El Ministro de Energía defiende un contrato petrolero con una empresa en quiebra

Kintto Lucas

Quincenario Tintají, nš 38

Febrero de 2004

 

Desde hace más de un año el pueblo kichwa de Sarayacu, en la Amazonia ecuatoriana, denunció la presión de la empresa petrolera CGC (Compañía General de Combustibles) para explotar crudo en su territorio utilizando diversas artimañas e incurriendo en varias irregularidades. Sin embargo, esta empresa ha tenido el apoyo incondicional del Ministro de Energía y Minas, Carlos Arboleda, quien incluso amenazó con militarizar la zona si las comunidades no permitían el trabajo de la empresa.

Además de las violaciones a los derechos colectivos del pueblo indígena de Sarayacu y de los derechos humanos, hay un tema que fue ventilado durante la comparecencia de Arboleda a la Comisión de Asuntos Indígenas y otras Etnias del Congreso Nacional el pasado 2 de diciembre de 2003 pero que no fue muy difundido, y pone claramente de manifiesto el hecho de que la actuación del Ministerio de Energía y Minas va contra los intereses del Estado ecuatoriano al defender el contrato con CGC, una empresa en quiebra.

Una gestión ineficiente

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Tintají, a fines de junio de 2003 la Bolsa de Valores de Buenos Aires, informó que el consorcio argentino Sociedad Comercial del Plata (SCP) acordó permitir que Explore Acquisition Corporation adquiriera una participación del 81 por ciento en su empresa de petróleo y gas Compañía General de Combustibles (CGC), en quiebra desde hacía dos años.

Según Roberto Starke, vocero de la propietaria de Explore, Southern Cross Latin America Private Equity Fund II, la venta permitiría a CGC pagarle a los acreedores el 15 por ciento de su deuda de más de 200 millones de dólares.

La caída de la Covertibilidad con la consiguiente devaluación del peso argentino a comienzos del año 2002 y una ineficiente gestión fueron las causas de las pérdidas de CGC, aseguró Starke, añadiendo que la deuda de la compañía pertenece a los dueños de SCP, la familia Soldati, la cual está seriamente endeudada.

Según informaron fuentes de CGC, la venta de las acciones con la incorporación de Explore como nuevo socio es a cambio de la deuda. Sin embargo, el vocero de Explore dejó claro que se pagaría sólo el 15 por ciento de lo adeudado a los acreedores. Hasta el momento todavía no ha terminado la venta de Sociedad Comercial del Plata, por lo que todavía no se puede determinar el valor final de la compañía y su patrimonio resultante.

"Si bien CGC se declaró en quiebra, Explore considera que CGC es una compañía que potencialmente, en términos de energía, tiene un futuro en Argentina", comentó Roberto Starke.

CGC tiene participaciones en tres bloques de exploración en Argentina, uno en Venezuela, uno en Guatemala y uno en Ecuador. Posee participaciones en gasoductos argentinos, así como también en el gasoducto chileno-argentino GasAndes, y es propietario además de la distribuidora ecuatoriana de combustibles Comdecsa.

Esa empresa, sobreendeudada e ineficientemente administrada es la que ha venido defendiedo sistemáticamente el Ministro de Energía y Minas, Carlos Arboleda.

¿Un ministro desinformado?

El Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Diputado Ricardo Ulcuango, durante la Comparecencia de Arboleda le preguntó entre otra interrogantes si conocía que la compañía CGC en Argentina se encuentra en un proceso judicial previo a la quiebra. El ministro respondió: "No conozco esa situación jurídica de la empresa señor presidente".

Ulcuango, pidió al secretario de la Comisión que lea el informe de la página web de la misma compañía CGC, y de la nota informativa de la Bolsa de Buenos Aires, donde se difunde un comunicado sobre el tema del Juzgado Nacional en lo Comercial.

El comunicado está firmado por la Jueza Norma Dinoto, encargada de la Secretaria Número Veintinueve del Juzgado Nacional en lo Comercial Número 15, quien resolvió a mediados de 2002 la apertura del concurso preventivo de Sociedad Comercial del Plata y Compañía General de Combustibles, e infomó sobre venta de activos y pasivos en CGC por la desvalorización de sus inversiones. En la información incorporada a la resolución de la jueza Dinoto se señala que tras esa venta el saldo en rojo de CGC era de 212 millones 200.000 dólares.

Arboleda visiblemente nervioso llamó a sus asesores para realizarles consultas en voz baja, pero dijeron no tener información al respecto. El Ministro prefirió no realizar ningún comentario.

Ulcuango, por su parte, se mostró preocupado por el supuesto desconocimiento del Ministro de una información que ha salido en la propia página web de CGC, lo que demostraría que Arboleda y sus asesores desconocen la realidad de las empresas con las que hace negocio, y ni siquiera se informan en sus páginas web.

El también dirigente indígena enfatizó que "no es posible insistir en que el contrato (con CGC) pueda seguir, porque esto va a afectar directamente al pueblo ecuatoriano", luego se dirigió expresamente a Arboleda y le dijo que su deber en el Ministerio de Energía y Minas "es precautelar los intereses del Estado y del pueblo ecuatoriano, por lo tanto le pido se informe sobre el estado de esta compañía, nosotros le facilitaremos los documentos".

Un juicio político en puerta

El diputado afirmó a Tintají que "el desconocimiento de algo tan importante demuestra la incapacidad del ministro para estar al frente de una cartera de Estado en la que se manejan transacciones tan delicadas, porque lo lleva a defender un contrato riesgoso para el país" También se interrogó "¿qué ocurrirá con otros contratos petroleros?" y agregó: "en caso de que el ministro hubiese conocido el proceso de quiebra, y haya seguido insistiendo en mantener el contrato con la empresa, surgirían interrogantes sobre los intereses que pueden estar atrás de ese convenio".

Ulcuango confirmó que llamará a Juicio Político a Carlos Arboleda, porque durante su comparecencia de diciembre no desvirtuó las irregularidades en el contrato de exploración petrolera entre el Estado ecuatoriano y la Compañía General de Combustibles S.A, ni la violación a los derechos colectivos del pueblo kichwa de Sarayaku.

"Las respuestas del ministro no satisficieron. No supo responder a ninguna de las interrogantes que le planteé y mostró desconocer el hecho de que la petrolera CGC está en quiebra en Argentina. Por lo tanto le tuvimos que facilitar el documento de la propia compañía colocado en su página WEB y un documento de la Bolsa de Valores de Buenos Aires en los que se demuestra la situación financiera de la empresa", aseguró Ulcuango.

El legislador del Movimiento Pachakutik, reclamó el hecho de que el Ministro no proteja los intereses del Estado ecuatoriano al promover que se cumpla un contrato desfavorable, que ya está vencido, con una empresa en quiebra y que representará un rédito para el Estado menor al 20 por ciento.

"Demostramos que el contrato entre CGC y Petroecuador está caduco pues han pasado más de seis años de su firma y no se ha iniciado la exploración. Demostramos que CGC vive un proceso de quiebra. Demostramos que el porcentaje que le tocaría al Estado ecuatoriano por su alianza con CGC es menor al 20 por ciento lo que perjudicaría al Ecuador y contradice declaraciones del propio Arboleda, en las que señala que el Estado siempre debería recibir como mínimo el 40 por ciento. Demostramos que no se permite el libre tránsito de personas en la zona de Sarayaku violándose los derechos humanos y la Constitución. Demostramos, con imágenes de video incluidas, que la zona de Sarayaku está militarizada sin que se haya decretado el Estado de Emergencia, lo que viola la Constitución. Demostramos que no se ha cumplido la orden del juez que decretó la paralización de todas las actividades petroleras en la zona hasta que se resuelva el conflicto entre las comunidades y la petrolera. Demostramos que no se ha cumplido con las exigencias del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Constitución de la República, que exigen consultar a las comunidades afectadas antes de proceder a la exploración y explotación petrolera. Demostramos que no se hizo estudio de impacto ambiental en el tiempo establecido por la ley. Demostramos que no se han cumplido las medidas cautelares exigidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la protección de la comunidad de Sarayaku. Por lo tanto, queda establecida la responsabilidad política del ministro en todo esto, y hay indicio de responsabilidad penal.", argumentó Ricardo Ulcuango.

Un riego para Ecuador

Entre sus principales acreedores de CGC están los bancos Nación de Argentina, City, Dresdner y Société Générale. Los compromisos tomados con esas cuatro entidades redondean 200 millones.

Como si eso fuera poco, existe una demanda de la petrolera Reef en un tribunal arbitral de los Estados Unidos, en la que reclama 150 millones de dólares a CGC por la venta de un área petrolera.

Jorge Morón, responsable financiero de Sociedad Comercial del Plata, afirmó a la prensa argentina que el "juicio carece de sustento y legitimidad".

"Ya teníamos un fallo a favor en la Argentina pero Reef acudió a un tribunal arbitral en los Estados Unidos que le dio la razón", afirmó Morón y añadió que Comercial no reconocerá la demanda, "porque los tribunales argentinos ya fallaron" a su favor.

En todo caso, el empresario admitió que la demanda "afecta una mayor reestructuración del grupo y la chance de venta de algunos activos, sobre todo de CGC, que es la petrolera del holding".

¿Es viable defender el contrato entre el estado ecuatoriano y una empresa en condiciones tan riesgosas? ¿Qué intereses se esconden atrás de esa defensa?

¿Quién sostiene al ministro después de su actuación en el caso de Toni el Suizo, ampliamente divulgado por al prensa? ¿Quién lo sostendrá después de esta denuncia y el juicio político que se le avecina?

 

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