Quito, 9 de enero de 2005
Durante el 2004, el Ministerio de Bienestar Social (MBS) se debatió entre movilizaciones, una deuda social que no termina de saldarse, ofrecimientos que se quedaron en el papel..., mientras no ha dejado de ser el trampolín político del Gobierno.
Pese a que su aparato burocrático entró en un proceso de modernización, el noveno piso de esta cartera de Estado sigue siendo el punto de encuentro para los aliados del PSP o de los ex socios del Gobierno, los indígenas. Con el currículo bajo el brazo y con un sinnúmero de influencias no declinan, en su intento, por captar un puesto de trabajo o tramitar proyectos de desarrollo.
Claro está que para lograr una cita con el ministro, Antonio Vargas, no solo la prensa ha tenido que tener paciencia. Una de las prioridades dentro de su agenda han sido los viajes por tierra a las 22 provincias del país, ya sea para negociar con las bases de organizaciones indígenas o para hacer entregas de "combos alimenticios" a las comunidades.
De un presupuesto asignado al Programa Aliméntate Ecuador de 16 millones de dólares se ejecutaron 7.500.000 dólares, monto que, según el Ministerio, benefició a 350.000 madres, ancianos, niños y personas con discapacidad.
A Vargas casi no se lo ve en el despacho, tanto es así que en los pasillos y ascensores de la entidad, los mismos burócratas se preguntan ¿quién es el ministro: Vargas o Bolívar González, subsecretario de Desarrollo Institucional?
González dice que Vargas es el ministro y que su labor se desarrolla más en el campo, así que, desde Quito, el ex abogado de la AGD optó por convertirse en el Papá Noel de los pobres, junto con 12 asesores.
En los últimos meses movilizó a todo el personal del Programa Aliméntate Ecuador para entregar bolsas de comida, juguetes y caramelos, como una colaboración voluntaria de su familia. Esta acción le ha costado un juicio en su contra y está siendo investigado por la Contraloría del Estado.
Pero, este no es el único escándalo que ha afrontado Bienestar Social. Además de transformar las instalaciones de esta cartera en plataforma política para respaldar la reestructuración de la Corte Suprema, las 104 organizaciones ejecutoras del Programa Nuestros Niños (PNN) llevaron adelante una huelga de más de 15 días. En ella pedían la salida de Vargas y lo acusaron de haber desviado 10 millones de dólares del Fondo de Desarrollo Infantil (Fodi) -el cual hasta ahora no se lleva a la práctica- al ORI.
Hoy, 130.000 niños están en riesgo de quedarse sin atención y el Decreto Ejecutivo para viabilizar al Fodi aún descansa en la Presidencia.
La puesta en marcha de este fondo es una de las 24 condiciones que rezan en el convenio de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que todavía no se cumple y que el organismo multilateral pidió que se concrete hasta abril de este año.
Esto con el fin de hacer efectivo el desembolso de 100 millones de dólares. Dentro de estas exigencias también está la depuración del Bono de Desarrollo Humano (BDH), a través del cual el Ministerio dice que están inscritos 1.700.000 beneficiarios, pero solo cobran 1.025.000, y aún así, personas de la tercera edad y discapacitados desprotegidos siguen sin poder recibir la bonificación de 12 dólares.
En el marco de estos atrasos, y según el acuerdo del préstamo, el Gobierno debe cumplir también con la ejecución del Sistema Integrado de Alimentación y Nutrición (SIAN).
Con este proyecto se intenta reorganizar los programas Pann 2000, Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Alimentación para el Desarrollo Comunitario (Pradec). Otros planes como la tarjeta inteligente y la vivienda continúan pendientes...
[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=114678
:: http://www.llacta.org ::
