Denuncian atropellos de parte del OCP

Diario La Hora, edición digital

Quito, 18 de noviembre de 2003

 

"Las compañías petroleras han dejado miseria y pobreza en el país" dijo Manuel López Naranjo, oriundo de Lago Agrio, en la Provincia de Sucumbíos, que llegó a la ciudad de Quito a denunciar la expropiación de sus tierras de parte de contratistas del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

El hecho ocurrió en el Km. 18, donde López tiene 3 y 1/4 de hectáreas de terreno por donde pasaría el oleoducto. Al momento que el propietario puso resistencia y defendió las tierras, junto a otros campesinos que también eran afectados, fueron víctimas de "atropellos y negados de su libertad por parte de la fuerza pública y los militares que se encuentran operando en la zona", reiteró López.

Los dos representantes de los campesinos que llegaron a Quito hicieron un llamado al pueblo ecuatoriano a través de los medios de comunicación para que no permitan que se continúe empobreciendo al país y se les niegue la licencia ambiental a estas compañías.

Los afectados llegaron a las oficinas de Acción Ecológica y se unieron la campaña de protección del medio ambiente. La denuncia a través de los medios de comunicación se realizó en contra de los contratistas del OCP, que en el caso de López "ocuparon mi finca sin darme ninguna explicación, peor aún una indemnización".

El análisis de los afectados es que son 30 años de explotación petrolera en el país y sin ningún beneficio "antes, mejor se ha tenido pobreza y miseria", dijo López quien afirma que en la provincia de Sucumbíos y Orellana existe un 92% de pobreza.

Él considera que en los países donde se produce petróleo es donde más miseria existe. "Con esto se está beneficiando a pocos capitalistas nacionales", reiteró el afectado.

Para que se produzca la indemnización se tiene que tomar en cuenta un estudio de la zona, ocupación del suelo y otras normas técnicas.

Los afectados han iniciado acciones legales a nivel nacional e internacional para que se les devuelvan las tierras. Al momento han procedido a demandar a los agresores a través de la corte interamericana de Derechos Humanos.

López considera que el pueblo ecuatoriano debe impedir que estas empresas continúen trabajando, porque a su criterio "antes de ser un beneficio son un perjuicio".

 

Fuente: http://www.lahora.com.ec/noticiacompleta.asp?noid=217149

 

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