Violencia política en Ecuador

Marlon Carrión

Periodista independiente

10 de febrero de 2004

 

Los útimos días en Ecuador han sido de alta zozobra, incertidumbre y temor para los sectores sociales y políticos. Esta situación se genera tras varios atentados, detenciones y asesinatos de opositores al régimen, que confirman una escalada de violencia no conocida anteriormente, o por lo menos olvidada, por efecto de la escuálida práctica democrática que desde 1979 a la actualidad se presenta en el país. Ecuador vivió su último periodo de dictaduras militares durante la década del 70.

A un año de gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, elegido democráticamente, este país andino de 13 millones de habitantes ( y otros tres millones más, dispersos por el mundo) asiste a una especie de "colombianización" de la violencia política.

La presencia de grupos paramiliares de extrema derecha, la poca voluntad política del gobierno por detener el accionar de estos grupos, la cada vez más dura injerencia de los partidos de derecha en la toma de decisiones del gobierno, que se decía de izquierda, hace que la población, en su mayoría, tema la llegada de peores días para el país.

El coronel Lucio Gutiérrez había prometido en su campaña electoral el no involucrar al país en el llamado Plan Colombia, un proyecto estadounidense para regionalizar el conflicto interno colombiano. Esta promesa y otras, como la no privatización de las empresas estatales, la salida de fuerzas militares estadounidenses de bases ubicadas en territorio nacional, le valieron el apoyo del indigenado y de los sectores pobres del país, como éstos son la mayoría, el triunfo vino por añadidura.

Sin embargo, el apego incondicional del gobierno a las "recomendaciones" del Fondo Monetario Internacional; la escasa, por no decir ninguna acción en contra de quienes causaron, en el año 2000, la peor crisis económica y social en la historia del país; la clara intención de romper y dividir al sector indígena, el sector más organizado y fuerte; así como las acciones de aparatos de seguridad organizadas por los ex militares Napoleón Villa y Renán Borbúa, respectivamente cuñado y primo del mandatario; la inteligencia del Ejército, la Policía tras toda actividad no establecida por las autoridades; y los crecientes grupos paramilitares, camuflados en equipos de seguridad privada, obligaron a las fuerzas de izquierda y el movimiento indígena a romper la alianza con el gobierno y con ello los sectores sociales tuvieron que despertar tempranamente del encanto del poder.

Mayor presencia militar estadounidense

El coronel Lucio Gutiérrez, con 28 años de formación militar en torno a la ley de Seguridad Nacional, producto de las innumerables dictaduras militares del país y el subcontinente, se ha declarado como el mejor amigo de George Bush en su guerra contra el terrorismo. Al momento, ha dado su consentimiento para el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en la Base Aérea de Manta, puerto ecuatoriano ubicado en las costas del Pacífico, con miras a una mayor participación en el Plan Colombia.

También dio su visto bueno para que fuerzas militares estadounidenses, calificadas de "brigadas de ayuda humanitaria", construyan e implementen sendas brigadas de prevención de desastres causados por el fenómeno natural de "El Niño". Lo curioso es que dos de las tres bases están ubicadas en regiones en donde este fenómeno natural que, causa graves inundaciones, pasa por desapercibido como son laszonas de Azuay en la sierra ecuatoriana y en Lagoagrio, en la amazonia, pero fronterizo con Colombia. Además dichas brigadas son de acceso exclusivo para personal estadounidense.

Silenciar a la oposición

Este domingo 1 de febrero, a las 22h15 Leonidas Iza, máximo dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, fue atacado en la puerta de la sede de esta organización por dos desconocidos, quienes con armas de grueso calibre intentaron asesinarlo. La oportuna intervención de sus parientes evitaron el crimen.

Iza salió bien de esta acción criminal, pero su hijo se debate entre la vida y la muerte al recibir disparos a quemarropa en el abdomen, comprometiéndole gravemente órganos vitales. Su hermano y sobrino tienen heridas de bala en sus piernas y hombro y su esposa presenta hematomas en el rostro.

Minutos antes, Iza había llegado de Cuba, en donde presentó ante el Tercer Encuentro Hemisférico de Lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas, la oposición férrea de los pueblos indígenas ecuatorianos a la implementación de este proyecto. Anteriormente en una entrevista, Iza señaló que el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez era de extrema peligrosidad para el pueblo indígena y para los ecuatorianos en general, por su clara intención de involucrar al país en la guerra colombiana.

Y es que Iza no se inventaba lo que dijo, en verdad era una constatación de lo que estaba sucediendo en el país. Al momento, 12 mil militares del Ejército, de los 15 mil que posee Ecuador, están destacados en la frontera con Colombia, para servir prestos a la estrategia del yunque y el martillo, escrito en el Plan Colombia por los planificadores en Washington y ejecutado por las fuerzas armadas de Colombia en contra de las guerrillas de ese país.

El presidente ecuatoriano se aprestó a decir que su gobierno no tenia nada que ver con este atentado, sin embargo su hermano Gilmar Gutiérrez, actual diputado por el partido de gobierno, dijo en el Congreso Nacional que lo sucedido no era nada mas que un auto atentado o un intento de delincuentes comunes que querían robar las valijas del líder indígena. Con esto quisieron poner punto final al acaso, pero no lo consiguieron.

Este grave caso se suma a otro en contra del movimiento indígena ecuatoriano. A fines del mes de diciembre último, por orden de las autoridades de policía, es detenido el dirigente indígena Humberto Cholango, joven pero aguerrido dirigente de la Confederación de los Pueblos de las Nacionalidades Kichwas del Ecuador, ECUARUNARI, con asentamiento en la sierra y columna vertebral del movimiento indígena ecuatoriano. La presión nacional hizo que el dirigente salga libre pocos días después.

En todos estos casos la indignación ciudadana no se ha hecho esperar, cartas de protesta en contra del gobierno, exigencias públicas para que las autoridades accionen los mecanismos de investigación y sanción en contra de quienes cometieron estos delitos y también exigiendo mayores garantías para los que disienten con la política oficial.

El resultado inicial a estas protestas ha sido la amenaza de cierre de la frecuencia de radio "La Luna", un importante medio radiofónico de la capital, y el consecuente enjuiciamiento penal de sus directivos, por haberse hecho eco de las expresiones populares luego de los ataques contra Iza y Cholango.

Mafias y grupos paramilitares

Esta historia de violencia no termina aquí. El técnico de la empresa ecuatoriana de petróleos PETROECUADOR, Patricio Campana, fue asesinado el 30 de enero último por dos sujetos mientras se dirigía a su despacho y la documentación que portaba le fue sustraída. Al día siguiente de su asesinato, Campana debía presentar su informe sobre la investigación del robo de combustibles en el país, delito que causa un perjuicio al Estado por 200 millones de dólares.

El funcionario petrolero no pudo hacer su relato, pero precavidamente dejó copias de seguridad. En esta documentación Campana demuestra la participación de oficiales del Ejército, la Marina y de la Policía en las mafias de robo de combustibles, en diferentes zonas del país. En esta red también están involucrados empresarios dueños de estaciones de servicio que pertenecen o simpatizan con el derechista Partido Social Cristiano y el demócratacristiano partido Democracia Popular.

Las autoridades han dicho que investigarán este asesinato, pero lo primero que hicieron fue decir que el motivo de este crimen era el simple robo de la computadora personal de Campana, además evitaron dar a conocer los nombres de los involucrados de alto rango. Solo se conoce de las personas que hacen el trabajo sucio, es decir, los que perforan los poliductos de combustibles y quienes reciben la menor parte de las jugosas ganancias que este delito deja.

Hay que recordar la presencia de la llamada "Legión Blanca", un grupo paramilitar que había salido a la luz pública hace tres años, amenazando vía correo electrónico a defensores de derechos humanos, activistas sociales, periodistas y profesionales que realizaban trabajo social.

Coincidencialmente, la Legión Blanca incrementó su accionar durante la llegada del general de Policía, Edgar Vaca, a la Comandancia de esta institución uniformada. El general Vaca, nombrado comandante por el presidente Lucio Gutiérrez, había sido acusado innumerables veces como responsable de torturas, violaciones y desapariciones de activistas de izquierda a inicios de los 80, cuando dirigía el temido Servicio de Investigación Criminal, SIC-10.

En febrero del 2003 este grupo paramilitar intentó asesinar a un periodista y meses más tarde quiso publicar una esquela mortuoria, "solidarizándose" con las familias de cinco periodistas y activistas de derechos humanos a los que daba por muertos, pese a que todos ellos seguían vivos. Esta modalidad de amenaza y amedrentamiento ya ha sido utilizada por paramilitares en Colombia, Guatemala y Honduras.

El coronel Jorge Brito, ex compañero de armas del presidente ecuatoriano y hoy duro crítico de las políticas de gobierno, también fue amenazado por este grupo paramilitar. Cuando Brito aún estaba en el Ejército, cumplía tareas de inteligencia, así que con toda la información que posee, asegura que la Legión Blanca es formada por altos oficiales tanto del Ejército como de la Policía del Ecuador y que funcionan en base a dogmatismos de Seguridad Nacional.

Se sabe que en algunos corrillos del poder circula el criterio que los oficiales nombrados por el coronel Brito son admiradores del general y ex dictador chileno Augusto Pinochet. De todas maneras, el Ministerio de Defensa se encargó de enjuiciar a Brito por "atentar a la dignidad institucional".

Al "Maestro" con cariño

Pero el gobierno del "mejor amigo" de Bush en América sigue de desatino en desatino. Parecería una cadena de sucesos fortuitos, pero en verdad transparentan la formación e ideología del gobierno. El mandatario ha entregado puestos claves de su gobierno a ex militares, ex policías y familiares, la mayoría de los cuales no tienen experiencia administrativa, pero sí son fieles ejecutores de sus políticas.

Esto denota una línea trazada con premeditación en aras de reconstruir un pasado, para ellos glorioso, en donde el uniforme era el único vestuario aceptado en los actos oficiales. Todo es muestra de lo que puede hacer un gobierno de corte militar, autoritario y visceral.

El 3 de febrero, el gobierno de la República Argentina solicitó a Ecuador el inmediato retiro de su embajador en Buenos Aires. El motivo fue muy singular y decidor de lo que sucede: el Embajador ecuatoriano y ex coronel del Ejército ecuatoriano, Germánico Molina Alulema, utilizó el automóvil oficial de la embajada para llevar a una fiesta de agasajo al ex general argentino, Guillermo Suárez Mason.

"Era un agasajo por sus 80 años" diría Molina Alulema, quien sirvió de chofer personal para que Suárez Mason viole su detención domiciliaria por delitos cometidos durante la dictadura argentina de las décadas de los 70 y 80.

Guillermo Suárez Mason había huido del país apenas se restauró la democracia en 1984 y fue arrestado tres años más tarde en la ciudad estadounidense de San Francisco, de donde fue deportado hacia Argentina para que responda por 430 privaciones ilegales de la libertad a opositores, 39 asesinatos, 164 torturas y 19 robos de menores de edad, hijos de los desaparecidos políticos, entre otros delitos.

Así, el alumno Molina quería agradecer a su amigo personal y ex maestro de formación militar, Guillermo Suárez Mason.

Pero por fuera de este "desliz diplomático" como lo calificaría la Cancillería ecuatoriana, quien retiró de sus funciones al embajador, y colocó en ese cargo de manera "provisoria" a la hermana del Presidente Gutiérrez, aún quedan pendientes algunos casos por resolver pero en territorio nacional.

A saber, está por esclarecer el asesinato del diputado Jaime Hurtado Delgado, máximo dirigente del izquierdista Movimiento Popular Democrático, sucedido en febrero de 1999. En este homicidio participó activamente un informante de la Policía Nacional, quien está a punto de salir de prisión al igual que los otros dos participantes en el caso. El asesinato del dirigente campesino y activista ecológico Ángel Zhingri, quien luchaba para que las petroleras internacionales asentadas en la Amazonia ecuatoriana respeten la vida de sus habitantes, no contaminen las fuentes de agua y dejen de destruir en ecosistema en general. También está pendiente el esclarecimiento del sindicalista Saúl Cañar, detenido por fuerzas militares en noviembre de 1998 y encontrado meses mas tarde en un botadero de basura, con claras muestras de haber recibido tortura y con un tiro de gracia.

Falta también el estudio de las denuncias del diputado Guillermo Haro, quien acusó a altos oficiales del Ejército ecuatoriano de haber traficado armas para fuerzas irregulares colombianas. Con esta denuncia, los militares se sintieron golpeados en su honor y a travez del Ministro de Defensa, general Nelson Herrera Nieto intentaron enjuiciar penalmente al diputado, para ello mantuvieron sendas reuniones con los máximos dirigentes de los principales partidos políticos del país, incluso con el ex presidente Abdalá Bucaram, quien se encuentra en Panamá desde 1997 como prófugo de la justicia ecuatoriana; todo esto para conseguir que el propio Congreso Nacional le quite la inmunidad parlamentaria al diputado acusador y proceder con la demanda.

En estado de alerta y movilización

Este cuadro, con matices de una novela ambientada en la época trujillista de República Dominicana, ha cohesionado nuevamente a los sectores sociales y pueblo ecuatoriano, esta vez exigiendo investigación, y sanción para los causantes de tantos atropellos.

Estudiantes, ecologistas, obreros, grupos de madres, organizaciones indígenas y campesinas, comunidades de base, la misma Iglesia, funcionarios públicos, maestros, médicos, entre otros, han pedido y exigido el respeto a las garantías ciudadanas de libre expresión, respeto a los derechos humanos, protección para los dirigentes sociales y sanción a los culpables.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, las demás organizaciones indígenas y negras del país, los diputados y autoridades locales que pertenecen al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik y al Movimiento Popular Democrático, se han declarado en alerta y en estado de movilización nacional, para reaccionar inmediatamente en caso de que esta escalada de violencia siga y en defensa de los recursos estratégicos del Estado ecuatoriano "que pertenecen a todos y no solo a los empresarios o militares del país", como lo señaló Leonidas Iza.

El líder de la CONAIE dijo: "estos ataques no nos atemorizan al pueblo ecuatoriano, los pobres vamos a continuar en la lucha por lo nuestro y nos defenderemos de la traición del Presidente hacia el pueblo que lo eligió". Asimismo, realizó un pedido especial a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante lo que pueda ocurrir con un pueblo que se resiste a desaparecer, que se niega a dejar la puerta abierta a la corrupción, al militarismo y al desgobierno.

 

Portada |  Organizaciones |  Comunicados |  Noticias