Antonio Vargas levanta su propia guardia comunitaria

Blanco y Negro, Suplemento del Diario El Hoy

Quito, 24 de julio de 2004

 

El proyecto bandera del actual ministro de Bienestar Social es crear alrededor de 500 mil empleos. Para ello no le importa 'cruzar' el trabajo de los Ministerios de Gobierno y de Defensa en el área de la seguridad ciudadana. Y se estrenó con un conflicto entre organizaciones indígenas por la conformación del Comité Ejecutivo del Codenpe.

 

En las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Ministerio de Gobierno no saben nada. De hecho, en esas entidades están sorprendidos de que el Ministerio de Bienestar Social (MBS), impulse un proyecto de Seguridad Ciudadana o Comunitaria, a escala nacional, que contaría con 500 mil personas, con un sueldo mensual de $50.

Incluso, con la disputa por la dirección ejecutiva del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), que en estos momentos tiene como efecto la ocupación de las oficinas por parte de algunos dirigentes indígenas, los embajadores europeos están preocupados y advierten que se podría suspender la ayuda económica para varios proyectos.

Para el ministro Antonio Vargas, es su proyecto bandera, pero no el único. En su plan global se incluye la instalación de 14 mil plantas eléctricas en la Amazonía, región de su influencia política y terreno de su plataforma proselitista.

Según Bolívar González, subsecretario del MBS, no serán personas armadas, sino 10 vecinos, en promedio, escogidos en la comunidad o en el barrio para ejercer tareas disuasivas y de vigilancia preventiva.

El proyecto tiene un sustento social y político. El primero, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, toma como base las tasas de desocupación y subocupación, de lo cual se deduce que 1.094.000 ecuatorianos se encuentran en estado de pobreza y extrema pobreza. Ese documento también argumenta: "Hoy en día, cuando la inseguridad del país ha aumentado y que la delincuencia prolifera hasta niveles alarmantes, es necesario proteger a las personas, brindándoles protección, seguridad y trabajo digno".

Incluso, el proyecto contempla la participación de los municipios, "los que aportarían con la mitad del ingreso; la otra mitad la aportaría el Programa de Protección Social (PPT), por medio del programa "Guardia Ciudadana".

Los guardias serían "hombres y mujeres sin discriminación de género, en edades menores a los 65 años y mayores de 18 años que serán capacitados para brindar seguridad a la ciudadanía".

El costo total del proyecto, según ese documento, asciende a $363.818.800 anuales. En cambio, González afirma que solo costará lo que suma el pago de $50 por cada guardia. O sea, si se aspira a contar con 500 mil, la suma llega a $25 millones mensuales, $300 millones anuales, pues el diseño del proyecto se lo hizo para un año.

Y el objetivo político, según González, es fortalecer la base social del Gobierno de Lucio Gutiérrez. De hecho, considera que en el mes y medio que están en el MBS, la popularidad del presidente ha pasado a niveles de 14% y 16% de aceptación. De ello, da una prueba: en ese mismo lapso, los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano pasaron de 1 millón a 1,4 millones.

Una 'prueba' más es el programa de incorporación de ecuatorianos al Bono que incluye 13 actos en todo el país con el concurso de la cantante Cassandra, quien cobra $1 000 por cada presentación. La semana pasada fue en Puyo y para ayer estaba prevista en Santo Domingo de los Colorados.

Pero el arribo de Vargas al MBS no solo crea expectativas, sino resistencias de funcionarios y entidades adscritas que trabajan en proyectos sociales. Hasta ahora no se explica la salida de Hernán Plaza, coordinador nacional del PPS, quien fue antes subsecretario de Turismo, hombre muy ligado al partido de Gobierno e involucrado en un viaje de avión con César Fernández, principal implicado en el 'Caso Aniversario'. A él se le solicitó, el ex ministro Patricio Acosta, la contratación, en calidad de prestación de servicios, de varias personas con sueldos entre $1 500 y $2 800, sin que reúnan los requerimientos técnicos para el programa de protección social, en calidad de "enlaces de apoyo provincial" y por períodos de no más de dos meses.

Al tratar de localizar a estos enlaces, en el MBS y en el PPS nadie los conoce ni sabe qué función cumplieron aunque en los contratos firmados por Plaza se determinan tareas como capacitar a las personas responsables de mesas de información y supervisar el proceso de inscripción de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.

El Ministro

Una acelerada carrera política

Carlos Antonio Vargas Guatatuca nació el 1º de diciembre de 1958, en Puyo. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en la capital de Pastaza y luego estudió para profesor de educación primaria. Se inició como líder indígena en la comuna San Jacinto, en Puyo. Luego fue presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, presidente de la Conaie por dos ocasiones y miembro del Fondo Indígena para América Latina y el Caribe. Dirigió el levantamiento indígena del 21 de enero de 2000, que derrocó a Mahuad y formó parte del brevísimo triunvirato. Fue candidato presidencial en 2002 por el Movimiento Amauta Jatari y quedó en último lugar. Desde junio dirige la cartera de Bienestar Social en el actual Gobierno.

Dirigentes y organizaciones amazónicas están detrás de la empresa Amazonía Gas, de cuya gerencia fue destituido Antonio Vargas hace cuatro meses

La propuesta de Antonio Vargas para implantar un plan de seguridad, lejos de tranquilizar, crea temores en los dirigentes indígenas opuestos a su nombramiento. La posibilidad de formar grupos armados, al estilo de las rondas campesinas que se organizaron en Perú para defenderse de Sendero Luminoso, queda impregnada entre los cálculos de la dirigencia, sobre todo de la Sierra, que ponen bajo sospecha la gestión del ministro y su verdadero papel en el Gobierno.

Incluso, la presencia de Bolívar González crea la sensación de que, en realidad, él dirige el Ministerio y todos los proyectos son de su iniciativa. Aunque el propio González lo rechaza, destaca que Vargas es un líder al que hay que apoyar. Niega que se trate de sentar las bases de grupos paramilitares y de su plataforma política y solo cree que está haciendo una conscripción cívica junto a Vargas, pues los ex ministros "le fallaron a Lucio Gutiérrez".

A todos los críticos sobre la gestión de Vargas como ministro, González explica que se trata del resentimiento de Pachakutik que se equivocó en la gestión gubernamental.

Sí se registra sensibilidad de parte de funcionarios de organismos cooperantes, por el uso de la información de los beneficiarios de los programas sociales y de los recursos externos.

Diputados de Pachakutik, como Jorge Guamán y Ricardo Ulcuango, perciben una 'oscura' intención de aplicar un sistema de control del movimiento indígena desde una perspectiva de la seguridad regional. En ella puede afirmarse la idea de Vargas, "parapetada en un plan de empleo".

El factor de división toma cuerpo con los cambios en instancias gubernamentales. El último en el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (Codenpe), que operó con un decreto del presidente Gutiérrez, el que permitió incorporar en una instancia de decisión del organismo a grupos contrarios a la Conaie en la dinámica de poder comunitario, como la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine) y la Federación de Campesinos, Indígenas y Negros (Fenocín). El ejemplo concreto es el nombramiento de director a Nelson Chimbo, candidato perdedor a la diputación de Napo por Amauta Jatari, movimiento patrocinador de la candidatura presidencial de Vargas. Y se suma la presencia de la Feine y la Fenocín, cuyos dirigentes Marco Morillo y Pedro de la Cruz, respectivamente, han actuado con Vargas alrededor de un interés común en estos meses, esto es el apoyo a la ex gerenta de la AGD Wilma Salgado y a su abogado de coactivas, Bolívar González.

Precisamente, el golpe del 21 de enero de 2000 marcó la mejor etapa del movimiento indígena, tras el cual surgieron algunos beneficios tangibles, como la concreción de la empresa Amazonía Gas, cuyos accionistas -a más de la Confeniae- son José Avilez (ex diputado por Napo y precandidato a alcalde de Tena), Rafael Alvarado y Edwin Piedra (asesor de Vargas en la Conaie). Esa entidad fue concebida para recuperar el gas de Shushifindi: tras un inicio prometedor, la empresa ha perdido apoyos como el de los indígenas de Canadá. La credibilidad quedó últimamente afectada con la destitución de Vargas, hace cuatro meses, de la Gerencia, tras un informe negativo de la Comisión de Fiscalización de la Confeniae.

Junto con la destitución de la Gerencia de Amazonía Gas, en la asamblea de mayo, la Confeniae desconoció la tarea de su presidente, José Quenamá, al tomar distancias del Gobierno. La decisión se ratificó en la reunión del fin de semana último por los pueblos indígenas de Pastaza (OPIP), desconoció a la directiva afín a Vargas y le pidió la renuncia, bajo la amenaza de sanciones como prohibir, por ocho años, formar parte de cualquier directiva.

Estos cambios se registran a poco de un desentendimiento con viejos amigos. Uno de ellos, Héctor Villamil (ex diputado de Pastaza y candidato a alcalde de Mera), a quien Vargas se habría negado a recibir en su despacho a poco de ser nombrado. Villamil es presidente de la comuna San Jacinto, a la que pertenece Vargas, y a la que el ministro ha retirado los convenios para la entrega de alimentos, bajo el supuesto de que se usaban para las asambleas de la OPIP.

El Funcionario

Estar en todo y no perder nada

Bolívar González nació en Ambato el 13 de mayo de 1952. En 1988 fue candidato a diputado por Pichincha por el Partido Roldosista Ecuatoriano, pero se desafilió tras enemistarse con Abdalá Bucaram. Cuatro años más tarde, fue candidato presidencial por el Partido Assad Bucaram (PAB), el binomio presidencial González-Drouet quedó en último lugar con el 0,35% de la votación. En 1997, González fue nombrado representante del presidente Fabián Alarcón ante Petroecuador. En 2002 apoyó al candidato presidencial Antonio Vargas y lo introdujo en varios círculos sociales. Su fama creció con Wilma Salgado en la AGD, donde se encargó de cobrar $2 000 millones de dólares de los deudores de la banca cerrada.

Codenpe se convierte en el escenario para el 'ajuste de cuentas'

El Codenpe fue creado por el decreto 386 (diciembre de 1998) a consecuencia de los convenios internacionales de la OIT sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos a organizarse y desarrollarse.

En diciembre de 2000, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el art. 2, que establece la conformación del Consejo Nacional con representantes de las nacionalidades y pueblos del país. En febrero de 2001, se publica el decreto 1206 de Gustavo Noboa, el que se agrega al art. 2, y señala que otras colectividades históricas y sociales podrán ser reconocidas como pueblos e incorporarse al Consejo.

El Consejo Nacional es la máxima instancia de legislación y fiscalización. Está formado por delegados de las nacionalidades y pueblos elegidos en asamblea. De su seno salió el candidato para la secretaría ejecutiva, nombrado por el presidente vía decreto.

Lucio Gutiérrez cambió esa modalidad al nombrar a Nelson Chimbo como secretario, previa selección del Comité Ejecutivo, al que, por reforma al decreto 1026, se han integrado a otras organizaciones (opuestas a la Conaie). Entre las que están: la Federación de Indígenas Evangélicos y la Federación de Campesinos, Indígenas y Negros.

Para Marcelino Chumpi, secretario defenestrado, eso rompe con la concepción del Codenpe del sentido de desarrollo de pueblo: identidad, idioma, cultura, no gremial.

Las respuestas pendientes

Al ministro Antonio Vargas se le solicitó, desde la semana pasada, una entrevista personal para abordar los temas que trata este informe. En la semana que termina, se intentó una nueva entrevista y la respuesta de su asistente es que está en comisión por las provincias.

El cuestionario proponía conocer e informar al público sobre por qué el Ministerio de Bienestar Social emprendía un proyecto de seguridad ciudadana cuando esa tarea le corresponde a la Policía Nacional, bajo la dirección política del Ministerio de Gobierno.

Otra inquietud pendiente es saber si el Ministerio a cargo de Vargas había hecho un estudio técnico para proponer el incremento de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano a 1 400 000, cuando los estudios indicaban que la purificación del padrón indicaba un incremento que no superaba la cifra de 1 millón de beneficiarios.

El ministro Vargas no respondió a la pregunta de por qué escogió a la cantante Cassandra como la estrella principal de los programas de presentación de su plan de Desarrollo Humano, a la cual se paga $13 mil por 13 presentaciones en todo el país.

Tras los cambios producidos en el Ministerio de Bienestar Social quisimos preguntar a Vargas: ¿corresponden a la designación de funcionarios con un nivel técnico o a cuotas burocráticas para los seguidores del actual ministro y/o militantes del movimiento Amauta Jatari?

Punto de vista

La política fractura al movimiento social

El más prestigioso movimiento social ecuatoriano de la década de los noventa, el indígena, vive en el momento actual su peor momento y quizá una de las fracturas más dolorosas e irreversibles.

Uno de sus signos evidentes es la presencia del ex presidente de la Conaie, Antonio Vargas, como ministro de un presidente que llegó al poder disputando con él los comicios donde la Conaie y su brazo político, Pachakutik, le dieron el sustento social y una carta de presentación distinta a la del resto de candidatos.

Ahora, en el poder, Lucio Gutiérrez maneja clientelarmente al movimiento indígena y se aprovecha de las disputas entre Conaie, Feine y Fenocín para paliar la crisis política y de credibilidad que llevó a tener porcentajes de popularidad tan bajos como en su momento los tuvieron Abdalá Bucaram o Jamil Mahuad. Las palabras de Bolívar González de que desde junio, cuando Vargas llegó a Bienestar Social, "subió el nivel de popularidad de Gutiérrez", explican por si solas el motivo de su presencia.

En perspectiva histórica, el movimiento indígena entra en los enredos de la lógica clientelar y partidista, se desentiende de su razón germinal y posterga los anhelos más sentidos de sus propias comunidades, que, de paso, no han superado sus niveles de analfabetismo, desnutrición, mortalidad infantil y satisfacción de las demandas de servicios básicos, sin descontar su presencia política en las instancias de decisión.

 

[fuente]
http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan302/byn.htm

 

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