Quito, 4 de mayo de 2005
Con la distancia que dan los kilómetros y especialmente los días, parecería que los forajidos nunca estuvieron en la calles. Leyendo en la prensa el reacomodo de los partidos en el Congreso Nacional, da la impresión que simplemente se cambió de gobierno. Que el régimen del coronel se cayó por la fuerza de la inercia y que todo estaría regresando a su cauce normal...
Negar la existencia de la protesta e impugnarla de facto, sin procesar su esencia, no va a estabilizar la situación del país y menos aún mejorarla, puede, incluso, complicarla de mala manera. La gente en las calles quiteñas no buscaba sólo cambios en la Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales Constitucional y Supremo Electoral. Tampoco se contentaba con la salida del coronel y su combo de corruptos. En juego está la construcción de un nuevo sistema político. Capaz de procesar cambios profundos (como los que anuncia Rafael Correa, ministro de Economía). Se requiere una sociedad radicalmente democrática. Y eso reclama propuestas con un objetivo inmediato, hacer posible un cambio de la actual política y de los actuales políticos, aceptando que -por más obvio que parezca- sin política y sin políticos no existe sociedad.
Recordemos que el meollo del reclamo se sintetizó en el ineludible "que se vayan todos". Una tarea que reclama compromisos y creatividad, tanto como coherencia y responsabilidad. Si por un lado es intolerable que se pretenda parchar al sistema anterior, también sería lamentable que por miopía se bloquee las transformaciones deseadas.
En este sentido convendría consolidar el proceso de cabildos populares, para, desde allí, dar paso a la elección de una Asamblea Nacional constituyente, investida de todos los poderes. El país requiere una constitución innovadora, asumida como un proyecto de vida en común acorde con las demandas planteadas. Esta Asamblea debería estar conformada por gente nueva. No por quienes hayan sido diputados en el último cuarto de siglo. Tampoco por candidatos a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, no se diga por quienes hayan ocupado dichas magistraturas, pues no es deseable que estos fulanos -responsables de la debacle- actúen como locomotoras de sus agrupaciones electorales. La mitad debería estar compuesta por mujeres. Igualmente la mitad por jóvenes menores de 40 años, al momento de la elección. Al menos una cuarta parte de los asambleístas deberían ser de alcance nacional. Inclusive los emigrantes deberían tener sus representantes. Conjuntamente con la elección de los miembros de la Asamblea sería conveniente que se convoque a una consulta popular para que sus resultados -sobre no más de diez temas de fondo: las privatizaciones, el TLC, la Base de Manta, por ejemplo- constituyan un mandato indiscutible. Y en aquellos otros aspectos en los que no exista una posición clara en la Asamblea, concluida la misma, se podría llamar a una nueva consulta para que la palabra final recaiga en la ciudadanía.
Si algún mandato se podría extraer de "la rebelión de los forajidos", sin aceptar ningún tipo de propietario de la misma, pues no lo hay, es la necesidad de profundizar de una manera radical la democracia y eso sólo será posible con una ciudadanía cada vez más vigorosa.
[fuente]
http://www.lainsignia.org/2005/mayo/ibe_013.htm
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