Rebelión
14 de febrero de 2005
George Bush ha decidido que Lucio Gutiérrez tiene que irse. Esta es la única forma para impedir una situación incontrolable en el Ecuador que podría llevar un gobierno bolivariano al poder. Tal evento aislaría por completo a Álvaro Uribe en Colombia y podría hacer caer los dominós de Bolivia y Perú, consumándose, de esta manera, el Bloque Regional de Poder-Unión Sudamericana de Naciones que destruiría definitivamente la Doctrina Monroe.
El plan de Washington está siendo realizado junto con la oligarquía socialcristiana de la costa, cuya manifestación de 250.000 personas contra Gutiérrez, el miércoles, 26 de enero, en Guayaquil, fue el clarinazo de la ofensiva. La segunda manifestación en Quito, anunciada para el 17 de febrero, junto con una serie de presiones concomitantes, pretende lanzar el movimiento indígena y el movimiento popular contra el Palacio de Carondelet, según el modelo de destitución de Yamil Mahuad en enero del 2000.
El mecanismo de "renuncia" de Mahuad durante el "golpe constitucional" del 2000 fue sencillo y eficaz. Después de algunos días de conflictos sociales en el país, las Fuerzas Armadas mandaron una delegación a Mahuad que le dijo lo siguiente: "Señor Presidente. Las Fuerzas Armadas han perdido la confianza en Usted. Si Usted permanece más tiempo en el país, las Fuerzas Armadas no podrán garantizar su seguridad física. En el aeropuerto lo espera un avión que lo llevará adónde Usted desea. Tome una decisión." Mahuad renunció y el vicepresidente oligárquico asumió el poder.
Destituido o renunciado Gutiérrez por una repetición de este mecanismo, el vicepresidente Alfredo Palacios tomará el poder en una "limpia" transición constitucional, en la cual los Bloques de Poder más fuertes y cohesionados ocuparán las carteras claves del nuevo gobierno de "unidad nacional", dejando esencialmente el status quo neocolonial del país intacto. El pueblo y el movimiento indígena que pondrán los muertos que son, probablemente, necesarios para la salida de Gutiérrez, habrían hecho una vez más el trabajo sucio a la oligarquía, la extremadamente oportunista clase política ecuatoriana y a Washington.
En esta primera entrega analizamos algunos factores del plan de operaciones de Washington y Guayaquil para, en la segunda, proponer una vía para frustrar este infame atentado del Monroeismo contra la Patria Grande bolivariana y el pueblo ecuatoriano.
Hay cuatro fuerzas principales que se posicionan ante la dramática coyuntura de destitución del Coronel Gutiérrez, a fin de quedarse con el botín. La primera es el Bloque de Poder de la derecha, el Partido Socialcristiano, encabezado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y, con decreciente poder, el viejo tirano de la oligarquía costeña, León Febres Cordero. Ese grupo tiene un claro programa de destitución y sustitución de Gutiérrez en pos de sus intereses de poder y económicos neoliberales.
La segunda fuerza la constituye el movimiento indígena-campesino que ha sido debilitado considerablemente en los últimos años por tres factores: a) un exitoso programa divisionista de la Central de Inteligencia estadounidense (CIA) que ha logrado dicotomizar a las naciones indígenas por la vía de la penetración evangélica-sectarista; b) la cooptación de líderes indígenas como Antonio Vargas y liderazgos regionales y locales mediante el reparto de dinero y puestos de poder; c) el descrédito del movimiento por la alianza temporal con el gobierno de Gutiérrez.
Sin embargo, con la elección de Luis Macas como nuevo presidente de la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE), el 13 de enero, y la capacidad de las bases del movimiento (Comunidades) de frenar y revertir la formación de liderazgos corruptos y cooptados, la CONAIE y su brazo político PACHACUTIK podrían convertirse de nuevo en vanguardia de un proceso de transformación. Ese movimiento tiene puntos programáticos estructurales muy acertados, como el No al ALCA y al Plan Colombia, entre otros, pero no tiene un proyecto de nación transitorio claro para la actual coyuntura.
La tercera fuerza es la auto-llamada "izquierda" y "centroizquierda" ecuatoriana, que abarca: sindicatos; partidos políticos como el Partido Socialista y la Izquierda Democrática; sectores importantes de la intelectualidad urbana y de la clase política; la Coordinadora de Movimientos Sociales; los partidarios "chinos" y exmoscovitas de las corrientes y partidos comunistas, con alguna fuerza en el magisterio y los estudiantes, así como algunos otros sectores. Se trata, esencialmente, de una fuerza sin principios, abierta a alianzas con cualquier gobierno nuevo y al oportunismo rampante.
En las Fuerzas Armadas, el cuerpo de generales se ha vendido, en su absoluta mayoría, a Gutiérrez, mientras que entre los coroneles impera el miedo por su lucrativa posición en la jerarquía castrense, si un nuevo levantamiento militar falla. Optan, en este momento, por una actitud atencionista y oportunista. Sin embargo, cuando la correlación de fuerza cambia y consideran que Gutiérrez está perdido, lo dejarán caer como una papa caliente.
Los socialcristianos quieren la destitución de Gutiérrez a partir de las movilizaciones del 17 de febrero. Para eso necesitan a las masas. Al caer Gutiérrez, se quedará el actual vicepresidente Alfredo Palacios con la investidura presidencial y la oligarquía socialcristiana podrá ocupar carteras importantes en el futuro gabinete, para impulsar sus intereses neoliberales.
Los indígenas quieren que se vaya Gutiérrez, pero carecen de equipo, fuerza real, claridad programática y experiencia política suficiente, para canalizar la reorganización del poder en su favor cuando caiga el coronel corruptor. Corren el peligro, de que se repita el drama del recambio insurreccional del Presidente Yamil Mahuad que dejó los asuntos del Estado en manos de la oligarquía y de Washington.
La misma situación impera en la "izquierda" y "centroizquierda". La consigna lanzada por sectores de ella, "Que se vayan todos", al igual que sus demás manifiestos recientes, muestra su carencia absoluta de conceptos programáticos para la salvación de la Patria y, también, su carencia absoluta de seriedad. Transfieren una consigna de barricada argentina de tiempos pasados a un contexto andino totalmente diferente, en el cual solo servirá para confundir y dispersar al movimiento, cuando su necesidad vital consiste en la construcción de un centro de unificación ideológica, para potenciar su poder y su nivel teórico.
Esa fuerza discute entre sí si es conveniente tumbar a Gutiérrez o no. Pero, dado que no dispone de un programa coherente de cambio, da igual si Gutiérrez se vaya o no, porque sin este programa y el equipo de personal ético correspondiente, la línea entreguista y antipopular del Gutierrísmo seguirá en pie.
Lucio Gutiérrez ha demostrado a través de todo su mandato que es un consumado equilibrista del poder. Ser un consumado equilibrista del poder en la política ecuatoriana actual significa llenar tres requisitos: a) tener habilidad táctica para la guerra de movimientos que es la política ecuatoriana que se rige esencialmente por el maquiavelismo, la corrupción y la ausencia total de principios; b) carecer por completo de ética y, c) tomar muy en serio la sabía consigna de un político azteca que sentenciaba que "un político pobre es un pobre político".
La clase política ecuatoriana y sus "mishus" (asesores) siempre han sabido evitar caer en el error advertido por su homólogo azteca y esto ha sido la clave de permanencia de Gutiérrez en el poder. Ante toda crisis ha abierto las arcas del Estado y comprado los votos y las conciencias que su miserable existencia en el poder público requería, ante los desafíos del momento.
Hoy día este mecanismo está agotado. Gutiérrez se encuentra aislado, repudiado por toda la sociedad y abandonado hasta por los hombres de su íntima confianza, como el Coronel Patricio Acosta quien solía ser su operador principal, quien le conseguía los fondos y los contactos internacionales -salvo las relaciones con Washington que pasaron por otras manos- que lo llevaron al poder.
Acosta tiene los documentos de las actividades ilegales de Gutiérrez, de los cuales, por supuesto, ha sido cómplice y corresponsable durante años. Ahora ha empezado a hablar. El mismo hecho de que, finalmente empieza a publicar datos y documentos de las ilegalidades de Gutiérrez, indica dos cosas: a) que la decisión de sacar a Gutiérrez del poder está tomada, y, b) que en contrapartida por proporcionar la base legal de la destitución del Presidente se le ha prometido un puesto importante en el nuevo gobierno.
El ex ministro de Bienestar Social y ex secretario de la Administración, Coronel (r) Patricio Acosta ha revelado que hubo aportaciones financieras ocultas a la campaña presidencial de Lucio Gutiérrez y su Partido Sociedad Patriótica: entre ellas, cien mil dólares provenientes del European American Bank (EAB, Nueva York) que pertenece al infame Citigroup, y quince mil dólares del Partido Nacionalista de Taiwán. Asimismo, que él, Lucio Gutiérrez y su hermano Gilmar asistieron a encuentros con Rodrigo Granda, el "canciller" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Algunas de las relevaciones del Coronel son ciento por ciento verdaderas, otras sólo cincuenta por ciento y otras más, que no ha revelado, son probablemente las más explosivas. Sería interesante, por ejemplo, que hablara sobre la presunta compra de Gutiérrez de un apartamento en Nueva York, puesto a nombre de un testaferro, con "sobrantes" de fondos de la campaña electoral, tal como sostiene uno de sus enlaces con el Departamento de Estado.
Los documentos que Acosta tiene sobre el financiamiento ilegal de la campaña de Gutiérrez son suficientes para destituirlo. De ahí que no había necesidad para revelar el encuentro con Rodrigo Granda de las FARC, destruyendo lo único positivo que Gutiérrez ha hecho como funcionario público: reconocer, en su momento, de facto, el status de fuerza beligerante de la guerrilla colombiana.
Peor aún su ofrecimiento de ir a Colombia para carearse con Granda. Es evidente que el encuentro Gutiérrez-Granda no es más que una punta del iceberg y que una eventual visita al régimen terrorista de Uribe puede tener un solo objetivo: ser funcional a la campaña "antiterrorista" de Bush y decirle a los gringos que está a su disposición para un Gutierrísmo sin Gutiérrez.
Todo esto, bajo el cuento de ser protagonista de un futuro verdadero gobierno bolivariano en el Ecuador; cuento que promueve, lastimosamente, con el apoyo del embajador venezolano en Ecuador, y animado por oportunidades comerciales que la solidaridad con la Revolución Bolivariana implica para un creciente número de "bolivarianos" de última hora en la escena internacional.
La política maquiavélica de divisionismo, corrupción y nepotismo de Gutiérrez lo ha llevado al aislamiento letal. Siendo la política el arte de las alianzas, el equilibrista falló su aprendizaje, al sustituir las alianzas políticas por las redes de venalidad monetaria. Selló su destino con dos errores garrafales en los últimos meses: a) desafió a la oligarquía socialcristiana, sin tener el poder para hacerlo; b) dio un golpe de Estado jurídico, al cerrar las Cortes Supremas -que estaban al servicio de la oligarquía- y reabrirlas con marionetas de sus propias fuerzas políticas.
El ataque a los dueños del país los llevó a la conclusión que tenían que sacarse al advenedizo Coronel de encima. La movilización de 250.000 personas contra Gutiérrez en Guayaquil fue el inicio de la ofensiva en la calle. La defensa de la democracia contra el golpe de Estado jurídico y la "dictadura jurídica" de Gutiérrez, es el grito de guerra del jihad que se ha iniciado contra el Coronel-Presidente que no tiene quién le apoye.
El popular alcalde de Quito, General (r) Paco Moncayo que convoca a la marcha del 17 de febrero contra Gutiérrez, y en cuyas instalaciones se prepara la manifestación, demanda de Gutiérrez "que se reemplace de forma inmediata a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral... Le vamos a dar al presidente Gutiérrez salidas para que pueda rectificar." Este país está cansado de "tumbar gobiernos, de reemplazarlos", acotó Moncayo con sabrosa picardía andina y no carente de una buena dosis de cinismo.
La ofensiva callejera y jurídica endógena está siendo complementada con un tercer frente de guerra, ejecutado por el Departamento Colonial de Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA).
El 11 de febrero, la OEA citó al Ecuador para responder sobre el estado de derecho imperante en el país luego de la reorganización de las Cortes. La cita será el próximo cuatro de marzo en Washington, D.C., ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y responde a una denuncia por violación del orden constitucional, presentada por la Cámara de Comercio de Quito, el pasado 17 de diciembre. Irán Hugo Quintana, Alfredo Contreras y Teodoro Coello en representación de la disuelta Corte Suprema de Justicia, para explicar la inconstitucionalidad de lo actuado por la mayoría gobiernista del Congreso; inconstitucionalidad que es absolutamente evidente a la luz de la Constitución de 1998.
Ante el triple acoso, Gutiérrez sabe que está sentenciado -y reacciona de manera histérica-represiva. Amenaza a periodistas de manera abierta o a través de sus órganos de guerra sucia, como ha denunciado la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) del Ecuador; trata de organizar el acarreo de indígenas evangélicos de la FEINE de Chimborazo, a fin de que formen un cordón humano en torno al Palacio de Gobierno para protegerlo y acusa al Partido Social Cristiano de entregar 500 mil dólares para la logística de la marcha de Quito.
Esa marcha "Por la democracia, contra el autoritarismo y la corrupción", tiene por objetivo "rodear el Palacio de Carondelet y tumbar al Gobierno", se quejó Gutiérrez a Radio Nacional del Ecuador.
Gutiérrez tiene razón en cuanto que su permanencia en el gobierno es, esencialmente una cuestión de dinero. Si se trae cinco mil indígenas de las provincias, se agregan los movimientos populares, sindicales y estudiantiles de Quito, el apoyo del ayuntamiento y se bloquea la capital un par de días, junto con el corte de carreteras por el movimiento indígena y la organización de manifestaciones en Cuenca, Ambato y Guayaquil, así como una fuerte campaña mediática, la permanencia de Gutiérrez en el poder se hará insostenible. El problema se reduce, de hecho -y así ha sido discutido dentro de las fuerzas destituyentes- a la pregunta de quién pone un millón de dólares para sacar al Presidente.
Gutiérrez ha reconocido su desesperada situación en una carta a los diputados de su mayoría legislativa en el Congreso, con fecha del 25 de enero, en la cual les pone un ultimátum para aceptar una "consulta popular", último ardid para salvarse.
La carta reza: "La decisión patriótica tomada por el Honorable Congreso Nacional, de corregir los errores inconstitucionales en los nombramientos anteriores del Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional (su golpe jurídico -HD) permitirá llevar adelante esta transformación histórica; si el Congreso no daba este primer paso trascendental yo no podía dar el segundo paso (el referéndum -HD)."
Si no se califica "de urgente a esta consulta, la Corte de Justicia no soportará la presión nacional e internacional y más temprano de lo que nos imaginemos, explotará y todos perderemos y para siempre... La esencia de mi lucha, la justificación de mi presencia como Presidente del Ecuador es esta consulta."
Si es conveniente tomar el Palacio de Carondelet y tumbar a Gutiérrez a partir del 17 de febrero, depende de una interrogante principal: ¿Quién controlará el Estado ecuatoriano después de la caída del coronel vendepatria? De nada servirá que el pueblo y los indígenas pongan de nuevo los muertos y que los oportunistas de centro-izquierda -ahora, en muchos sectores disfrazados de "bolivarianos"- junto con la oligarquía socialcristiana, se repartan el botín del levantamiento, tal como sucedió en la remoción de Abdalá Bucarám en 1997 y Yamil Mahuad, en el 2000.
La única garantía de que esta doble infamia no se repita, es un programa de salvación nacional bolivariano y un equipo de personas definido que conduzca el desarrollo de la crisis conforme a los intereses populares y de la integración bolivariana y que haga alianzas dentro de las fuerzas destituyentes, por ejemplo con los socialcristianos, y con el VicePresidente Palacios, sobre ambos aspectos. ¡Todo esto, antes de que Gutiérrez caiga!
Ante esta situación una propuesta programática fue desarrollada recientemente por un grupo de tarea del Movimiento por la República Bolivariana del Ecuador (M-RBE). Sus puntos esenciales son los siguientes:
Para que este programa tenga credibilidad, debe ser avalada por la publicación coincidente de nombres de personajes éticos que realizarán su implementación dentro del nuevo gabinete de un Gobierno de Salvación Nacional (GSN).
Ante tanta traición de promesas políticas hechas, sólo la vinculación entre un programa coherente de transformación nacional y sus protagonistas éticos, devolverá la fe a la población, para iniciar la refundación de la Patria de Manuela Sáenz, dentro de la naciente Patria Grande de Bolívar.
Ojalá que las fuerzas ecuatorianas estén a la altura moral y política de sus próceres.
[fuente]
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=11369
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=11485
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