Repsol-Ypf designa a un violador de los Derechos Humanos como gerente de seguridad en Ecuador

Alexis Ponce

Quincenario Tintají

Septiembre de 2003

 

Un correo electrónico interno de la poderosa empresa transnacional española Repsol-Ypf, que llevaba por título “Incorporación”, dirigido a Ecuador Repsol-Ypf por “Ecuador Comunicación Interna”, daba cuenta de un mensaje del área de Recursos Humanos de la transnacional petrolera asentada en el país, mediante el cual notificaba que: “El lunes 11 de agosto/2003, se incorpora al General (r) Paco Eduardo Urrutia como Gerente de Seguridad Física, reportando de forma directa al Country Manager”.

Añadía el mensaje: “El Sr. Urrutia tiene una dilatada experiencia profesional, habiendo alcanzado los más altos puestos en la Policía Nacional, recibiendo numerosas condecoraciones a lo largo de su carrera. Tendrá bajo su responsabilidad el establecer los lineamientos y el coordinar las distintas actuaciones en materia de seguridad física a nivel país”, y remataba: “Le damos una cordial bienvenida. Saludos, RRHH Ecuador”.

Independientemente de que toda empresa, privada o pública, está en el derecho de contratar a quien le plazca para desempeñar las funciones que quiera, existen limitaciones de carácter ético y legal que las empresas privadas y públicas deben autoimponerse a la hora de contratar o nombrar su personal.

En el presente caso, Repsol-Ypf debe establecer los límites que, en materia de derechos humanos, la normativa de su país de origen, España, le obliga a guardar para la contratación de su personal en cualquier parte del mundo; y, más aún, los criterios éticos que la normativa internacional de derechos humanos invoca a las empresas privadas, entre ellas las todopoderosas transnacionales petroleras.

Para el caso que nos ocupa, Repsol-Ypf no puede aducir como prioridad la “libertad de contratación privada” por encima de principios éticos y jurídicos que su nación de origen, el país del “juez transnacional” Baltasar Garzón, ha incorporado a su legislación, y suscrito o ratificado, a la hora de imponer a sus súbditos el respeto y la promoción de los derechos humanos.

No es materia de este texto poner sobre el tapete el presunto rosario de violaciones de derechos humanos, sociales, económicos y ambientales que la transnacional petrolera asentada en varios países de América Latina ha cometido, sino provocar un nuevo espacio de debate, denuncia y posicionamiento del tema de los derechos humanos en el país y la comunidad internacional, y someter a Repsol-Ypf la prueba de los hechos:

¿Puede una empresa privada o pública, local o transnacional, contratar los servicios de un ciudadano denunciado en el pasado por presuntas violaciones a los derechos humanos y “crímenes de lesa humanidad” (tortura sistemática y ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo), contraviniendo así principios que en materia de DDHH han suscrito y ratificado España y nuestro país?

¿Puede Repsol-Ypf y su representación subsidiaria en Ecuador contratar para Gerente de Seguridad “a nivel de todo el país”, a un alto Oficial de Policía que fuera demandado por los familiares de Ricardo Merino como autor material de la ejecución de este joven en 1987, mientras se hallaba desarmado y dormido en una casa en Cuenca?

¿Puede Repsol-Ypf nombrar al General Paco Urrutia Gerente de Seguridad Física de toda su empresa, sin sopesar los graves precedentes que en materia jurídica y ética de derechos humanos estaría inscribiendo no solamente para Ecuador, sino para América Latina?

Repsol-Ypf puede argüir que no conocía el pasado o las denuncias en contra de Urrutia, de quien, empero, esa empresa destaca que “tiene una dilatada experiencia profesional, habiendo alcanzado los más altos puestos en la Policía Nacional, recibiendo numerosas condecoraciones a lo largo de su carrera”.

Por ello, bien vale la pena refrescar la memoria de Repsol-Ypf y sus representantes en Ecuador, puesto que hasta le dieron la cordial bienvenida a Paco Urrutia en el mensaje electrónico citado:

En 1997 a solicitud del senador chileno Jaime Naranjo Ortiz y por pedido expreso de la APDH, el entonces canciller (y ex-Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos), Dr. José Ayala Lasso, por instrucción del presidente de la República, Dr. Fabián Alarcón, ordenó el retiro del Coronel Paco Eduardo Urrutia Ortega, del cargo de "agregado policial" de la embajada ecuatoriana en Santiago de Chile y “su inmediato retorno al país”, por los antecedentes del Oficial en casos de violación a los derechos humanos, derivados de la acusación penal interpuesta por los familiares de Ricardo Merino Serrano y de las denuncias de su ex-subalterno en la Policía secreta ecuatoriana, el SIC-10, Hugo España Torres. Esa resolución oficial le fue informada a la APDH por el Subsecretario Administrativo del Ministerio de RREE de la época, Dr. Patricio Palacios, en Oficio No. 4840-3SA-MRE.

Luego de esa orden gubernamental, Urrutia retornó al país pero la Comandancia de la Policía impuso al poder civil su política de "enroque": No procedió a separar a Urrutia o a determinarle funciones que no tuvieran que ver con la seguridad pública, sino que lo nombró jefe de la creada CICC (Coordinación de Inteligencia y Control Conjunto), que los defensores de DDHH denunciaron y lograron objetar con éxito.

Urrutia pasó entonces a dirigir el Comando de Policía de Guayas, mientras aumentaban los casos de abuso policial, llegando a “batir récord”durante la declaración del Estado de Emergencia en esa provincia, entre cuyos casos se destacó el de agresión a bala al editorialista de Diario “Hoy”, Joaquín Hernández. Durante su permanencia como jefe policial del Guayas, en la ciudad porteña aparecieron extrañas listas anónimas con los nombres de presuntos delincuentes a ser eliminados, y se hizo cotidiano el aparecimiento de cadáveres N.N. (“ningún nombre”) en la vía Perimetral, crímenes sin investigación policial ni sanción judicial de los cuales se responsabilizó en varias ocasiones a escuadrones de la muerte, en casos que Urrutia calificó superficialmente de “vendettas entre delincuentes”.

Lo ocurrido en Argentina y Chile a acusados de violaciones de DDHH, permitió a varios defensores ecuatorianos insistir en el tema, pues algunos de los principales oficiales denunciados de haber participado en el grupo de exterminio anti-subversivo, se hallaban en la plaza policial más fuerte, Quito, entre 1998 y 2000. Entre ellos: Paco Urrutia, Edgar Vaca y Wilson Alulema, denunciados en el libro "El Testigo" por su ex-compañero Hugo España, quien incluso reconoció las “casas de seguridad” del SIC-10 en Cuenca, Guayaquil y “La Casa de Irene” en Quito, que era como denominaban, “musicalmente”, a su principal centro de inteligencia y tortura en el país durante los ochenta.

Alulema salió de la jefatura de la OID Manabí en ese período, luego de las inculpaciones judiciales en el caso Pedro Baque (ejecución extrajudicial de dos personas e intento de asesinato del testigo sobreviviente). Fue trasladado a la CICC y la Dirección de Inteligencia de la Policía en Quito. Edgar Vaca, ex-jefe de la Dirección Nacional de Investigaciones y denunciado como uno de los jefes del SIC-10 en los ochenta, fungió de Director de Educación y DDHH de la Policía y pasó a prestar funciones en la Comandancia General. Urrutia en agosto de 2000, pasó a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Durante el mandato de Gustavo Noboa, a pesar de los insistentes reclamos y advertencias de los defensores de DDHH, que le exhortaron respetar las leyes nacionales e instrumentos internacionales en materia de DDHH, Paco Urrutia y Edgar Vaca, los oficiales más cuestionados de la década, fueron ascendidos a Generales, pasando Urrutia a ser Director de la Jefatura Nacional de Inteligencia y Vaca Director del ISSPOL.

Finalmente, a poco de instalarse el gobierno de Gutiérrez y encaramarse en el Estado su cohorte de ex-Oficiales de Policía y de FFAA, Vaca fue premiado por el ingeniero-coronel, a pesar de los nuevos reclamos de los defensores. Se le designó Comandante General de la Policía, en tanto que Urrutia quedó como uno de los tres jefes máximos de la cúpula policial, calentando motores para un futuro cargo de comandante. Ambos oficiales salieron por disposición presidencial meses después, en medio de la falta de transparencia informativa y del ocultamiento, hasta hoy, de las verdaderas causas de esa separación.

Oficiales en servicio pasivo han señalado que, a pesar de su salida, Vaca y Urrutia continuarían manteniendo su poder y “manejando la institución policial”, siendo el actual comandante una suerte de “hombre de confianza” de los oficiales del antiguo SIC-10. Ahora bien: hay sectores que sostienen que el Coronel (r) de P.N., Napoleón Villa, cuñado de Gutiérrez, mantendría vínculos cerrados con esos oficiales, que se expresarían en la negociación de la salida de Vaca de la Comandancia, a cambio de “favores” (¿contratos?) a las empresas de seguridad privadas manejadas por varios oficiales, como serían los casos de las empresas: LAAR Seguridad, PARACHUTES (hoy DENEF), POLIDOS y AS.

Al colocar los contratos de resguardo de seguridad para ministerios y empresas más poderosas del Estado en manos de esas empresas privadas de seguridad, estarían dándoles a las mismas el control conexo de aproximadamente cuatro mil a siete mil guardias, según cálculos conservadores, lo que provoca más de un temor ciudadano por las implicaciones graves de paramilitarización creciente del país.

En tal sentido, debemos apostar a que Gutiérrez, Villa y sus amigos, respeten el principio legal de que el monopolio de la Fuerza pública debe estar únicamente en manos del Estado y sus organismos, y no de círculos privados, aún cuando canten loas a la megalomanía del felón del 21 de Enero de 2000, quien hasta un día antes cumplía el rol de Jefe de la Sección C-312 de la Dirección de Operaciones del Comando Conjunto de las FFAA.

Ahora que Urrutia ha sido nombrado por la transnacional petrolera Repsol-Ypf, Gerente de Seguridad para todo el territorio nacional, donde -según conocemos- intentaría aplicar su concepto de “mano dura” en el control de los conflictos sociales que podría desatar la empresa en poblaciones del área de concesiones petroleras, es dable rememorar el oscuro pasado de Urrutia y las denuncias en su contra, a fin de que esa empresa, en sujeción a principios internacionales claramente establecidos en materia de DDHH suscritos por España, se abstenga de ese nombramiento y proceda a su separación inmediata.

De todas maneras, haremos saber el asunto a Madrid y al famoso juez Baltasar Garzón. Veremos cómo y qué nos responden.

 

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