El Congreso censuró a Antonio Vargas

Diario Expreso, edición digital

Guayaquil, 18 de noviembre de 2004

 

Los diputados lo acusaron de peculado, cohecho e irregularidades administrativas

 

Redacción Quito

El Gobierno no defendió ayer al ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas. El funcionario fue censurado en el Congreso con el voto de 68 legisladores. El ministro no se presentó al juicio y los diputados decidieron juzgarlo declarándolo en rebeldía.

Vargas debía presentarse al juicio político en su contra para responder por las acusaciones de peculado, cohecho e irregularidades administrativas. La acusación fue realizada por los legisladores Rodrigo García (PK), Ana Lucía Cevallos (ID) y Xavier Cajilema (MPD), quienes plantearon la moción de censura.

Aunque hasta el martes los diputados interpelantes confiaban en la presencia del ministro, en la noche, la Secretaría del Congreso recibió una carta con la que Vargas se excusaba. El funcionario pidió que se le fije una nueva fecha para su defensa. En la comunicación alegó que tiene un problema de salud por el que debe mantener 8 días de reposo.

Entretanto, el Legislativo se preparaba para llevar adelante el juicio. En las afueras se apostaron centenares de policías para evitar incidentes como el de la víspera, cuando los indígenas de la Feine ingresaron a la fuerza hasta el recinto. Ayer, a la entrada del plenario, miembros de la Escolta Legislativa registraron con un detector de metales a los asesores y miembros de la prensa. Esto para evitar el ingreso de armas. No revisaron a los legisladores.

Al inicio de la sesión, la mayoría de bloques tomó la excusa del ministro como una burla para el Congreso. Por ello los interpelantes pidieron que prosiga el juicio declarándolo en rebeldía. Esta propuesta consiguió el respaldo de 55 de los 70 diputados presentes.

Ya instaurado el proceso, los interpelantes expusieron las pruebas de las supuestas irregularidades cometidas por Vargas. Entre ellas: que autorizó la reducción de un millón de dólares de los presupuestos del Fondo de Desarrollo Infantil (FODI) y del Plan Esperanza II, para transferirlos a las cuentas de la Secretaría Nacional del Deporte.

También lo acusaron de suspender la transferencia de 10 millones de dólares que del ORI debían pasar al FODI. Adicionalmente, de manejar irregularmente el programa del Bono de Desarrollo Humano.

Según la acusación, el ministro no hizo una auditoría sobre las transferencias que de este programa se hacían a través de los cajeros de Banred. Estas transacciones se habrían incrementado de 55 centavos a un dólar con 44 centavos, causando un perjuicio adicional al Estado.

Los acusadores expusieron estos y otros argumentos, a la vez que rechazaron la actitud del ministro y de su subsecretario, Bolívar González, quien en la mañana hizo denuncias contra los interpelantes.

Entretanto, los legisladores de la bancada de Gobierno, ni sus aliados de otros bloques hicieron discursos en defensa de Vargas, simplemente mantuvieron reuniones para aclarar sus respectivas posiciones.

De su lado, el jefe del bloque de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, se reunió a las afueras del plenario con varios asesores de Vargas, quienes intentaban que el diputado asuma la defensa. Con documentos en mano Gutiérrez ingresó al plenario pero esperó su turno en la votación para su discurso.

Argumentó que el juicio es nulo porque viola el principio a la legítima defensa establecido en el artículo 24 de la Constitución, además de que en la convocatoria se cometieron errores de forma cuando el ministro no fue notificado en su lengua materna y por un error se lo llamó al Congreso para el 17 de noviembre del 2002.

No obstante, esta posición no fue acogida ni siquiera por todos los legisladores de su bloque y sus aliados Ximena Bohórquez, Vicente Olmedo y la roldosista María Augusta Rivas, votaron a favor de la moción de censura.

Solamente Gutiérrez y Alejandro Cepeda votaron en contra, mientras que otro grupo se inclinó por la abstención, posición que fue liderada por el bloque del PRE.

De esa bancada, el argumento también fue la ilegalidad del juicio. Ernesto Valle aseguró que el proceso violó el principio que obliga a que el Congreso fije una nueva fecha para la comparecencia de un funcionario que no asiste al primer llamado.

Pese a estos argumentos los 68 votos para la censura salieron de los bloques del PSC, ID, Prian, MPD, DP, PK y socialistas, mientras la abstención consiguió 11 votos desde el PRE e independientes.

Tras la sesión, un diputado roldosista informó que el régimen pedirá que el Tribunal Constitucional (TC) declare la inconstitucionalidad del juicio.

Aunque el PRE y el Gobierno están conscientes de que la separación de Vargas reducirá la tensión política, el diputado aseguró que el presidente pedirá la renuncia a los dos vocales del TC que representan al Ejecutivo, esto para obligar a una renovación parcial de ese organismo.

Juepa, probable reemplazante

Antonio Vargas argumentó un problema de hipertensión para no asistir a la interpelación del Parlamento.

En horas de la tarde se comenzó a mencionar el nombre del actual subsecretario de Protección Ambiental Vicente Juepa como su probable reemplazo. El nombre de Juepa es impulsado por un sector de los indígenas de la Amazonia afines a Antonio Vargas. En el Palacio de Gobierno, ningún funcionario quiso pronunciarse sobre si el Ejecutivo acatará o no la censura legislativa.

El subsecretario Guillermo Astudillo, precisó que el presidente esperará una notificación oficial del Congreso para tomar cualquier decisión sobre si mantiene o no a Vargas en el cargo.

El portavoz del Palacio, Iván Oña, afirmó que no conocía tampoco si había ya un sucesor para Vargas. Pero anticipó que el ministro Jaime Damerval se pronunciará sobre ese tema.

El pleno pide juicio a ministro

Ochenta y dos diputados aprobaron la resolución. Esta pide a la ministra fiscal Mariana Yépez, iniciar las acciones legales y sancionar al ministro de Gobierno, Jaime Damerval, por haber mencionado la posibilidad de disolver el Congreso.

Los diputados de todos los bloques, incluidos el de Gobierno y los independientes, rechazaron oficialmente las declaraciones del ministro. Este propuso una reforma constitucional y la posibilidad de clausurar el Congreso mientras se instale una Asamblea Constituyente.

Solamente los diputados Alejandro Cepeda y Fidel Castro, de Sociedad Patriótica, y Ernesto Valle, del PRE, votaron contra la propuesta.

Con la resolución, de la autoría del socialista Segundo Serrano, el Congreso condena lo que califica de "infaustas e inconstitucionales" declaraciones de Damerval que "atentan contra el sistema democrático del país".

 

[fuente]
http://www.diario-expreso.com/

 

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