Quito, 5 de diciembre de 2003
Delegados de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y del Parlamento Europeo llegarán mañana a la ciudad amazónica de Puyo para verificar el cumplimiento de las Medidas Cautelares que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la comunidad de Sarayacu, en la Provincia Ecuatoriana de Pastaza, que denunció retaliaciones y persecución a sus dirigentes por oponerse a la explotación petrolera en sus territorios, específicamente en el Bloque 23 operado por la compañía CGS.
Acompañarán a los representantes de los organismos internacionales delegaciones de Italia, Bélgica, España, Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela y Ecuador, quienes han iniciado hoy desde Quito una Marcha por la Paz, convocada por la Asociación de Indígenas Kichwa de Sarayacu, que culminará mañana en Puyo, con presentaciones artísticas y brindis con chicha.
Pablo Ortiz, a nombre de la comunidad de Sarayacu informó a Agenot que 200 indígenas que partieron ayer también hacia el Puyo, fueron interceptados en el río Bobonaza por comuneros de Canelos y guardias de la petrolera por lo que solicitaron la intervención de la Gobernación de Pastaza para evitar enfrentamientos.