Quito, 17 de noviembre de 2003
Se acerca la hora cero para la puesta en marcha de la segunda fase del Plan Colombia que significa intervención militar en los territorios bajo dominio de los grupos levantados en armas.
Esta situación inquieta a las naciones que mantienen fronteras vivas con ese país, entre ellos están Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú.
Preocupación por la política unilateral de seguridad nacional de los Estados Unidos, que a raíz del atentado del 11 de septiembre dio un giro radical.
Política de Estado que se aplica en todo el mundo, aunque está en segundo plano, América del Sur no es la excepción, en particular Colombia, país que vive un conflicto interno de medio siglo.
La guerra interna entre los grupos guerrilleros y el Gobierno constituye el argumento de los Estados Unidos, para aplicar el Plan Antidrogas que en su esencia pretende eliminar a la narcoguerrilla como ellos lo han llamado.
Este escenario lo ven así al menos los países que sufren los impactos del plan auspiciado directamente por el Gobierno norteamericano.
Sin embargo, todavía existe una salida negociada a criterio de algunos analistas que conocen del tema.
Aunque algunos analistas colombianos consideran que se ha sobredimensionado el tema, para el analista internacional Alexei Páez, las naciones andinas tienen una salida antes de involucrase, esta es "la conformación de un bloque andino", puesto que a través de un reclamo individual la potencia mundial no lo va a considerar.
Entre tanto, de acuerdo al punto de vista del colombiano Aldo Olano, las organizaciones internacionales, como la ONU y la OEA, deben involucrarse más en la solución del conflicto, así como los países vecinos deben cooperar en la lucha contra el narcoterrorismo por los efectos desestabilizadores que esta actividad genera.
Estos son algunos de los criterios resaltados en el Seminario "Agenda de Seguridad Andino Brasileña que se desarrolló en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (Flacso).
Las Farc tienen un presupuesto anual de entre $3 mil a $3 mil 200 millones, de los cuales el 50% es producto del narcotráfico.
El sociólogo Adrián Bonilla estimó que esa cifra es exagerada si se toma en cuenta la actividad a la que se dedica este grupo insurgente.
Basándose en un estudio explica que el presupuesto más realista es de entre $200 millones a $300 millones, de los cuales $150 lo consumen en operaciones militares.
Fuente: http://www.lahora.com.ec/noticiacompleta.asp?noid=216816