Guayaquil, 11 de marzo de 2004
La carta al País que el diario El Comercio publicara la semana pasada, ha provocado un destape de preocupaciones sobre las relaciones de nuestro País con Colombia, que se complican con las derivaciones del conflicto militar y sus crecientes y cada vez y más sensibles repercusiones en nuestro País. En el fondo lo que se alerta es la transparencia en el comportamiento del Gobierno del Coronel Gutiérrez, en involucrar al Ecuador en un problema militar interno de Colombia, en actuar conforme a lo que públicamente se expresa y declara y no mantener acuerdos secretos contradictorios a la política que se enuncia.
Para nadie que analice los hechos con una elemental objetividad puede escapar que existe un involucramiento creciente del Ecuador en el conflicto colombiano, participación que no empieza con esta administración sino que arranca desde la concesión de la Base de Manta por Mahuad y su canciller Ortiz, cuando fue entregada a espaldas de la opinión pública, sin su consentimiento, ni someter los tratados al Parlamento Nacional cuando debieron serlo. De entonces acá lo que en el inicio se afirmó y reafirmó que era apenas un centro de monitoreo para detectar operaciones de narcotráfico ha devenido en un Complejo Militar de los Estados Unidos, terrestre, aéreo y naval y ya nadie guarda las apariencias para ocultarlo. Así mismo cada vez más destacamentos y unidades militares en la zona militar y de las provincias fronterizas, son inspeccionadas y acondicionadas sin ningún recato, por los jefes militares norteamericanos que permanentemente visitan al País y por los representantes diplomáticos de los Estados Unidos.
Para el Ecuador el Plan Colombia representa fuertes impacto sociales y económicos que los está asumiendo solo, en beneficio del gobierno colombiano. No solamente es el enorme flujo migratorio que el País debe asumir en concordancia a los principios que rigen a nuestra nación y de sus fraternas relaciones con Colombia, sino además verdaderas agresiones como las fumigaciones que están provocando el éxodo masivo de las poblaciones fronterizas ecuatorianas, generando agudos conflictos sociales, el enorme gasto electoral sobreviniente por el aplazamiento de siete mil elementos militares en la frontera, la logística que se precisa para mantenerlos, la distorsión de la vida comunitaria de nuestras poblaciones y otras consecuencias.
El propósito del presidente Uribe y de la actual administración norteamericana es clara y ha sido expresada sin ambagues: la derrota y el aniquilamiento militar de la insurgencia de las FARC y ELN. Para lograrlo necesitan establecer un cordón fronterizo de aislamiento. No han podido hacerlo en su sector limítrofe con Venezuela y Brasil por la negativa de sus gobiernos, con Panamá y Perú por sus fronteras que constituyen extensiones despobladas y completamente selváticas, de lado y lado.
Deben hacerlo en el Ecuador, cuya frontera es de ciudades, pueblos y caseríos vivos, plenos de actividad e intercambio entre sus poblaciones. si Uribe y los norteamericanos logran que el Ecuador cargue solo con el control de la frontera común, adicionalmente podrán liberar tropas colombianas para combatir en otros frentes y necesariamente la situación prevaleciente provocará roces de los ecuatorianos con la guerrilla, situación que pueden coadyuvar para involucrar más al País en el conflicto militar. Para lograrlo ni siquiera precisan un acuerdo expreso sino simplemente implementar una política de hechos cumplidos. Según se constata cada día. Ciertamente están alcanzando sus objetivos. No se precisa ser ningún estratega militar para comprender estos simples hechos.
El Gobierno Nacional y la Cancilleria niegan tener acuerdos secretos para cumplir esa estrategia. Concediéndoles su verdad, lo cierto es que los dos países aliados: Estados Unidos y Colombia empujan al Ecuador a situarse exactamente donde ellos quieren. Hoy prácticamente el único País la frontera común, militar y policialmente, es el Ecuador que cada vez se compelido a implementar más destacamentos unidades militares en la frontera.
Se anuncia que el Consejo Nacional de Seguridad no ha sido convocado ni informado de lo que ocurre, el Parlamento Nacional duerme en una indolente impávida indiferencia. Nadie tiene pleno conocimiento ni percepción ni certera de lo que ocurre. Lo que se reclama es una política de información y transparencias. La sociedad ecuatoriana debe ser puesta en conocimento de políticas que están afectando gravemente su destino y si esos hechos no son resultado de acuerdos, ser analizados por las instancias competentes de los cuales no se puede prescindir al Parlamento Nacional, para corregir comportamientos que están conduciendo al País hacia donde se afirma no se quiere ir.
La carta al País del matutino capitalino tiene plena vigencia y actualidad y encuentra eco creciente porque refleja la preocupación prevaleciente sobre la transparencia de las acciones y comportamientos políticos en relación al Plan Colombia, sobre posibles acuerdos de estrategia o colaboración militar, sobre los que nadie puede decidir sino la sociedad ecuatoriana a través de sus instituciones democráticas.