El "juicio del siglo", un vía crucis de diez años

Ángel Sallo

Diario El Comercio, edición digital

Quito, 1 de noviembre de 2003

 

Redacción Nueva Loja

El caso del "juicio del siglo", que ha llevado al banquillo de los acusados a una de las cinco petroleras más grandes del mundo, comenzó el 3 de noviembre de 1993, cuando se presentó una primera demanda en contra de Texaco en la Corte de Justicia de Nueva York, en Estados Unidos.

Diez años después, los demandantes han logrado que se inicie un proceso contra Chevron Texaco por los daños ambientales y a la salud que resultaron de su operación en la Amazonia. No fue en un tribunal estadounidense, sino en la Corte Superior de Nueva Loja.

Cristóbal Bonifaz, abogado de las comunidades demandantes, y Luis Yanza, coordinador del Frente de Defensa de la Amazonia, han estado al frente del caso desde hace una década.

Bonifaz llegó casi por casualidad. Este ecuatoriano había vivido desde los 17 años en Estados Unidos, donde en 1984 obtuvo un doctorado en Leyes. En junio de 1992, en Boston, leyó un artículo de Oxfam América sobre los daños ocasionados por Texaco en Ecuador. Se interesó y contactó al ecologista Manuel Pallares.

En diciembre de 1992, Bonifaz y Pallares viajaron a la Amazonia para entrevistar a gente afectada por la contaminación y hacer fotografías. Y de regreso a Estados Unidos, Bonifaz contactó a un médico e investigador de la Universidad de Harvard, Jonathan Mann, a quien le enseñó las fotografías.

Éste se comprometió estudiar el caso con un grupo de expertos. Dos epidemiólogos, un médico y tres abogados llegaron a Ecuador en mayo de 1993. Investigaron la situación en terreno durante 15 días, tomaron 49 muestras de agua y entrevistaron a 73 personas. Y con esos datos, se acordó iniciar una demanda.

Las muestras analizadas en el Laboratorio Patelli determinaron que el grado de contaminación del agua estaba muy por encima de lo normal, y que la población estaba expuesta al crudo derramado en los caminos, ríos, vertientes y en la lluvia que caía contaminada.

Otra abogada de Estados Unidos, Yudy Kimberli, autora de la obra ´Crudo amazónico´, también presentó una demanda contra Texaco en representación de un grupo de perjudicados. dos semanas antes de la de Bonifaz, en Texas. Pero fue desechada a los pocos días.

Bonifaz y el abogado Joe Koney presentaron su caso en las cortes estadounidenses el 3 de noviembre de 1993. La respuesta de Texaco, que no ha variado, fue que se dejara insubsistente el juicio y que se lo transfiera a otra jurisdicción. Pero no a Ecuador.

En 1994, Texaco logró que el gobierno de Sixto Durán Ballén enviara un documento en el cual se desconocía a los indígenas como ciudadanos ecuatorianos. El texto señalaba, además, que solo su gobierno debía decidir qué hacer en el caso de las afectaciones ambientales.

Mientras tanto, en Ecuador, la tensión crecía. El 13 de marzo del 94, un grupo de personas se reunió en Nueva Loja para la formación del Frente de Defensa de la Amazonia, que agrupa a las comunidades afectadas y que está presido por Yanza.

El 11 de abril, la Corte aceptó la petición de la Texaco y abrió una primera etapa para obtener las pruebas, paso previo al inicio de un juicio. Durante dos años se recogieron los documentos y se tomaron las confesiones judiciales de los personeros de Texaco que habían trabajado en Ecuador.

Pero, en 1995, Texaco llegó a un arreglo con el gobierno de Durán Ballén para limpiar las piscinas, pese a la oposición del Frente de Defensa de la Amazonia.

Y en 1996, cuando todo estaba listo y se pensaba acudir al juez para que determinara el día de inicio del juicio, el magistrado Vincent Broderick, que hasta entonces se había mostrado muy favorable al proceso, falleció de un ataque al corazón. El juicio pasó a manos del juez Maragt Smith.

La compañía solicitó nuevamente que se lo desechara, en virtud del acuerdo logrado entre el Régimen y la empresa. Smith negó la petición, pues argumentó que todavía no había ningún arreglo con los dueños de los suelos, los indígenas y los colonos.

Pero el caso cambió de juez. Jed Rackoff fue asignado y el caso cambió de rumbo. Rackoff llamó a una audiencia y pidió que Texaco presentara la petición para desechar el juicio. Y dispuso que los documentos que se presenten sean considerados confidenciales.

El gobierno de Durán Ballén volvió a presentar su alegato, a pesar de que el 19 de junio los afectados, en una marcha, le exigieron imparcialidad.

El 12 de agosto de 1996, Rackoff rechazó el caso. Dos días antes hubo un cambio de Gobierno. Abdalá Bucaram asumió la Presidencia.

Y en ese contexto, un grupo de demandantes llegó a Quito y ocupó las oficinas del procurador Leonidas Plaza Verduga, para presionar al Gobierno a cambiar de posición. Bucaram se mostró favorable.

El 23 de noviembre del 1996, el juez consideró que el caso debía tratarse en Ecuador, pero no obligó a la Texaco a someterse a esta jurisdicción. La decisión no fue aceptada por los demandantes quienes apelaron.

Las marchas aumentaron en 1997. El 17 de abril se realizó una marcha para exigir un pronunciamiento del presidente interino Fabián Alarcón. Otra partió de Nueva Loja en octubre y llegó a Quito.

Solo en 1998, la Corte de Apelaciones ordenó a Jed Rackoff reconsiderar su posición. La presión en Quito no se detenía.

En diciembre de ese año el Frente de Defensa de la Amazonia ocupó nuevamente la Procuraduría para exigir una posición clara del gobierno de Jamil Mahuad, y que la embajadora en Estados Unidos, Ivonne Baki, no fuera parte de este proceso.

Hasta el 2000, Rackoff no hizo nada. Pero ese año se publicó en un periódico estadounidense que algunos jueces, entre ellos Rackoff, habían ido a pasear invitados por una organización que recibía fondos de otras corporaciones. El juez había estado junto Mc Crane, quien controlaba las operaciones de Texaco en Ecuador.

Los demandantes pidieron que Jed Rackoff deje el caso. Él se negó. La decisión fue apelada y provocó un escándalo en Estados Unidos. Finalmente, la Corte aceptó la justificación de Rackoff para continuar el juicio. El caso regresó a sus manos y hubo una nueva apelación.

Pero para entonces, las leyes en Ecuador habían cambiado, tras la reforma constitucional de 1998, y era posible someter a la Texaco a la jurisdicción ecuatoriana.

Los demandantes pidieron a las cortes estadounidenses el cambio de jurisdicción, que se permita el uso de documentos confidenciales y que Texaco acepte ser juzgada en Ecuador.

Bonifaz y el grupo de abogados pidió un año para armar el "juicio del siglo" en Ecuador. Contactaron al abogado Alberto Wray y el caso se presentó el 6 de abril del 2003 en la Corte Superior de Nueva Loja. El día 21 fue la primera audiencia de conciliación. El miércoles concluyó el término de prueba.

 

Fuente: http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=77378

 

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