Quito, 30 de abril de 2004
Las instrucciones que reciben los soldados ecuatorianos que realizan operaciones en la frontera norte, caracterizada por las Fuerzas Armadas como una zona de alto riesgo, que contienen la disposición de capturar o matar desde a personas que consideren sospechosas, hasta a quienes se encuentren armados o uniformados o en actitudes hostiles, revelan la magnitud de la intervención del gobierno del presidente Gutiérrez en los planes de las Fuerzas Armadas de Colombia y el Comando Sur de Estados Unidos.
El cuestionado Plan Colombia que debería concluir en el 2005, ha sido implícitamente renovado con un año de anticipación, bajo la denominación de Plan Patriota, que expone explícitamente, el objetivo de la administración Bush y el gobierno de Bogotá, de avanzar en la ampliación de su guerra contra las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en un acto de intervención de Washington sin autorización de los organismos internacionales, en un conflicto interno de un país soberano.
La creciente presencia militar del Comando Sur en Ecuador, que se intensificó particularmente desde la cesión de la Base Aérea de Manta en 1999, y que pretende extenderse a una situación de virtual ocupación militar con el programa de 200 componentes del General James Hill, le está arrastrando abiertamente a las Fuerzas Armadas a operar como un instrumento de su estrategia militar.
Estos hechos constituyen una flagrante violación de la Constitución del país, que establece taxativamente los principios de soberanía e independencia del Estado, proclama la paz y la cooperación como sistema de convivencia, condena el uso de la fuerza como medio de solución de los conflictos, promueve su superación por medios jurídicos y pacíficos, rechaza el colonialismo y el neocolonialismo y reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a liberarse de sistemas opresivos. En consecuencia, los soldados y oficiales movilizados a la frontera norte, donde se expondrán a la muerte, están asistidos por la Constitución para negarse a cumplir las órdenes de sus superiores.
Las disposiciones militares que fueron reveladas por el diario EL COMERCIO de Quito, implicarían una declaración de guerra previa, que no ha sido emitida formalmente por los poderes constituidos. Contienen la orden de matar hasta por simples sospechas, en un país donde no existe la pena de muerte y en el cual, todo delito debe ser juzgado bajo las garantías constitucionales del debido proceso. Esto significa, que quienes emiten las órdenes y quienes las ejecuten serán reos de delitos criminales y denuncian que las autoridades civiles y militares que han determinado este curso están actuando ilegalmente, ni más ni menos, que los militares dirigidos por Videla en la guerra sucia que ensangrentó Argentina.
El cambio del Plan Colombia, presentado como una "guerra a las drogas", por el Plan Patriota expuesto como una guerra a las guerrillas, que constituye un hecho evidente de intervención en un conflicto interno de una república soberana y de franca violación a sus derechos de autodeterminación, revela el engaño del primero, bajo las perspectivas del cual Ecuador cedió la Base de Manta, suscribió sucesivos convenios militares con el Comando Sur y recibió pertrechos militares de distinto orden que serán usados ahora. La constatación internacional y pública de este fraude, faculta plenamente a Ecuador a denunciar o declarar la nulidad de todos los convenios militares con Estados Unidos firmados al respecto, sumando un elemento sustancial más, a la creciente oposición a la presencia militar yanquie.
[fuente]
http://www.adital.org.br/asp2/noticia.asp?idioma=ES¬icia=11955