Conocoto (Pichincha), 18 de enero de 2005
En medio de un gran desate mediático de activismo jurídico, algunos espectadores y actores de la política, han considerado que en los últimos dos meses de 2004 e inicios de 2005, en el Ecuador se habría producido una "ruptura del orden jurídico", e incluso consumado "una dictadura concentradora" de todos los poderes. La razón de ser de tales pareceres sería la reorganización, fuera de norma, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), adoptada por una simple resolución del Congreso Nacional (CN) el 8 de diciembre pasado. Todos ellos, interesadamente, proyectan la idea de la existencia previa de "un orden jurídico" ajeno a la arbitrariedad, como equiparable a la CSJ entonces existente, cuando aquella había sido originalmente nombrada también fuera de norma. Pero, el mirar "jurídicamente" el escenario político actual es un autoengaño interesado, pues la administración de justicia expresa solo un aspecto de los sujetos sociales en lucha, que se asientan en una sociedad que produce y reparte riqueza y genera pobreza, y ahonda hoy su dependencia económica y política respecto al imperialismo que intenta imponernos su TLC. Y, la "separación de poderes" que se invoca es una ficción para iniciados en el estudio de la política, elevada a creencia eficaz por la opinión pública burguesa.
A quienes, interesadamente, creen que "lo jurídico" significa "orden", hay que recordarles que lo jurídico solo es un orden como tendencia o punto de arribo de intereses, generalmente de intereses de grupos de la gran propiedad, en un país donde el Estado sigue cautivo de las grandes oligarquías regionales, de Sierra y Costa, y en donde hay aún caciques racistas que atacan a sus adversarios por "no tener casta" o por creerlos "indios salidos de la tribu". En esta coyuntura, son grupos de propiedad los que se han movido y agitado el escenario. No querubines de la política. Por ello "lo jurídico" no es contrario a "lo arbitrario", como "el comercio" suele no excluir a delitos como el contrabando y el robo armado; o, la paz acordada incluye la guerra y las represalias. Por todo ello, considero que valdría, más vale, analizar esta fase de nuestra política como una en la cual se está marcando la intensificación de la lucha al interior del Estado por parte de sectores interesados en los negocios pendientes del Gobierno en los próximos dos años (TLC, petróleo, gas natural, los negocios del "Plan Colombia") y por ello la lucha se centró en conservar o en cambiar la correlación de fuerzas, en mantener un esquema acostumbrado de alianzas por parte de los partidos aventajados en el último juego político electoral (con posibilidades de ampliar su poder de inmediato, inclusive controlando a un Vicepresidente instalado por ellos en la Presidencia), o en lograr un reacomodo de las alianzas políticas en búsqueda de la presidencia del país para el año 2006.
Al parecer esta coyuntura arrancaría con las elecciones regionales (17 de octubre), la reestructuración del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Constitucional, la reorganización de la CSJ, el nombramiento de los nuevos dirigentes del CN, de los Tribunales Electorales provinciales, los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, mientras se preparan otros nombramientos estatales. Coincidentalmente, en este mismo lapso se reemplazó también la histórica dirigencia del partido ID, en manos de su líder histórico --Rodrigo Borja-- por la de Guillermo Landázuri, el conductor conducido del Congreso en el ultimo periodo; mientras, que actuando a la inversa, se sustituyó en un congreso de la CONAIE a Leonidas Iza por el líder histórico Luis Macas para llevar la conducción de la más nutrida organización indígena del país en los cruciales próximos dos años. El ajetreo político ha sido intenso. Sin embargo, mucho de todo esto no tendría necesariamente que haber ocurrido, aparte de las elecciones regionales y de la directiva del CN el 5 de enero. Por ello, cabe preguntarse: ¿por qué se dio? Hay, a mi entender tres hechos políticos vinculados y mutuamente reforzables que actuaron como las causas que desencadenaron esa intensificación del conflicto al interior del Estado. Las examino a continuación.
Si como ideal último de la política, la democracia es la satisfacción de la vida social de todos/as, y su desenvolvimiento es un proceso ascendente de reconocimiento de los derechos con la participación consciente por parte de la mayoría de actores plurales y diversos sin límites de inclusión, y una ida social sin retorno ni obstáculos de los seres humanos en plena realización de sus personas, es evidente que nuestro sistema democrático representativo es una fuga de ese ideal último de la política. Simplemente no existe. Históricamente, sin embargo, en Ecuador, el mando de la propiedad privada acumulada, sin control ni inventario social redistributivo ha sido hasta hoy el mayor impedimento para alcanzar la democracia. Fue ese tipo de manejo de la propiedad el que introdujo y hasta hoy establece la representación política de unos en detrimento de otros, y reemplaza la democracia por la violencia social de minorías contra mayorías. En el camino, los expertos en legitimación han lanzado toda suerte de justificativos. La lucha en nuestra sociedad se establece entonces por los sistemas de representación política posibles. Se entabla el conflicto para dejar de representar bienes y representar a personas. Aparece la democracia representativa como posibilidad de nuevas minorías, o de mayorías temporales, pues la democracia como vida social de bienestar y realización resulta así postergada. En estos ámbitos de postergación de la democracia social, la democracia representativa más completa sería poseedora de un sistema de representación que incorpore y no excluya a los diversas pluralidades. En ella, las reglas del juego político no se podrían cambiar a la conveniencia de un grupo o partidos, y la temporalidad de las reformas al sistema electoral sería normada con grandes consensos. Todos/as serían iguales ante las normas, y todos/as serían "representado(a)s" en igualdad de condiciones. Y si se adoptasen regímenes con elecciones, serían sistemas electorales que ofreciesen un alto grado de representatividad al voto del electorado. Se garantizaría el pluralismo.
Sin embargo, en las elecciones regionales de octubre 2004, el conflicto y las divergencias sobre el sistema de repartición de escaños no fue resuelto al interior del CN, mediante una legislación como cabe en una república democrática, sino que prevaleció, otra vez, aquel sistema de mandos de la política oligárquica, y mediante una simple resolución, fuera de norma, del TSE, e impulsada por una alianza entre el PSC, la ID y Pachakutik, se adoptó un método carente de consenso, y contrario a los intereses ( y, a veces, a la misma existencia) de los otros 7 partidos políticos, y de todos los movimientos de acción electoral existentes en el país. ¿Cómo pudo darse este despropósito? El mismo tiene su historia.
En marzo de 2003, el TC aceptó la demanda de inconstitucionalidad del Sr. Xavier Neira contra el método D'Hont de asignación de escaños, derogándose así los artículos 104 y 105 de la Ley de Elecciones. Se suponía que ante este vacío legal creado por dicha resolución, y ante la inminencia de las elecciones de octubre de 2004, el CN legislaría al respecto. Pero el CN, durante todo ese lapso no quiso tener acuerdo para sustituir el sistema D'Hont, por otro. La Constitución estipula, en su Art. 99, que la ley reconoce el derecho de las minorías a estar representadas. Esto se hace con el método de adjudicación de escaños. Desde el retorno a la democracia representativa, en Ecuador han existido dos métodos: Desde 1978 hasta 1996 se aplicó un método propio, desarrollado en Ecuador, llamado de "residuos y cuocientes". Pero la Asamblea Constituyente de 1998 estableció el método D'Hont (substanciado por los art.105 y 106 de la Ley de Elecciones). Este método, muy difundido a nivel mundial, es un poco más equitativo que el Imperiali, aplicado por el TSE para la adjudicación de escaños, por una decisión tomada ¡pocos días antes del cierre de la campaña electoral de 2004!
El diputado Xavier Neira, del PSC, había planteado su demanda con el argumento de que la ley no tenía en cuenta la real voluntad popular expresada en las urnas. Explicaba que candidatos con menos votos fueron electos mientras otros candidatos con más votos no llegan a obtener un escaño. Por ejemplo, en el año 2002, en Guayas triunfó el PSC, minoría más votada, y para el CN, de los 18 puestos posibles todos los candidatos de la lista socialcristiana tenían más votos que candidatos que fueron adjudicados curules de otras listas. Así el PSC obtuvo 8 de los 18 puestos de esa provincia y otros partidos los otros 10 puestos. Javier Neira argumentaba que se debía respetar "el principio constitucional de respeto a la voluntad popular". ¡El PSC debería tener los 18 escaños! ¡El resto nada!
Estos argumentos en realidad distorsionan el principio de la representación proporcional de las minorías. El problema radica en la definición de lo que es una mayoría y lo que constituye una minoría. Estos términos deben referirse a las tendencias políticas de los partidos y no al agregado de individuos aislados en una lista, es decir de lo que ya constituye una tendencia, un partido. Sin embargo, el TC no quiso entender así el problema, y no hizo caso a los alegatos del propio TSE para que no deroguen los artículos de la Ley de Elecciones. Más tarde el TSE, dominado por el PSC, no tuvo opinión sobre este tema, y sus 7 miembros "no se pusieron de acuerdo". La anterior mayoría congresil tampoco, y el CN nada decidió en los 6 meses anteriores a las elecciones de 2004, a pesar de la expectativa ciudadana al respecto. Pero un acuerdo entre el PSC y la ID, acuerdo --al parecer-- más global y que comprendía el reparto de cargos en diversos organismos del Estado, hizo que Pachakutik se adhiriese a esta propuesta del método Imperiali en el TSE que surgió como iniciativa de la extrema Derecha. Esa mera resolución del TSE --órgano no legislativo del Estado-fue a todas luces inconstitucional e ilegal. Lo cierto es que hizo "viable" la repartición de escaños en las elecciones de 2004.
Esta imposición del método Imperiali con el cual se quería ir a las elecciones congresiles de 2006, mientras se aseguraba una mayor cosecha de curules en cabildos y consejos provinciales en 2004, tendría el efecto de concentrar la delegación del PSC y de la ID (en Guayas y Pichincha, y sus hinterlands electorales) a favor de los intereses de los sectores que ellos representan. El método en sí constituía un retroceso en las normas de representación, y la conformación de esa alianza entre el PSC, ID y Pk adoptó, en la percepción de otros actores, el carácter de una alianza amenazante pues el método adoptado castigaría a los otros partidos.
Luego de las elecciones, en que sin duda el método Imperiali favoreció generosamente al PSC y a la ID, y castigó severamente a los partidos de la Centro Derecha y de la Izquierda radical, y sin un análisis objetivo de los resultados, el PSC con sus aliados saltaron hacia otra aventura política, y, bajo el supuesto de que el Partido Sociedad Patriótica había tenido una "debacle electoral", y no habría obtenido ni el 5%, pudiendo entonces ser borrado como partido, y Gutiérrez encontrarse totalmente deslegitimado ante el electorado, --todo lo cual no era objetivo--, se enfilaron hacia el derrocamiento de Gutiérrez por la vía de un juicio y resolución congresil. El ala más antigutierrista de Pachakutik, se enlistó en esa estrategia de la extrema derecha conspirativa.
La pregunta que cabía hacerse era: ¿La destitución de Lucio Gutiérrez cambiaría la correlación de fuerzas a favor del campo popular, o la potencial destitución (y el subsiguiente reemplazo del Presidente por Alfredo Palacio) iba a favorecer aún más la concentración de poderes en la derecha más recalcitrante? Creo que este último era el único escenario predecible, y por ello no cabía que ningún partido de izquierda sea pasto de la nueva cabalgata de Febres Cordero hacia un quinto interregnum en Carondelet. La decisión de Febres Cordero y los socialcristianos tuvo varios motivos, pero sin duda uno de ellos fue la presión de la AGD para que sus allegados pagasen millonarias deudas, por largos años pendientes. Este segundo hecho político, planteado por lo que sería percibido como una alianza amenazante ya más agresiva, precipitó un entendimiento entre los otros 7 partidos con representación en el CN, impidiéndose que esto ocurra, y provocando la decisión compartida de nombrar un nuevo TSE y TC. Más tarde, seis partidos políticos con los votos de algunos independientes, pero con la oposición del PS-FA, que consideró esa medida fuera de toda norma y expediente, votaron por la reorganización de la CSJ.
Esa reorganización de la CSJ era un "error" (o certeza, según como se la mire) que mostraba las intenciones nada inocentes de quienes tenían el grueso de los votos de la nueva mayoría. Lo que se quería era mantener, pero ahora a su favor, esa añeja relación de patronazgo político entre la Legislatura y el sistema judicial, que la reforma política de 1997 y 1998, a pesar de todos los cambios logrados, no logró cristalizar en un robustecimiento e independencia de la CSJ. La verdad es que el desarrollo de la justicia en el país, no ha sido paralelo al desarrollo de los grandes eventos sociales y políticos. La superestructura jurídica se quedó siempre rezagada luego de la Revolución Liberal, y de La Gloriosa en los años 1940, y, de las reformas de los años novecientos setenta y noventa. El CN no solo ha interpretado la ley, sino que ha cambiado el significado de ella bajo la forma de interpretación.
En esta misma coyuntura los jefes socialcristianos en Guayaquil intentan ejecutar una medida antagonista: la creación de una fuerza armada privada dirigida por el municipio local, y a órdenes directas del alcalde Jaime Nebot. Su justificación era la seguridad de "todos", de la "sociedad toda". Pero no es la seguridad de todos los habitantes lo que les interesa a los grandes burgueses guayaquileños (que dominan y gobiernan ellos mismos la ciudad), sino la lucha contra las clases inferiores oprimidas. La jurisdicción penal de facto es en esa ciudad una realidad brutal. En un solo año se encontró a 17 hombres despiadadamente ajusticiados cerca de la vía perimetral. La Policía Nacional no es ajena a esta escuela de brutalidad penal en Guayaquil (recuérdese la Botica Fybeca). La aplicación de la "ley de fugas", el exterminio físico, las desapariciones son prácticas consentidas por los "patricios" guayaquileños. Una fuerza armada dirigida por el municipio tiene el objetivo principal de asegurar el dominio y represión de las clases dominantes y ampliar aún más el terror de clase organizado ya por décadas en esa ciudad. La "seguridad de todos", o esa "sociedad de todos" solo existe en la imaginación de los juristas ingenuos. Los campesinos, los semiproletarios, los elementos desclasados de la sociedad, los pobres y desamparados (en un cantón como Guayaquil que ha duplicado su pobreza en 15 años) lo saben muy bien, pues conocen de las ejecuciones de los hacendados, de los gamonales y sus guardias paramilitares.
Sabido es que los socialcristianos en varias oportunidades han pedido la restauración de la pena de muerte. En la práctica su jefe la aplicó sumariamente con más de un centenar de jóvenes de Alfaro Vive. Con el consenso de sus élites. La burguesía guayaquileña, pocos años después de la Revolución de Alfaro, a quién permitió que se lo enviase a una muerte cruel en Quito a manos de la clerigalla, nunca conoció el humanismo burgués; y hoy, cuando teme el ascenso de los movimientos urbanos, indígenas, y campesinos "necesita" usar una fuerza bruta directamente. Pretenderá así implantar su sistema penal propio, de facto, que ya ejerció; propondrá luego una conscripción "cívica" guayaquileña propia, para consolidar su proyecto de Estado "libre" asociado, su proyecto Singapur, de traición a la Patria, la de todos los ecuatorianos, a quienes pertenece la provincia del Guayas, y pertenece Guayaquil.
Pero lo cierto es que la oligarquía se dio a conocer mejor: quiso disponer de una fuerza armada propia. El Estado no quiso ceder su puesto a los cuerpos policiales del municipio controlado por el PSC. Esto revela un conflicto intenso entre sectores de la burguesía. Esa policía no iba a estar situada "por encima" de la burguesía lugareña, sino que iba a ser expresión de una tensión máxima de esa oligarquía en la lucha política. Esta guerra, que ya tiene sus muertos, exhibe como pretexto y pantalla una ideología de paz y seguridad ciudadana. Pero solo es un intento de apertrechamiento de fuerza. El ministro Jaime Damerval le hizo un claro favor al resto de la burguesía del país, esgrimiendo la pantalla del "interés general".
Esta coyuntura registra una leve declinación del poder político del PSC al interior del Estado, en su conjunto. La relación entre patronazgo político y la legislatura, y entre el cacicazgo oligárquico y el sistema judicial no ha sido superado en el país, incluso luego y a pesar de la reforma introducida por la consulta popular de 1997 que sancionó la no designación por parte del CN de una Suprema Corte. Como sabemos esa consulta fue burlada por la derecha y sus aliados, que anunciaron hacerlo "por última vez", nombrando una Corte vitalicia. El CN, repito, no solo ha interpretado la ley, sino que ha cambiado el significado de ella bajo la forma de interpretación.
Pero ya basta de tanta hipocresía en los argumentos juridicistas de intelectuales humanistas. Hay momentos en la lucha política, cuando no se puede estar buscando el gato pardo en un cuarto oscuro. Si no se hubiera armado una nueva mayoría en ese centro de gravedad circunstancial que fue el Congreso Nacional en estos últimos dos meses, la extrema derecha del país, se habría levantado con todo el poder, para primero asaltar la Presidencia de la República, adjudicarse "todos los escaños" de representación, tener su guardia pretoriana dirigida por sus jefes regionalistas, y hacerse de la Presidencia del país con el candidato de marras en el 2006. Su fracaso, hoy por hoy, no debe hacernos bajar la guardia.
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