El Ejército está listo para apoyar a los petroleros contra los indígenas

Kintto Lucas

International Press Service (IPS)

Quito, 8 de octubre de 2003

 

La militarización de la comunidad indígena kichwa de Sarayacu, en la amazónica provincia ecuatoriana de Pastaza, por oponerse a la explotación petrolera, es rechazada por partidos, movimientos sociales y grupos ambientalistas.

El Ministro de Energía y Minas, Carlos Arboleda, indicó que Sarayacu sería militarizada esta semana para permitir la explotación del crudo por parte de las grandes compañías asociadas CGC (compañía General de Combustibles) y Chevron/Texaco, en una reunión con corresponsales de medios de comunicación extranjeros realizada la semana pasada.

La firma CGC es argentina, y Chevron/Texaco estadounidense.

También afirmó que las comunidades indígenas de esa zona actuaban en forma ilegal, con apoyo de organizaciones no gubernamentales extranjeras que promueven el caos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y otras Etnias del Congreso Nacional, Ricardo Ulcuango, rechazó la actitud de Arboleda y maneja la posibilidad de pedir su comparecencia ante el Parlamento para dar explicaciones sobre el asunto.

"La política del ministro de Energía es contraria a las comunidades indígenas de Sarayacu y a los intereses del país. No se puede militarizar el territorio indígena como él ha propuesto, y no se puede obligar a la gente a que acepte la explotación petrolera", aseguró Ulcuango.

El pueblo kichwa de Sarayacu se opone a la explotación de petróleo en su territorio por la contaminación que provocaría, y denunció hace seis meses que era presionado por compañías petroleras.

"El pueblo kichwa de Sarayacu está siendo presionado por la petrolera CGC-Texaco-Chevron, que invade su territorio violando los derechos de la comunidad", comentó en aquella oportunidad el dirigente kichwa Franco Viteri.

También denunció la tala de "árboles gigantes que han existido por cientos de años, para construir los campamentos de la compañía petrolera", que se hallaron allí animales mutilados y abandonados, entre ellos tapires, que están en vías de extinción y que "han vertido gasolina a lo largo de las trochas".

El actual presidente del pueblo Sarayacu, Marlon Santi, aseguró a IPS que en aquel momento los dirigentes indígenas exigieron a las petroleras que respetaran el acuerdo entre el Estado y las comunidades, "en el que éstas dejaban claro que no aceptaban la extracción de crudo por el daño ambiental que significaba".

Los nativos también solicitaron al gobierno que protegiese sus derechos colectivos, pero "las autoridades no tomaron en cuenta la denuncia y los dirigentes comenzaron a ser perseguidos", alegó Santi.

El Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de elaborar un proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó en febrero preocupación por la agresión a las etnias shuar, achuar, zápara y en especial kichwa de Sarayacu, por "la aplicación unilateral de la política petrolera del gobierno ecuatoriano".

"En noviembre de 2002, el pueblo kichwa de Sarayacu, como medida de protección, autodeclaró su territorio ancestral de 130.000 hectáreas en estado de emergencia, por la invasión de la petrolera CGC en asociación con Chevron/Texaco", afirmó Santi.

En Sarayacu se han paralizado la economía comunitaria y la actividad educativa, por la movilización a la que se han visto forzados los indígenas para vigilar y proteger los linderos de su territorio, arguyó.

"La medida es el último recurso en vista del acoso y la grave ruptura interna provocada por el consorcio petrolero. Eso colocó a las comunidades al borde del enfrentamiento, evidenciándose que la política petrolera del Estado y la forma de operar de las empresas se hallan en contraposición de los derechos colectivos de los pueblos indígenas", manifestó el Grupo de Trabajo de OEA.

Arboleda informó que el gobierno llegó a un acuerdo con CGC para que ingrese nuevamente en un programa de exploración petrolera desde diciembre, y que garantizará la explotación con la fuerza pública, si es necesario.

"Las expresiones de Arboleda preocupan porque podría estarse gestando una represión contra el pueblo de Sarayacu y las organizaciones ambientalistas que se oponen a la ampliación de la explotación petrolera", afirmó Ulcuango.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó en mayo tres medidas cautelares a favor del pueblo de Sarayacu.

Según ese organismo, el Estado debe vigilar la integridad física y psíquica de los habitantes y dirigentes de Sarayacu, investigar las torturas a nativos por parte de militares que ingresaron a la zona y los intentos de violación de niñas por parte de empleados de la Compañía CGC, a fines de enero, y respetar la especial relación de Sarayacu con su territorio.

"El 16 de octubre en Washington hay una nueva audiencia pública en la Comisión, porque el Estado ha mandado una carta diciendo que cumplió con las medidas cautelares. Vamos a demostrar que no ha cumplido ningún punto. Y sigue la persecución", aseguró Santi.

El propio presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez señaló la semana pasada, durante la inauguración de un túnel en la provincia de Pastaza, que va a brindar apoyo militar a la petrolera para que ingrese a la zona.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Ecuador en 1997, y la Constitución del país, establecen la obligación de respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y consultar a las comunidades cuando pueden ser afectadas por actividades como las petroleras o mineras.

En este contexto, la demanda presentada por diversas organizaciones sociales contra la petrolera Chevron/Texaco por daños ambientales en la Amazonia ecuatoriana renovó el debate sobre los efectos que causa la extracción de hidrocarburos a las comunidades indígenas y campesinas de esa región.

Luego de nueve años de alegatos en las cortes de Estados Unidos, desde el 7 de mayo el juicio a Chevron/Texaco se trasladó a Ecuador, y en los próximos días se cumplirán algunas providencias de ese proceso en Nueva Loja, capital de la nororiental provincia de Sucumbíos.

El dirigente campesino Luis Yanza, del Frente de Defensa de la Amazonia, uno de los grupos demandantes, aseguró que ésta es una oportunidad para que los jueces ecuatorianos demuestren que en un país pequeño se puede administrar justicia "aun cuando al frente se encuentra un monstruo económico como la Texaco".

Ese Frente representa a 30.000 demandantes de los pueblos indígenas sionas, secoyas, cofanes y huaoranis, y a campesinos. Según Yanza, desde 1994 se han acumulado pruebas del impacto nocivo de la inadecuada tecnología petrolera usada en el país.

También indicó que la compañía abrió vertederos de desechos a pocos metros de sus viviendas, que causaron enfermedad o muerte a cientos de personas y animales en las últimas tres décadas.

 

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=24001

 

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