Quito, 19 de abril de 2005
La crisis política de Ecuador encontró una salida a medias este lunes cuando el Congreso legislativo destituyó a la Corte Suprema de Justicia. Pero se mantiene la movilización de diversos sectores sociales exigiendo la renuncia presidencial y el cese de los tres poderes del Estado.
El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, descartó su renuncia y dijo a IPS que estaba dispuesto a enfrentar un referéndum revocatorio de su mandato, si la consulta incluía la posibilidad de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial.
Gutiérrez aseguró aceptaría una consulta a los ecuatorianos para revocar su mandato, que expira en enero de 2007, o autorizar que sea candidato a un segundo período, posibilidad actualmente impedida por la Constitución.
"Que sea el pueblo el que decida. De pronto no es tan cierto que el pueblo quiere la revocatoria del presidente, de pronto el pueblo quiere la reelección del presidente", dijo Gutiérrez.
"Yo no voy a renunciar sólo porque un sector de la población, por más respetable que sea, pide mi renuncia. Tengo un compromiso con los 13 millones de ecuatorianos y con los más de tres millones que votaron por Lucio Gutiérrez", afirmó a IPS.
El 8 de diciembre de 2004, una mayoría legislativa integrada por partidos cercanos al gobierno destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombró a otros, basándose sobre una cláusula transitoria de la Constitución, medida considerada inconstitucional por partidos opositores.
Durante cuatro meses, y pese a diversas propuestas del gobierno y de la oposición, los legisladores no lograron ponerse de acuerdo para buscar una salida a esta crisis institucional.
La situación se agravó el 1 de abril, cuando el presidente de la Corte, Guillermo Castro, anuló los juicios por corrupción contra los ex mandatarios Abdalá Bucaram (1996-1997) y Gustavo Noboa (2000-2003) y contra el ex vicepresidente Alberto Dahik (1992-1995), fugados del país.
Esto permitió a los tres acusados regresar a Ecuador, con el consiguiente rechazo de distintos sectores de la población.
El Congreso, reunido en forma extraordinaria desde el domingo, cesó por unanimidad de los 89 parlamentarios presentes a la Corte cuestionada y declaró "vacancia judicial" hasta lograr un acuerdo para aprobar una ley que establecería un mecanismo no partidista para elegir a los magistrados.
La resolución, sin embargo, no deja sin efecto la nulidad de los juicios contra Bucaram, Noboa y Dahik.
Mientras los diputados del Partido Roldosista Ecuatoriano, de Bucaram, señalan que los juicios están cerrados porque la resolución no aborda este tema, los legisladores opositores argumentan que al cesar la Corte, sus providencias no son válidas.
El diputado Guillermo Landázuri, líder de la opositora Izquierda Democrática (socialdemócrata), aceptó que correspondería a la futura Corte decidir sobre los procesos contra los tres ex gobernantes.
"Tendrá que ser la nueva Corte Suprema de Justicia la que asuma nuevamente esos juicios", argumentó Landázuri.
La resolución fue aprobada por los legisladores de todos los partidos políticos, lo que despertó las sospechas de quienes protestaban en los alrededores de la sede del parlamento.
"Es mucha casualidad que durante cuatro meses no lograron ponerse de acuerdo y ahora lo hacen por la presión popular. Se nota que hay un acuerdo según el cual la Corte queda cesante, pero se mantiene la anulación de los juicios a los tres corruptos", dijo un manifestante, Pedro Simbaña.
"El Congreso, como todos los poderes del Estado, sólo traiciona la voluntad de la gente. Este acuerdo es parte de esa realidad que vivimos. Por eso estamos pidiendo que se vayan todos, no creemos en los políticos de ningún partido", dijo otra ciudadana, Margarita Rodríguez.
Los manifestantes rechazan cualquier injerencia de los partidos políticos en sus movilizaciones y exigen la renuncia de los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con las consignas "Lucio Fuera" y "Que se vayan todos".
Las protestas surgieron espontáneamente el miércoles pasado en Quito y continuaron este lunes con menor intensidad, mientras se prepara una concentración multitudinaria para este martes.
El miércoles 13 de abril, tuvo escasa aceptación la convocatoria a una huelga general efectuada por el alcalde de Quito, Paco Moncayo, y por el prefecto (gobernante provincial) Ramiro González, de Pichincha, provincia donde se encuentra la capital ecuatoriana.
En cambio, los oyentes de radio La Luna, de Quito, propusieron una movilización espontánea contra el gobierno, que fue creciendo a partir de la difusión desde la propia emisora y de mensajes enviados a través de teléfonos celulares.
La convocatoria logró una amplia adhesión, y durante varios días miles de personas se movilizaron en distintos puntos de la capital, sobre todo en zonas de clase media, para exigir la salida del presidente.
El sábado, ante la presión de las movilizaciones, Gutiérrez echó mano a la Ley de Seguridad Nacional para decretar el Estado de Emergencia, que suspendió los derechos civiles, movilizó a las Fuerzas Armadas y dio al Ejecutivo la facultad de intervenir en otros poderes del Estado.
En el mismo decreto, el presidente cesó a la Corte de Justicia cuestionada. Gutiérrez se justificó explicando que debía poner fin a la crisis política, utilizando los poderes especiales que le otorgaba el Estado de Emergencia.
Distintos sectores criticaron el decreto y acusaron a Gutiérrez de haber tomado una resolución "dictatorial" para reprimir las manifestaciones.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) de la Iglesia Católica sostuvo en un comunicado que el Estado de Emergencia agravó la situación ya existente, de caos político y social y de incertidumbre jurídica.
"Rechazamos firmemente el maltrato a la Constitución y a la división de las funciones del poder público, como abierto atentado contra las bases mismas de la democracia. Los errores y las violencias no pueden ser corregidos con otros errores y con otras violencias", señaló la jerarquía eclesiástica.
Las Fuerzas Armadas no jugaron ningún papel en la represión de las manifestaciones. Horas más tarde, el presidente derogó la vigencia del Estado de Emergencia, pero mantuvo vigente la destitución de los magistrados.
La influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se solidarizó con las protestas de Quito e inició movilizaciones en algunas provincias pidiendo la renuncia de Gutiérrez.
El presidente de la Conaie, Luis Macas, dijo que su organización no negociaría ningún tipo de salida a la crisis, y en caso de que fuera sustituido Gutiérrez, exigiría el cumplimiento de su programa de reclamos.
"Nosotros exigimos que el país suspenda las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cierre la base militar de Manta (cedida a las Fuerzas Armadas estadounidenses), y se oponga al involucramiento del país en el Plan Colombia" financiado por Washington, contra el narcotráfico y la guerrilla del país vecino, dijo Macas.
Las movilizaciones parecen no tener aún la fuerza requerida para provocar la caída de Gutiérrez, pues todavía no se han sumado a ellas sectores populares. Pero algunos dirigentes políticos y sociales promueven una sucesión presidencial a favor del vicepresidente Alfredo Palacio.
Éste, distanciado de Gutiérrez hace más de un año, hace declaraciones públicas cada vez que se presenta una crisis política.
"La patria está en peligro de disolución", dijo Palacio a varios medios de comunicación y aseguró que eran insistentes los pedidos para que asumiera el poder, pese a los cuales se mantendría defendiendo la legalidad.
Hay sectores que proponen crear una junta de salvación nacional con "representantes de la sociedad civil".
Un ejemplo fue el sermón (presenciado por IPS) del párroco de la Iglesia del Batán, barrio de clase media, quien pidió en la misa del domingo a los feligreses que se movilizaran por la salida del presidente, y enfatizó en la "necesidad" de nombrar una junta de salvación nacional.
El párroco señaló que una "buena salida" sería el nombramiento de dicha junta dirigida por Fausto Cordobés, un político de derecha miembro de la Asamblea de Quito, opuesta a la continuidad del gobierno.
Gutiérrez arguye que la crisis se centra en Quito, ciudad de más de dos millones de habitantes donde las manifestaciones no han reunido más de 20.000 personas.
El presidente acusa al partido Izquierda Democrática de desestabilizar a su gobierno y proponer su salida porque le disputa "el mismo espacio ideológico de centroizquierda" y el "espacio geográfico de la región de la Sierra", con miras a las elecciones presidenciales de 2006.
Según la empresa encuestadora Informe Confidencial, cerca de la tercera parte de los ciudadanos aprueba la gestión de Gutiérrez, 36 por ciento en Quito y 33 por ciento en Guayaquil, las principales ciudades.
"Su labor no está calificada de forma muy negativa. Esto se debe probablemente a que su política de no aplicar medidas económicas (de ajuste) ha dado resultados en la opinión de los ciudadanos comunes. No así en la de las elites", opinó el director de la consultora, Santiago Nieto.
[fuente]
http://www.ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=33559
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