Quito, 28 de febrero de 2004
En el marco de la visita a Sucumbíos para constatar los efectos de las fumigaciones con glifosato, que se realizan desde 2001 como parte del Plan Colombia, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso se reunió ayer, en Lago Agrio, con representantes de varias organizaciones fronterizas.
Por tercera ocasión, los campesinos del sector reiteraron su rechazo a las aspersiones colombianas a los cultivos de coca en las cercanías del río San Miguel. Además, insistieron en que el Congreso aprobara un proyecto de resolución para exigir al Gobierno una indemnización de $17 millones, por daños a 2 600 familias, ganado y cultivos.
María Augusta Rivas (PRE), presidenta de la Comisión, explicó que las denuncias se recopilarán en un documento que será incluido en el texto del proyecto resolutorio, que está listo para presentar al Congreso.
Daniel Alarcón, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Sector Fronterizo, confía en que la visita ayudará a impedir la nueva fase de fumigación que empezaría en abril.
Son 6 000 las familias desplazadas, 173 niños sin escuelas y 14 muertos a causa de las fumigaciones, según los campesinos.
Diario El Universo, Guayaquil, 28 de febrero de 2004
Catorce muertos, 6.000 familias ecuatorianas desplazadas, 136 niños sin escuela y más de 16.000 hectáreas de selva destruidas son las consecuencias de las fumigaciones que realiza el gobierno colombiano desde el 2001 en la frontera, denunció ayer el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo (Focsf), Daniel Alarcón.
Advirtió que si el régimen no toma en cuenta sus demandas, se realizará una paralización provincial.
Alarcón realizó estas declaraciones horas antes del inicio de la reunión –que durará tres días– entre la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y la Comisión Técnica de la Cancillería con los pobladores de Sucumbíos, en el local del Tribunal Provincial Electoral, para evaluar la situación de las comunidades fronterizas.
La declaratoria de emergencia para los sectores vulnerables, la aprobación de un Proyecto de Resolución que permita denunciar los efectos negativos del Plan Colombia, y el pago de una indemnización de 17 millones de dólares a los campesinos afectados, son algunos de los pedidos de las 97 organizaciones de esa zona de la frontera con Colombia.
La comisión legislativa que viajó está integrada por los diputados María Augusta Rivas (PRE), Kenneth Carrera (Prian), Rafael Chica (PRE) y Julio González (Pachakutik).
Un estudio realizado por la Universidad Católica de Quito sobre las consecuencias en la salud de los pobladores de las zonas fumigadas, en junio del 2003, reveló casos de cáncer, alergias y afecciones respiratorias.
La presidenta provincial de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Mariela Pinto, señaló que el 20 de febrero se realizó un Encuentro de Maestros Fronterizos en el que se estableció que existen altos niveles de deserción escolar en las poblaciones cercanas a Colombia por causa de las aspersiones.
Sin embargo, Óscar Izquierdo, delegado de la Cancillería, desestimó las declaraciones de Pinto. Dijo que “no existen pruebas científicas de que las fumigaciones causen efectos negativos en la gente”, por lo que se deben esperar los resultados definitivos de la Comisión.
[fuentes]
http://www.hoy.com.ec/sf_noticia.asp?row_id=168444
http://www.eluniverso.com/