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El complejo entramado mafioso de las contramarchas gubernamentales

Blanco y Negro, nº 343. Suplemento semanal del diario El Hoy

Quito, 30 de abril de 2005

En la administración del defenestrado primer mandatario se utilizaron a los personeros más leales al régimen para organizar a los 'contraforajidos'.

Las pistas evidencian que Óscar Ayerve, Bolívar González y Carlos Arboleda fueron los 'alfiles' que montaron todo un plan, al más puro estilo de la mafia, para conseguir fondos y para obligar a los funcionarios públicos a que concurrieran a las marchas gutierristas.

La lógica de la mafia se impone

Los recursos para las movilizaciones habrían salido del desvío de dinero de varias partidas y programas de asistencia social. Los funcionarios destituidos no facilitan la información y se cree que la quemaron.

Todos los caminos conducen a Óscar Ayerve, Bolívar González y Carlos Arboleda. Los tres altos funcionarios del régimen de Lucio Gutiérrez presuntamente organizaron, financiaron y alentaron a los 'contraforajidos' en la última semana del Gobierno de Sociedad Patriótica (SP).

Esta afirmación se desprende de varios testimonios de empleados de los ministerios de Gobierno y Bienestar Social (MBS) y de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

La estructura de defensa del régimen habría empezado a crearse ante el anuncio de juicio político por parte del legislador León Febres Cordero. Se afirmó en los días previos a la 'Marcha por la Democracia', realizada en Quito el 16 de febrero, y se consolidó en marzo y abril de este año.

El mecanismo fue ubicar en puestos clave de la administración pública a simpatizantes y militantes de SP con dos objetivos: garantizar el apoyo y facilitar la consecución de recursos para esa defensa. En el MBS, por ejemplo, en todos los programas de asistencia social se ubicaron personas con cargos y sueldos altos, que iban de $500 a $2 500. Uno de ellos, Hernán Plaza, coordinador nacional del Programa de Protección Social, no quiso hablar con este Diario para explicar cómo se desviaron los recursos del proyecto en la contratación de personal y en la inclusión de ciudadanos (algunos ficticios) en la lista de los beneficiados con el Bono de Desarrollo.

Con ese personal y esos recursos se organizaron las contramarchas y también grupos de apoyo. Al parecer, Bolívar González tenía clara la película. "Al mejor estilo de la mafia italiana, ubicó a gente de mucha confianza en varias entidades, les dió buenos sueldos, ilusiones de ascenso y con una sola llamada bastaba para movilizar a sus allegados", cuenta un funcionario del MBS, que pide el anonimato, hasta tener todas las garantías de que no se atentará contra su vida.

En cambio, Verónica Acurio Berrezueta, asistente del secretario técnico del Frente Social, Fausto Solórzano Avilés, confiesa que salió a las marchas del 16 de febrero y del 13 de abril "por convicción". Ella era funcionaria del MBS hasta enero de este año con un sueldo de $250. Desde esa fecha pasó al Frente Social, en calidad de especialista B de la Unidad de Servicios Jurídicos, con un sueldo de $1 200. Fue recomendada por González, como consta en el oficio 987, del 3 de enero de 2005, dirigido a César Villamar, secretario técnico del Frente Social.

"Nadie puede ser acusado por un delito supuestamente cometido por otra persona. La razón no pide fuerza", dice para defenderse de las acusaciones de los compañeros de su institución que señalan a ella y a otras más como las que amenazaban y obligaban a los empleados del Frente Social a salir a defender al régimen gutierrista.

Alrededor de 400 personas habrían sido recomendadas por González para ubicarse en diversas esferas gubernamentales. Hasta ahora no se precisa la cifra porque las nuevas autoridades están haciendo el inventario, como dijo el secretario de la Administración, Luis Herrería Bonet.

Por el otro lado, Óscar Ayerve no tuvo dificultades para realizar su trabajo. Según varias versiones divulgadas durante esta semana, organizó un equipo de agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía, para vigilar y amenazar a los opositores, entre ellos a varios periodistas. Al mismo tiempo, como cuenta un ex colaborador directo del despacho del Ministerio de Gobierno, se coordinaron acciones de rechazo a los 'forajidos'. Él no tiene conocimiento de que Ayerve hubiese manejado al grupo Cero Corrupción encabezado por Osvaldo Gallo. Este último le dijo a este Diario que ahora le van a culpar de todo, "pero eran otros los que se encargaron del trabajo sucio". Niega relación con algún funcionario del ex régimen.

El ex gerente de la AGD, Carlos Arboleda, tuvo su propia gente y protagonismo. En los últimos días de su gestión, movilizó a los militantes de SP, a quienes recomendó en diversos cargos. En la Plaza de San Francisco, el martes 19 de abril, Javier Santielices (nombre no confirmado como verdadero), de Santo Domingo de los Colorados, comentó que fue a la marcha porque "se debía a mi coronel Arboleda y porque estaba dispuesto a luchar hasta la muerte contra la oligarquía".

Los pasos de la contramarcha: La red de González se tejió a pulso

Bolívar González, ex subsecretario del Ministerio de Bienestar Social, ahora prófugo de la justicia, bajo la acusación de haber promovido los actos atentatorios contra la vida de los 'forajidos', tejió una red en las áreas donde se podía contar con recursos para sustentar al régimen de Lucio Gutiérrez.

Por ejemplo, en el Frente Social hay varias copias de sus recomendaciones para que sean contratadas personas sin capacitación ni preparación técnica. Incluso, Fausto Solórzano, secretario técnico de esa entidad, habría solicitado en los primeros días de este mes la contratación urgente de 40 personas allegadas y simpatizantes de Sociedad Patriótica.

En una carta abierta al presidente Alfredo Palacio, los principales coordinadores del Frente Social denuncian haber sido amenazados a salir a las marchas proselitistas en favor de la administración de Lucio Gutiérrez: "Violentando nuestra libertad de pensamiento y expresión".

Algunos testimonios indican que González, de su propio bolsillo, pagaba varias actividades y movilizaciones de artistas de tecnocumbia, boxeadores y agitadores para apoyar cada uno de los actos del ex ministro Antonio Vargas. Luego, esas mismas personas se encargaron de hablar, "de uno en uno", con los funcionarios de los ministerios y entidades adscritas (como el ORI, FODI, entre otras) para demandarles su participación en las contramarchas y otras tareas menos públicas".

Lo que hasta ahora no se ha podido probar es cómo se financiaban otras actividades. Hay varias pistas e hipótesis. La principal es que se incluyó en la lista de los beneficiados del Bono de Desarrollo a algunas personas que debían participar en todo. Otra: se inventaron nombres en esas listas y ese dinero se utilizó para los fines antes señalados. También se cree que González manejó un fondo con los aportes de altos funcionarios del régimen a los que se les pidió 'contribuciones voluntarias' para defenderse de la oligarquía.

De otro lado, varios funcionarios de mandos medios señalan que no hizo falta contribuciones, pues con perder los días en marchas obligatorias, actividades sociales donde se pasaba lista y la paralización de trámites en favor de los municipios opositores, fue suficiente financiamiento.

Por último, González tenía una lista de contactos en hoteles, restaurantes, hosterías, representantes de artistas, propietarios de discomóviles y proveedores de todo que recibían el beneficio de buenos contratos para los actos públicos y oficiales, principalmente en Quito, Santo Domingo de los Colorados y la Amazonía. Por ejemplo, un hotel de La Mariscal hospedó por algunas semanas al ex ministro Vargas y a varios acompañantes.

Al requerirles la información, los administradores dijeron que solo responderían con una orden judicial.

'A todos nos obligaron a salir'

Las nuevas autoridades solicitan mayor apoyo a las guarderías comunitarias y que se disuelva el Fondo de Desarrollo Infantil, al que se desvió unos $4 millones de los recursos de Operación Rescate Infantil.

La destitución de empleados de varias dependencias, establecida por el Decreto 12 del presidente Alfredo Palacio, genera polémica. Incluso, en varias instituciones se tomaron medidas para impedir el acceso de esos funcionarios. Por ejemplo, en el Programa de Protección Social fueron cesadas 38 personas de la planta central y 40 que fueron contratadas como expertas.

En Operación Rescate Infantil (ORI), después del 20 de abril, los empleados están en un proceso de depuración. La entidad, que se dedica a la atención de niños y niñas menores de 6 años, emitió el 26 de abril un comunicado al secretario de la Administración Pública, en el que se desconocen a los directores y asesores del Gobierno derrocado. Además, se pidió una intervención de la Contraloría para conocer el destino de los dineros del ORI y la derogación del FODI (Fondo de Desarrollo Infantil), al que se desviaron unos $4 millones.

Al día siguiente, la Presidencia emitió un decreto en el que se derogaron "los nombramientos de los funcionarios de libre remoción, los contratos de servicios profesionales y ocasionales" y se terminaron "las comisiones de servicios interinstitucionales" comprendidos en el período del 15 de enero de 2003 hasta el 20 de abril de 2005. En la tarde del 27, alrededor de 20 directores y asesores salieron del ORI de Quito.

Un dato extra: en el comunicado, los empleados reconocen su flaqueza al permitir el uso de personal y de vehículos para las marchas en favor del Gobierno de Lucio Gutiérrez.

Ellos debían hacer pancartas para las manifestaciones y, durante la última protesta, se pidió una 'colaboración' de $20 a cada uno para financiar el traslado y las marchas gutierristas.

A los trabajadores de las guarderías se les descontaba un día de trabajo, si no salían a las calles. Otras fuentes indican que, en algunos casos, se sacaba dinero de los fondos de estos centros infantiles para pagar los gastos para la gente de las provincias que llegaron para participar en las movilizaciones de los 'contraforajidos'.

Para controlar a los empleados, se dispuso hasta cuatro integrantes de la 'guardia' del ex subsecretario Bolívar González para tomar listas durante las marchas. El fin era amedrentar a los funcionarios de esa dependencia adjunta al Ministerio de Bienestar Social.

Ex subsecretario dice haberse distanciado

Los 23 detenidos en el interior del Ministerio de Bienestar Social, el pasado 20 de abril, dicen que se les ofreció $10 diarios a más de comida, alojamiento y hospedaje.

Se aclaran poco a poco las pistas para determinar de dónde salieron los recursos para contratar a los manifestantes, que llegaron a Quito, para respaldar al ex presidente Lucio Gutiérrez.

En el Ministerio Público, el agente fiscal de Pichincha, Henry Estrada, de la Unidad de Delitos Contra la Vida, está indagando todas las versiones. Mientras que, Jorge Huilcapi Velarde, el abogado defensor del ex subsecretario de Bienestar Social Bolívar González, notificó que el ex funcionario, el 18 de abril, presentó la renuncia a su cargo por "estar en desacuerdo con la forma cómo el gobernante estaba conduciendo al país", la misma que fue aceptada dos días más tarde, a las 08:00, por el entonces ministro Antonio Vargas.

Algo más: en el escrito dice Huilcapi que el 20 de abril, González acudió al MBS para retirar documentos personales y que salió inmediatamente. Hubo gente que lo vio en un Porche azul.

Pero las declaraciones de los 23 detenidos en el interior del MBS, el pasado 20 de abril, lo desmienten. Extraoficialmente, uno de responsables de la investigación comentó que hay un detenido que señaló a González como la persona que destinó cerca de $40 mil para contratar gente para las contramarchas organizadas en Quito.

Por las declaraciones de los detenidos, también se supo que a las personas que arribaron a Quito, en la tarde del 19 y por la madrugada y mañana del 20 de abril, se les ofrecieron $10 diarios a más de alimentación, transporte y alojamiento; los testimonios de Jorge Luis Macías y Freddy Valle Palma, de Portoviejo, así lo ratifican.

Mientras que Germán Ramírez Cagua, habitante del sur de Quito, declara que cuando se acercó al MBS para averiguar sobre el Bono Solidario y el Bono de la Vivienda, cruzó unas palabras con uno de los guardias de la institución. Allí se le acercó un individuo que le ofreció $10 diarios, desde el martes hasta el viernes, para que haga antorchas.

Pero la declaración que más sorpresa causó es la de José Luis Cedeño Rezabala. Él disparó en dos ocasiones desde una de las esquinas del MBS en contra de los 'forajidos' que gritaban consignas antigutierristas. Confesó ante el agente fiscal: "Uno de los guardias del Ministerio, que estaba uniformado, me dio un revólver color negro".

Y no es la primera vez que se pagaba por estos servicios. Rosa R. viajó desde Cuenca dos veces para apoyar al régimen. Ella estuvo la noche del sábado 16 de abril junto a Carlos Arboleda, en los enfrentamientos ocurridos en la esquina de las calles Guayaquil y Sucre: "A mí me pagaron el día de la marcha del alcalde Moncayo (13 de abril) $25 y me dieron el pasaje y también la comida; además, un sánduche a eso de las 15:00". Cuenta que incluso tuvo tiempo para visitar a sus parientes en Carapungo, al norte de Quito.

Nada saben en dos Ministerios

En el Ministerio de Gobierno ahora nadie sabe de dónde se sacó el dinero para pagar a quienes llegaron desde distintos puntos del país para acompañar en las marchas a favor de Lucio Gutiérrez. De lo que están seguros es que de ese lugar no se desembolsó ni un solo centavo. En esa cartera de Estado se manejan $22 millones al año, de los cuales alrededor de $4,6 millones provienen de autogestión (cobro de pasaportes, permisos de funcionamiento, etc.). De ese rubro, cerca del 95% se destina a gasto corriente.

En el Ministerio de Bienestar Social (MBS), el presidente de la Asociación de Empleados, Carlos Román, dijo que los libros contables y todos los documentos del Departamento Financiero de la entidad están resguardados a la espera de que los entes de control de Estado verifiquen el manejo de las cuentas.

También dio fe de que nunca se descontó nada de los roles de pago de ninguno de los 980 empleados a escala nacional, para poder financiar a las personas que llegaron para apoyar al defenestrado presidente.

Una perversa forma de hacer política

La maraña se desenreda: Sociedad Patriótica y sus aliados en el Gobierno de Lucio Gutiérez tejieron una red clientelar para defenderse políticamente, pero también para atacar físicamente a sus opositores.

No todo está dicho, pero lo que hasta ahora sale a la luz demuestra que, frente a la adversidad, ocasionada por su debilidad política, Gutiérrez se defendió con sus 'alfiles' más leales: Óscar Ayerve, Bolívar González y Carlos Arboleda, como se indica en este informe. Ellos, se comenta, definieron un escenario para contrarrestar a sus detractores: crear un ambiente de incertidumbre y de distracción psicológica (amenazando a periodistas y líderes de opinión), construir una defensa armada para enfrentar la arremetida y actuar sin control ante la inminente caída del régimen.

Por obligación cívica y para acabar con la impunidad corresponde que las nuevas autoridades muestren las cifras, los datos y los nombres de los responsables de los actos vandálicos, los contratos fraudulentos y también las 'movidas' de los ex funcionarios. Si alguien habló en su momento de un baño de verdad, no será suficiente con encargar a la Policía ni a los jueces la investigación y la correspondiente sanción; la ciudadanía deberá mantenerse vigilante. Es una obligación demostrar y esclarecer la gestión gutierrista.

Solo así se podrá saciar el hambre de sinceridad y transparencia que demanda la opinión nacional. Caso contrario, otra revuelta podría producirse a la vuelta de la esquina.

[fuente]
http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan343/byn.htm
http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan343/negro1.htm

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