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De todo un poco...

Felipe Soriano

Taller de Investigación y Análisis Social, Boletín #22

Quito, 26 de abril de 2005

Una vez que han pasado varios días desde que la estupidez de Gutiérrez (errores políticos, corrupción, nepotismo, desempleo, incremento de la pobreza, prepotencia y afanes dictatoriales) precipitara su caída, es necesario afianzar el proceso de transición y mantenerse vigilantes al boicot y presión que, a pretexto de supuestas violaciones constitucionales producidas con motivo de la declaratoria <por parte del congreso> de abandono del poder, pretenden ejercer la metrópoli y varios países títeres, que en el fondo no expresa sino el resquemor de quienes ven como "peligrosas" las declaraciones del Ministro de Economía de priorizar el gasto social por sobre el cumplimiento de obligaciones inmoralmente adquiridas, y más aún el "mal ejemplo" que podría replicarse en países en donde sus gobernantes no cuentan con respaldo popular, a lo que deben añadirse las exigencias de la población de que se revean los convenios y políticas ratificadas por Gutiérrez respecto del Plan Colombia, utilización por parte de EE.UU. de la base de Manta e incorporación del Ecuador al TLC.

Hoy se impone la tarea de iniciar la construcción de un verdadero sistema democrático, lo que para muchos suena a utopía. Nadie espera milagros o que las cosas cambien de un día para otro, tampoco creemos que lo sucedido se inscriba en el paradigma para la transformación social, aunque es razonable pretender que la coyuntura permita poner las bases para estructurar un nuevo contrato entre el estado y la sociedad. Si la clase media, la gran protagonista de la jornada de abril, rompió el mito de que era incapaz de movilizarse por objetivos desligados de sus intereses económicos, bien puede asimismo, organizarse, conjugar criterios y esfuerzos que se hallan dispersos y cuyos únicos canales de expresión son los micrófonos de Radio La Luna y el correo electrónico, en donde, por obvias razones, no hallan concreción.

Entonces, es necesario que desde las organizaciones de base se impulsen las asambleas populares, espacio en el que la ciudadanía se exprese de manera directa, analice la actuación de los gobernantes y consense criterios respecto de la visión que tengan estos actores sociales sobre lo que debería ser una administración que responda a los intereses del país y se establezcan vías de comunicación e interacción eficaces entre mandantes y mandatarios. Si algo quedó claro la semana anterior es que el pueblo no quiere dirigentes ni portavoces, algo que para los cientistas sociales sale de los cánones tradicionales, por lo que no pocos, entre ellos el gobierno, apostaban por la desintegración e ineficacia del movimiento. Participación ciudadana y César Montúfar han entendido el mensaje y de ahí el perfil bajo mantenido durante los últimos días, cosa que no se puede decir de Ruptura de los 25 y María Paula Romo, quien se ha embarcado en un protagonismo mediático, que hace el juego a los partidos políticos tradicionales, que utilizan a ciertas vedettes (periodistas) de la televisión, con el único fin de debilitar la organización social.

Los últimos acontecimientos permitieron a la ciudadanía reconocer los instrumentos de represión y la forma como estos son utilizados por el Estado para acallar su voz. Hoy la policía es vista como la fuerza de choque del gobierno de turno, como un simple instrumento de represión, como una masa de individuos carentes de racionalidad, atrofiados en su capacidad de discernimiento. Paralelamente a la identificación y sanción de quienes ordenaron y ejecutaron la brutal represión ejercida contra la población durante las protestas, se hace imperativa una depuración al interior de las llamadas fuerzas del orden, redefinir su misión, y rediseñar los contenidos de todo aquello que se imparte en sus institutos y cuarteles. Ante los atropellos de que fueron víctimas, los quiteños exigen que el Municipio redireccione los recursos que hasta hoy entregaba a la policía, puesto que no cabe que el pueblo entregue las armas a sus verdugos.

Dentro del mismo esquema de participación de la ciudadanía, no es suficiente que los gobernantes conozcan que ésta se halla vigilante de sus actuaciones, sino que a través de ciertas instancias, llámense veedurías, observatorios, etc, se puedan activar mecanismos que obliguen a la administración a rendir cuentas, permitiendo que la ciudadanía ejerza de manera efectiva su derecho conocer el manejo de la cosa pública, esto, independientemente de la actividad que están obligados a ejecutar los organismos de control del estado.

En el ámbito gubernamental, el mayor de los males que aqueja al país es la corrupción, mal que inclusive ha alcanzado en algunos casos a organizaciones privadas que tienen alguna relación con el estado, razón por la que es preferible que el equipo de Gobierno prescinda, en niveles jerárquicos altos, de elementos vinculados a administraciones anteriores o partidos políticos, ya que además de frenar el relevo generacional, son corresponsables, en muchos de los casos, de la crisis política y saqueo la nación. Al respecto, la madre de la corrupción, por llamarla de alguna manera, no se encuentra en los ministerios o en el gobierno central, sino en las entidades autónomas, en donde, por los montos que se manejan, en un sólo contrato las coimas pueden ser fácilmente del orden de 300.000, 500.000 o 1.000.000 de dólares. Por ello, es urgente que se inicie una auditoría en las principales entidades y empresa del estado como PETROECUADOR, en donde Gilmar Gutiérrez ejercía un poder absoluto; en la CAE (Aduanas), Autoridad Portuaria y PACIFICTEL, manejadas por Renán Borbúa a través de testaferros; ANDINATEL, Fondo de Solidaridad y empresas eléctricas, que se hallaban en manos de Milton Ordóñez y Rocío Bohórquez, a más de los Ministerios de la Vivienda, Bienestar Social, Obras Públicas, Banco del Estado, AGD, entre otros, entregados como botín político al PRE, Independientes y Sociedad Patriótica.

Por último, no podemos perder de vista los objetivos inmediatos que se trazó el pueblo de Quito y que se relacionan con el rechazo a las elites políticas. El Congreso deberá pronunciarse acerca de la cesación en sus funciones de los miembros de los Tribunales Constitucional y Supremo Electoral. Tampoco podemos olvidar el pronunciamiento prácticamente unánime de la ciudadanía en contra del TLC, el Plan Colombia y la entrega a los EE.UU. de la base de Manta, lo que sin duda constituyen puntos de quiebre entre las fuerzas que impulsaron activamente la caída de Gutiérrez, representadas básicamente por la clase media quiteña, y los sectores políticos y económicos representados por las Cámaras de Industriales y de Comercio, la Banca, las elites socialcristianas, etc. En todo caso, esta es una buena oportunidad para ver que intereses prevalecen en las decisiones de Palacio.

[fuente]
felipesoriano_ec@hotmail.com

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