Quito, 9 de marzo de 2004
Los derechos Humanos en Ecuador se encuentran en serio peligro, de acuerdo con las conclusiones emitidas ayer por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunida en Quito.
El 35º Congreso Mundial de Derechos Humanos recomendó también al presidente cubano, Fidel Castro, que elimine la pena de muerte y criticó al Gobierno de Colombia por la situación de los derechos humanos en esa nación.
El foro al que asistieron 144 activistas de 110 países pidió acciones drásticas contra Colombia y en una de sus resoluciones condenó sin reservas en todas las instancias internacionales y regionales "la actitud del Gobierno de Colombia en materia de derechos humanos".
La FIDH planteó la posibilidad de "aplicar medidas de condicionalidad económica y diplomática" contra Colombia, aunque, de otro lado, condenó la vigencia de un bloqueo económico contra Cuba por parte de Estados Unidos.
El Congreso también pidió al presidente colombiano, Álvaro Uribe, que resuelva pacíficamente el conflicto armado con la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En lo que respecta a Ecuador, frente a la represión de las movilizaciones sociales realizadas en enero de 2004 y particularmente frente a la utilización de la violencia política, y de manera general ante la situación social, política y económica, adoptó varias resoluciones.
Estas son:
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, manifestó su extrema preocupación acerca de la aparición de un grupo para-estatal autodenominado "Legión Blanca", que se autodefine como "político y militar" y que ha proferido serias amenazas de muerte contra varios defensores de derechos humanos y sus familias en el Ecuador.
Según el Congreso, el Plan Colombia y el Plan Andino, promovidos y financiados por los Estados Unidos, contribuyen a la militarización de la región y a la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, así como al aumento de la violencia y de las violaciones graves de derechos humanos.
Exige brindar protección a varios activistas como Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Ecuador (APDH) acusado de delincuencia y de guerrillero.
También a Pablo de la Vega, Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos, acusado de narcotraficante y "acolitador" de subversivos. Yanet Yánez, Red de Hermandad y Solidaridad Colombo-Ecuatoriana, está señalada como "secretaria de los guerrilleros colombianos".
Otros activistas con problemas son Elsie Monje, Presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos humanos (CEDHU), a quien se le tacha de delincuente, al igual que Johnny Jiménez, Presidente del SERPAJ, Inés Espinosa, Secretaria Ejecutiva del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU) y Teresa Orrego, de la Red de Hermandad y Solidaridad Colombo-Ecuatoriana.
A estas personas se les ha involucrado de mantener relaciones directas con los " narcoterroristas " colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación nacional (ELN) y de introducir en Ecuador armas desde Colombia con el propósito de desestabilizar la democracia ecuatoriana.
Tomando en cuenta que el modelo neoliberal y de globalización impulsada desde las corporaciones multinacionales está en crisis y que prueba de ello es el creciente retroceso de los ingresos y de los indicadores de nivel de vida en la mayoría de los países de América Latina y del Caribe en la última década, formulan un llamado a los sectores a:
La Federación Internacional de Derechos Humanos, expresó su extrema preocupación acerca de la situación de los defensores de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia.
Lamenta que los defensores de derechos humanos sean asimilados a grupos terroristas cada vez de manera más frontal, incluso por afirmaciones del propio presidente Álvaro Uribe Velez, considerando en particular las recientes declaraciones del mandatario en la que se cuestionaba el trabajo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo durante una sesión plenaria del Parlamento europeo de Estrasburgo.
Además, cuestiona las detenciones arbitrarias masivas de defensores de derechos humanos que se han incrementado de manera alarmante, por lo que solicita al Gobierno colombiano a que adopte todas las medidas oportunas para que se depure a la Fuerza Pública colombiana de todos los que por acción u omisión patrocinan o han patrocinado el paramilitarismo en Colombia.
También, condena firmemente los esfuerzos del Gobierno de Colombia por implementar medidas que permiten la impunidad de responsables de graves violaciones de derechos humanos, en este sentido pide al gobierno colombiano a modificar radicalmente su política en materia de administración de la justicia y a realizar las reformas necesarias con el objetivo de garantizar el procesamiento de responsables de violaciones de derechos humanos.
Finalmente, exhorta al Gobierno de ese país a levantar las restricciones a la competencia del Comité Penal Internacional (CPI), de manera a que los crímenes de guerra que no se sancionan de hecho en Colombia, puedan ser allí investigados y juzgados sus responsables.
El presidente de la Asociación Permanente de los Derechos Humanos, Alexis Ponce, cuestionó el desinterés del Gobierno en participar de la realización del Congreso Internacional de los Derechos Humanos que se efectuó con la asistencia de la Premio Nobel de la Paz 2003 Shirin Ebadi, pues pese a que se le cursó la invitación, el canciller Patricio Zuquilanda decidió no acudir a la inauguración de esta importante cita internacional.
''No le convenía dar la importancia necesaria, debido a que el Ecuador en el primer año de gobierno del presidente Lucio Gutiérrez ha sufrido un deterioro preocupante de la situación de los derechos humanos, la libertad de prensa, de expresión, atentados, amenazas, porque evidentemente le iba a perjudicar a su imagen'', dijo.
[fuente]
http://www.lahora.com.ec/noticiacompleta.asp?noid=242713