato, bajo su administración.

La otra explicación pendiente es por qué se actuó de modo exagerado en el control de las manifestaciones antigutierristas en los días 19 y 20 de abril, principalmente. De hecho, hay una investigación fiscal para determinar los posibles responsables por la muerte del periodista chileno Julio García.

Asimismo, queda por aclarar por qué razón el entonces comandante de la Policía, general Marco Cuvero, tras llegar a Ciespal para hablar con el presidente Alfredo Palacio, dejó sin protección policial la zona y al nuevo mandatario. El ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, ha dicho que hasta ahora lo esperan.

Y desde el Municipio de Quito se exige una aclaración detallada del destino dado, por parte de la Policía, a los recursos destinados por el Cabildo para diversas obras. Lo mismo demanda la Municipalidad de Guayaquil sobre el uso de motocicletas y automóviles entregados a través de la empresa privada.

Dos horas más y chao gases

Las bombas lacrimógenas utilizadas en la represión a los 'forajidos' fueron recolectadas de todos los rastrillos del Ecuador. Hace dos años se importaron 30 mil unidades; el pasado 20 de abril, casi se termina la dotación policial.

En enero de 2003, la Policía Nacional importó 30 mil bombas lacrimógenas. La empresa Armor Holding, de los Estados Unidos, fue la encargada de la dotación. En dos años casi no quedan unidades.

Según una fuente relacionada con el Alto Mando policial, el pasado 20 de abril, si las manifestaciones continuaban por dos horas más, se acababan los proyectiles, que, con el fin de controlar a los 'forajidos', se recolectaron de todos los rastrillos del país.

La Unidad de Logística de la Policía Nacional da sus números. A decir de ellos, durante las manifestaciones se lanzaron 1 750 bombas lacrimógenas. Allí cabe una pregunta, ¿qué pasó con las otras 28 mil? Se conoce que estos gases también son utilizados para los entrenamientos de los miembros de las unidades especiales.

En la importación, se debió gastar alrededor de $600 mil. Se trajeron 10 mil bombas lacrimógenas de largo alcance, que en el mercado se venden a $14; 10 mil de corto alcance, cada unidad vale $18; y 10 mil granadas de mano, que cuestan $35 cada una.

El comandante de la Policía, José Vinueza Jarrín, demora en pronunciarse acerca del tema, igual el general Enrique Amores, de la Unidad de Logística. A ambos se les solicitó una entrevista, pero se negaron hasta no posesionarse oficialmente en el cargo.

Esta será la última dotación que se importará al Ecuador. En dos meses aproximadamente, la empresa Gasespol Industrial CEM tendrá la capacidad de ensamblar las bombas lacrimógenas en su planta, ubicada en el sector de Calacalí, al noroccidente de Quito.

La iniciativa se concretó hace ocho meses, cuando Armor Holding autorizó, por 20 años, para que Gasespol, que en sus dos terceras partes pertenece a la Policía Nacional, pueda incluso distribuir sus productos a países de Sudamérica.

No hay información oficial sobre los gastos globales de la Policía durante los últimos 15 días del régimen gutierrista. La movilización y alimentación de los policías y militares apostados en los alrededores de la Plaza Grande, y en otros 13 puntos conflictivos de la capital, significaron un egreso extra para esa institución y hasta inconvenientes, pues no se tenía dónde alojar a los gendarmes traídos de otras provincias.

En el Ministerio de Gobierno nadie ha querido referirse al tema. Funcionarios de esta Cartera de Estado advirtieron que la Policía Nacional cuenta con su presupuesto propio.

De hecho, en una entrevista con este Diario, el ex ministro de Gobierno, Óscar Ayerve dejó claro que la Policía muchas veces actúa por su cuenta y no intervienen para nada las autoridades del régimen de turno.

Frente a estas interrogantes, las reacciones no se hicieron esperar. El Municipio de Quito pidió fiscalizar y auditar los $7,2 millones que entregó a la institución policial en obras y equipamiento (sistemas de comunicación, unidades de vigilancia, movilización y, principalmente, combustible para los patrullajes por la urbe).

El alcalde del Distrito Metropolitano, Paco Moncayo, dispuso que ahora los recursos se canalicen directamente a las organizaciones barriales, para evitar que se desvíe el dinero a operativos que atenten la integridad de los ciudadanos.

También hay descontento entre los defensores de los derechos humanos. Ellos piensan que se deben canalizar los recursos para hacer una Policía más pegada a la Constitución y defensora de los derechos civiles de los ecuatorianos. Más aún cuando la represión afectó la integridad de centenares de manifestantes.

La Cruz Roja, a través de su portavoz, Jhonny Franco, dice que al menos el 80% de los heridos presentaba casos de asfixia, impactos de bombas lacrimógenas y traumatismos por caídas, mientras que el 20% (en su mayoría policías) sufrieron impactos de piedras.

Además, advirtieron que la cantidad de gas lacrimógeno (pólvora, azúcar y moléculas de pimienta o ají) en estas manifestaciones era mayor que en otras represiones.

¿Se creó una red para asustar a la oposición?

Organizaciones de defensa de los derechos humanos creen que sí existió una política de amadrentamiento en la que tuvo parte un sector de la Policía y el Ejército.

Durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, 63 personas fueron perseguidas. Además, se legitimó a grupos civiles que atentaban contra los opositores y se intentó callar a los medios de comunicación. Así lo denuncian los organismos de defensa de los derechos humanos.

Por eso creen que en el Ecuador se ha tejido un sistema policial y militar para controlar y atemorizar a la comunidad.

A los hechos ya enumerados, ellos añaden la represión y los atropellos cometidos por los gendarmes en los últimos dos años (ver cuadro) y que, de una manera más brutal, se evidenció en las manifestaciones de los últimos ocho días del Gobierno de Lucio Gutiérrez.

Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh), solicita que el presidente Alfredo Palacio desmantele esta red y sancione a los responsables de los delitos cometidos durante el mandato gutierrista.

Solo en la Apdh se recibía un promedio de dos denuncias diarias por violación a los derechos (atentados, amenazas, persecuciones, intervenciones telefónicas, entre otras).

"No se trata simplemente de pedir perdón por los actos cometidos por los uniformados. Se trata de iniciar los procesos judiciales a los responsables de los atropellos y sancionarlos", sostiene Ponce, quien además comenta que se puso de acuerdo con la ministra subrogante, Cecilia Armas, para que se enjuicie a Óscar Ayerve y a los generales de la Policía Marco Cuvero y Jorge Poveda.

Además, en los dos años de administración de Gutiérrez, se legitimó a grupos ciudadanos para amedrentar a las personas que se oponían al Gobierno, uno de ellos era Cero Corrupción.

También se masificó la represión: no se enfrenta a los manifestantes en un solo punto, sino que se los dispersa y se arremete en contra de grupos pequeños disgregados en zonas conflictivas. Otra cosa: se utilizó agentes motorizados y policías en puntos clave que utilizaban estrategias de la guerra psicológica.

Por ejemplo, Gonzalo Albán, morador del barrio San Marcos, con su esposa y dos hijos, vio cómo los gendarmes, en la madrugada del 20 de abril, se golpeaban el pecho con los toletes: "Me causó miedo. Me recordaban a los huruk (híbridos de orcos que sí soportan la luz del día) de El señor de los anillos o a los romanos en las guerras de expansión".

Por su parte, Elsie Monje, de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu), deduce que eso es resultado de la preparación y práctica de un militar "que piensa que todas las opiniones y críticas a su régimen provienen de enemigos a los que hay que eliminar".

Gustavo Larrea, de Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, piensa que "nadie puede lavarse las manos. Los distintos ministros de Gobierno tienen culpa en las violaciones y atropellos cometidos por los policías".

Por sanidad pública, transparencia total

¿La Policía fue víctima del Gobierno de Lucio Gutiérrez? o ¿solo fue la institución responsable que cumplía con las disposiciones de las autoridades de ese régimen?

Las dudas, quizá, nacieron en el mismo momento que el comandante de esa institución, general Jorge Poveda, renunció al cargo. A este Diario le dijo que lo hacía para no ser responsable de hechos lamentables. Otras fuentes señalan que la renuncia estaba planteada y fue discutida en algunas esferas el viernes 15 de abril de 2005, cuando se decretó el estado de emergencia.

Es decir, ¿la Policía vivió la encrucijada de servir a quien tiene obligación constitucional o no reprimir a una ciudadanía que protestaba por las violaciones constitucionales?

Lo cierto también es que para garantizar 'lealtad' institucional, Gutiérrez entregó recursos a la institución sacándolos de otras fuentes, como las destinadas a reparar los impactos ambientales de la industria petrolera. Y con ello no solo se cometía un delito por parte del Gobierno, sino que la Policía Nacional también se convertía en cómplice de ello.

Por otro lado, por sanidad pública, la Policía debe explicar en detalle si hubo cuerpos de espionaje y hostigamiento, qué pasó con la protección al presidente Alfredo Palacio y de dónde se han obtenido todos los recursos para reforzar la seguridad y crear algunas empresas. Para ello, solo hace falta mostrar cuentas, nombres y hechos, que no cuesta mucho, pero sí rinde frutos para todos.

[fuente]
http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan344/byn.htm
http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan344/negro1.htm

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