Una democracia muerta a puntapiés

Marlene Toro

Quincenario Tintají, nº 38

Febrero de 2004

 

Los últimos acontecimientos políticos estarían evidenciando una confrontación entre la policía y las fuerzas armadas con el objetivo de que éstas últimas se involucren definitivamente en el conflicto colombiano para que las primeras asuman con más eficacia su papel en la represión de los futuros conflictos sociales que puedan surgir en Ecuador.

Esa es la hipótesis que plantea a Tintají un ex oficial del ejército, que prefirió mantener el anonimato, y según el cual este proceso iría acompañado de un desprestigio de la institución militar y el intento de prestigiar a la policía, que ya se involucró en el Plan Colombia. La captura de Simón Trinidad, ejemplificaría la participación que le corresponde a esa institución en el fatídico plan, mientras las fuerzas armadas deberían dedicarse a la guerra en la frontera.

El operativo en la Fybeca de Guayaquil con un saldo de inocentes muertos y supuestos delincuentes desaparecidos sería un ejemplo de cómo podría y debería actuar la policía en momentos de crisis interna. La infiltración del agente de la policía Oscar Gualacata en la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, detectada por los indígenas la semana pasada sería una muestra de la actividad de la inteligencia policial siempre, pero sobre todo en períodos previos a posibles movilizaciones.

El intento de asesinato a Leonidas Iza manifestaría el papel que puede tener una actuación parapolicial directa. El retorno al lugar del hecho del carro en el que se movían quienes dispararon contra el presidente de la CONAIE, es una muestra de la confianza que tenían los autores en que el crimen quedaría impune, una característica de quienes se sienten protegidos por el Estado, como ocurría con la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en la década del 70, organización donde se dio una simbiosis entre bandas de criminales y grupos fascistas.

La amistad del ex teniente coronel de policía Germánico Molina, vinculado según diversas fuentes a Napoleón Villa (un ex policía con creciente influencia sobre esa institución, además de concuñado) con Guillermo Suárez Mason, encargado de dirigir los centros cladestinos de detención en Buenos Aires y vinculado a la Triple A, “¿tendrá algún punto de encuentro con la estrategia general enunciada?”, se pregunta la fuente consultada y luego responde: "si no la tiene es mucha casualidad”.

Por otra parte, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Guillermo Haro, además de ir contra el Congreso ha ido directamente contra las fuerzas armadas. Las encuestas evidencian que la presión ha sido rechazada por la opinión pública aumentando el desprestigio militar. ¿Es eso lo que buscan quienes promueven el levantamiento de la inmunidad y el juicio al legislador de la Izquierda Democrática?

Unas fuerzas armadas desprestigiadas y cada vez más alejadas del pueblo podrían involucrarse más fácilmente en el Plan Colombia y en la estrategia policial-militar mencionada.

El supuesto informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el que se mencionan como peligrosos a medios de comunicación, periodistas y organizaciones sociales ¿es un eslabón más en la cadena de acciones realizadas por quienes quieren involucrarlas en el Plan? ¿Es un informe verdadero?

Si fuese verdadero demostraría un involucramiento de la cúpula en el nuevo proyecto policial-militar que exige el Plan. Los traslados hacia la frontera de oficiales críticos al gobierno y a la cúpula, que se habrían producido en las últimas semanas, confirmarían esa participación, aunque parte importante de la oficialidad militar no esté de acuerdo. En cualquier caso, la difusión de este documento en el contexto actual perseguiría dos objetivos: desprestigiar más a las fuerzas armadas y amedrentar a sectores que cuestionan al gobierno.

A lo largo de la historia de América Latina la policía y las fuerzas armadas casi siempre jugaron un papel contrario a la soberanía de la región sirviendo a los intereses de Estados Unidos.

El caso de Ecuador es peculiar porque sus fuerzas armadas han jugado un papel importante en defensa de la soberanía, no se transformaron en fuerzas de ocupación como en otros países, tuvieron (¿tienen?) un ala progresista que hegemonizó la posición en los momentos difíciles, y ha contado con un gran prestigio en la opinión pública, a pesar de los casos aislados de corrupción y represión.

A la hora de las presiones para que Ecuador se involucre directamente en el conflicto colombiano se ha impuesto la mirada soberana, y por eso, entre otras cosas, hasta hace algunos meses el país ha esquivado la entrada en el Plan Colombia.

La actuación de la policía ha sido diferente. Durante el gobierno de León Febres Cordero cumplió un destacado papel represivo y sus servicios de inteligencia se desarrollaron gracias al aporte de "maestros extranjeros" como Ran Gazit. De esa forma se convirtió en el eje de políticas de seguridad con las que no estaban de acuerdo gran parte de las fuerzas armadas.

Tras ese período asumió la labor de inteligencia hacia políticos, movimientos sociales y las fuerzas armadas como lo denunció el diputado Carlos González en su momento, involucrando a Edgar Vaca en escuchas telefónicas en ese sentido. Vaca cumplió un papel importante en la represión entre 1984 y 1988 y fue el primer Comandante de la Policía del actual gobierno.

El proceso de cambio en las fuerzas armadas ecuatorianas se inició posteriormente a la guerra del Cenepa, pero se profundizó a partir de la rebelión del 21 de enero de 2000 cuando se produjo un cisma interno que ha continuado durante este gobierno.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Charles Wilhelm, aseguró en el 2000 que tras el convenio que cede la base militar y el puerto de Manta a Estados Unidos, uno de los objetivos de los militares en Washington era "reorientar" las fuerzas armadas ecuatorianas.

"Parte de esa reorientación era modificar la formación de los militares ecuatorianos por una como la de los ejércitos del Cono Sur o del colombiano, dentro de una doctrina represiva", según la fuente militar. Para cumplir el objetivo era "necesario eliminar a los elementos progresistas y modificar la relación social de los militares con diferentes sectores sociales como el indígena".

La modificación del tipo de formación fue reivindicada por Febres Cordero, uno de los apoyos fundamentales del actual gobierno, quien aseguró en el año 2000, que los militares no están para pensar como sociólogos sino para actuar.

Hoy las fuerzas armadas se encuentran en una encrucijada entre seguir el camino de la policía e involucrase en el Plan Colombia -lo que puede desembocar en una democracia (¿y unas fuerzas armadas?) muerta a puntapiés-, o mantener su tradición soberana.

 

Fuente: http://www.tintaji.org/

 

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