18 escuelas se cierran en las zonas de frontera

Diario El Comercio, edición digital

Quito, 10 de marzo de 2004

 

Redacción Nueva Loja

Las comunidades indígenas y campesinas fronterizas con el sur colombiano están alarmadas por el cierre de unas 18 escuelas, ubicadas en los sectores adyacentes a los ríos San Miguel y Putumayo.

Ellos temen que el cierre de los centros educativos aumente en los próximos días si persisten los niveles de violencia que se registran en la frontera común. Allí, los indígenas denunciaron audaces combates entre el Ejército y las fuerzas subversivas en el transcurso de los últimos veinte días.

En la zona también se registra un alto índice de estudiantes afectados por problemas febriles, respiratorios, infecciones e irritaciones a la piel. Según los padres de familia y maestros, estas molestias se producen como consecuencia de las fumigaciones contra los cultivos de coca y amapola que se originan al otro lado.

Ese es el caso de la comunidad Nueva Montepa, ubicada junto al río Putumayo. Allí los menores abandonaron temporalmente sus aulas por temor a ser sorprendidos por las maniobras militares colombianas. "Tengo miedo y prefiero estar junto a mi mamá", dijo con temor José, un menor de nueve años que hace doce días no va a la escuela.

Pero no es el único caso, en la comunidad de Santa Rosa los estragos de las últimas fumigaciones y acciones armadas colombinas también afectaron a los infantes, quienes prefieren permanecer junto a sus padres y no asistir a clases.

"No voy porque me pueden matar", dice María, una menor de ocho años que no olvida las últimas operaciones armadas en la zona fronteriza. Según la Dirección de Educación Bilingüe de esta zona, por lo menos 320 estudiantes dejaron de asistir a clases.

Esta situación trajo consigo el cierre de varias escuelas indígenas y el éxodo de 11 maestros que atendían en los planteles con bonificaciones comunitarias o en algunos casos con sus nombramientos.

Empero, el problema no es exclusivo de los indígenas, la Dirección Provincial de Educación hispana admitió que otras 18 escuelas fiscales fueron cerradas a raíz de la agudización del conflicto colombiano, que está afectando al país.

El informe precisa que 10 de estos centros escolares están situados cerca de la frontera con el sur colombiano. "Las escuelas hispanas se cerraron por que no reúnen el mínimo de estudiantes que exige la Ley", señaló Adrián Hidalgo, director de Educación Hispana.

Según su versión aún no está clara la razón por qué los niños dejaron de asistir a las escuelas del sector. La decisión de cerrar los centros educativos indignó a los padres de familias, quienes no aceptan que el cierre de los planteles.

"No es justo que lejos de entender los efectos del Plan Colombia, nuestro Gobierno mande a cerrar las escuelas de la frontera", expresó José Gómez, un morador de la precooperativa Quinta Provincia, ubicada en la parroquia General Farfán. Allí se cerró la escuela 15 de Agosto.

Esta realidad no es indiferente para los pobladores de la parroquia Pacayacu, donde también se cerró la escuela Batallón de Selva 56 Tungurahua.

"Los niños no asistían a clases por que estaban enfermos de tantas fumigaciones y de eso tenemos certificados médicos", dijo Teresa Andrade, una madre de familia que lloró porque sus dos hijos no pueden seguir estudiando.

La situación también se complicó para la mayoría de los maestros que atendía estos planteles educativos.

En varios casos, ellos fueron enviados a escuelas alejadas de los centros poblados y eso generó un cambio radical en su vida familiar.

"Estoy desmotivado y creo que voy a dejar el magisterio", señaló uno de los Maestros que actualmente fue reubicado. En un encuentro fronterizo de maestros que hace dos semanas organizó la Unión Nacional de Educadores núcleo de Sucumbíos (UNE), 150 maestros resolvieron no dejar sus escuelas pero demandaron atención emergente de parte del Gobierno central para el cordón fronterizo.

"Los estudiantes y profesores tienen los mismos problemas y eso nos obliga a gestionar brigadas de salud y asistencia educativa emergente en esta zona", comentó con preocupación Mariela Pinto, presidenta del núcleo provincial.

Las consecuencias

Más apoyo

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), organizará un recorrido por la frontera para constatar el problema escolar. Unicef tiene programas de atención a las escuelas ubicadas en las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo.

Los alumnos

464 escuelas hispanas constan dentro del registro de la Dirección Provincial de Educación de Sucumbíos, mientras 126 planteles están dentro del régimen de la educación bilingüe. Se calcula que los alumnos en la provincia son 4.230.

Los reclamos

Los indígenas del cantón Putumayo no descartan medidas de hecho para exigir más atención al Gobierno. Piden que se envíen brigadas médicas a la zona.

La aspersión de glifosato es criticada

La Defensoría del Pueblo emplazó al Estado colombiano a que se abstenga de continuar con las fumigaciones de cultivos ilícitos próximos a la frontera con Ecuador. Además, declaró al Estado de Colombia responsable de los daños ocasionados por esas fumigaciones en el Putumayo.

Por tanto, lo hace responsable también de las violaciones de los derechos humanos, a la salud, a vivir en un ambiente sano y al trabajo de las poblaciones en la frontera ecuatoriana.

"Esta resolución es obligatoria para el Estado colombiano y para todas las personas que realicen fumigaciones a menos de 10 km de la frontera con Ecuador", dijo el Defensor del Pueblo, adjunto, Rubén Chávez del Pozo, quien dio a conocer la decisión adoptada por el titular de la Defensoría del Pueblo, Claudio Mueckay.

La resolución exhorta al Presidente ecuatoriano para que de forma urgente adopte medidas necesarias para prevenir e impedir nuevas fumigaciones.

Decenas de jóvenes ecuatorianos se enrolaron a las filas guerrilleras

La presencia de las fuerzas irregulares colombianas en la inhóspita selva amazónica no pasa desapercibida para los jóvenes ecuatorianos que habitan en poblados y comunas indígenas aledañas a los ríos San Miguel y Putumayo.

La curiosidad por conocer las prácticas guerrilleras que periódicamente se realizan en suelo ecuatoriano, incluso ha empujado a decenas de jóvenes a vincularse a las filas de las FARC.

Desde la clandestinidad, los ecuatorianos son alentados a enrolarse en las filas subversivas, a través de la emisora radial "La voz de la resistencia", que se escucha con frecuencia desde enero.

La emisora, identificada con el Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hizo una convocatoria para que sus oyentes se vinculen a la subversión: "Únete a la lucha bolivariana", dice parte del anuncio radial.

Actualmente, esta es una de las mayores preocupaciones de las madres de familia y maestros que viven en la frontera. Algunos denunciaron que en los últimos cuatro meses, por lo menos, 30 jóvenes de los recintos Puerto Nuevo, Santa Rosa, Santa Elena y Nueva Montepa se vincularon con la guerrilla.

"Ellos llegan a nuestras comunas, se abren espacio entre los jóvenes y terminan convenciéndoles", asegura Laura N, una madre de Santa Rosa. Ella busca, desde hace 12 semanas, a su hijo de 18 años que se unió a las FARC.

Con melancolía, recuerda que la tarde del domingo 8 de diciembre vio por última vez a su hijo en el patio de la casa. "Los vecinos me contaron que lo vieron cruzar el río con un grupo de hombres armados, de camuflaje, y desde entonces no sé nada de él".

Ese no es el único caso. Martha N, de 45 años, que habita en la parroquia Santa Elena, aún llora la partida de su hijo Juan, de 22 años, quien abandonó su casa para unirse a la guerrilla. "En esta zona no hay trabajo y los servicios de educación secundaria no existen; creo que eso aburrió a mi hijo que resolvió abandonarnos".

Pero la situación es más tensa en los hogares de los caseríos aledaños a Nueva Montepa. Allí, varias madres, que piden el anonimato, denunciaron que un reclutamiento guerrillero, en los dos últimos meses, se llevó por lo menos siete jóvenes, entre quienes se incluye un niño de 10 años. "Como madre se sufre, y cuando vamos a buscarlos o preguntamos por ellos nos amenazan de muerte", dice María, una indígena que dejó Nueva Loja temor a represalias.

Para los moradores, la situación tiende a agravarse. Para ellos, los patrullajes militares ecuatorianos, lejos de ser una alternativa de seguridad, significan un peligro. "Aquí no sabemos si correrle a la guerrilla o al Ejército", comenta un dirigente indígena, quien denunció que son presionados por los dos sectores, "que siempre demandan información que nos compromete".

Para la Federación de Organizaciones Indígenas Kichwa de Sucumbíos (Fokise) la vinculación de los jóvenes a la guerrilla no es nueva. "Conocemos que en varios casos son vinculaciones voluntarias y ahí no podemos hacer nada; es diferente con los reclutamientos forzosos", dice su presidente, José Guatatoca.

El comandante del Grupo de Fuerzas Especiales 24 Rayo, Tcrn. Patricio Andrade, no descarta la vinculación de los jóvenes a la guerrilla colombiana, pero insiste en que la unidad a su mando no conoce casos nuevos.

La crisis educativa

Un gran atractivo

Según las juntas comunales fronterizas, la instalación de campamentos temporales y campos de entrenamiento de la guerrilla en suelo ecuatoriano es uno de los mayores atractivos de los jóvenes que habitan en las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo.

Convenio con Unicef

El obispo de Sucumbíos, Gonzalo López Marañón, firmó un convenio con Unicef, para atender varias necesidades educativas de los niños y jóvenes de la frontera.

Pocas alternativas

El colegio a distancia "Juan Jiménez", es la única alternativa para los jóvenes de las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo para estudiar.

 

[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=88027
http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=88008
http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=88005

 

Portada |  Organizaciones |  Comunicados |  Noticias