La tragedia de Tigüino convocó aun amplio debate

Diario El Comercio, edición digital

Quito, 3 de agosto de 2003

 

La conmoción provocada por la matanza a 12 personas de un clan huaorani, el pasado 26 de mayo, abrió un debate entre un grupo de antropólogos, próximo a la realidad de ese pueblo, y abogados expertos en justicia tradicional indígena y constitucional.

El debate se denominó "Conflicto huao-tagaeri: el papel de la justicia ordinaria en el resguardo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas". Fue un foro electrónico, que se realizó del 14 de junio al 4 de julio. Participaron 28 profesionales. Este Diario tuvo acceso a su resumen final.

El foro fue moderado por Gina Chávez, máster en derecho constitucional y coordinadora de la Red Ecuatoriana de Antropología Jurídica, y contó con la participación de la colombiana Esther Sánchez, quien ha elaborado 15 peritajes antropológicos para la Corte Constitucional colombiana.

Los participantes recalcan que la Constitución garantiza el derecho de los huaorani a administrar su justicia, pero creen que esa tarea está aún pendiente. Creen que el perdón que dieron algunos de sus líderes a los supuestos autores de la matanza de las mujeres y niños quizá no sea suficiente para garantizar la integridad étnica y cultural de ese pueblo, un mandato constitucional.

El informe muestra el complejo mundo de los huaorani y sus clanes tagaeri y taromenane. A familias relativamente autónomas, organizadas en torno a un anciano, que guardan en distinta medida sus formas tradicionales de vida, entre ellas un sentido ritual de la venganza y la guerra. Algunas familias sobreviven sin contacto externo.

Las víctimas de la matanza pertenecen a una de las familias "no contactadas", quizás tagaeri o taromenane. Quienes se declaran sus autores son del clan Babe, comunidad del Tigüino con fuertes vínculos externos.

Los clanes "no contactados", las familias tagaeri o taromenane, explican los expertos, huyeron a las profundidades del bosque tropical luego de la llegada, en los años 50, del Instituto Lingüístico de Verano, una entidad de corte evangélico.

Afirman que desde su autoexclusión, "lograron articular un proyecto de autarquía en regiones amazónicas", limitado por la presencia de carreteras, centros poblados, destacamentos militares, enclaves petroleros, estaciones científicas y centros turísticos.

Esos clanes se convirtieron en objeto de permanente hostigamiento por parte de agentes interesados en los recursos naturales. "Algunos huaorani fueron contratados para celar el territorio de los "violentos tagaeri" y ahuyentarlos".

El contacto modificó la cosmovisión de los clanes abiertos al mundo exterior, al punto de que han desechado la venganza como forma tradicional de relación. "No porque les haya abandonado la ira, sino porque conocen sus efectos legales en el contexto de su nueva vida".

Además, cuando brotan conflictos y desacuerdos, siempre hay alguien que dice: "Ahora somos civilizados y cristianos, no alanceamos a la gente, eso nos enemistaría con Dios". Añaden que la muerte con lanza "está ahora socialmente deslegitimada y pertenece... al reino de las historias acerca de un tiempo antiguo".

Pero la venganza y las lanzas son un discurso que tiene eficacia, pues aún ocurren casos. El informe alerta sobre el surgimiento de un nuevo tipo de líderes, que suplanta a los ancianos: "los grandes hombres"...

"Ellos acuerdan con los actores externos (madereras y petroleras) el precio y las condiciones de ingreso a la zona". El clan del Tigüino, de donde provienen los nueve supuestos autores de la matanza, está dirigido por "un gran hombre", Babe, quien es, también, un gran guerrero huaorani.

En los últimos años, la instalación de centros turísticos en los límites del territorio tagaeri, una desmedida tala de madera en su territorio y una avidez por conocerlos avivaron las antiguas tensiones entre clanes.

El informe indica que existen algunos interesados en el dinero fácil de la madera o del turismo y que "han reelaborado los conflictos simbólicos con los tagaeri y taromenane con ese objetivo". Tigüino es una zona estratégica para la explotación de madera. "Las márgenes del río Shiripuno y del río Tigüino ya han sido explotadas y hoy existe una fuerte presión hacia nuevas áreas de influencia tagaeri que aún poseen bosque primario y maderas finas".

El informe se refiere a la limitada capacidad de acción que tiene la Organización de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador (Onhae). Califica de limitados los resultados que arrojó la asamblea del 25 y 26 de junio, donde supuestamente se debía sancionar a quienes mataron a las mujeres y niños. "La reunión se resume en conversaciones con Babe y otros dirigentes ancianos y un pronunciamiento público de perdón amparado en un acta secreta".

Pese a todo, los expertos aseguran qué los huaorani deben juzgar estos hechos, porque así lo determina la Constitución de la República.

Datos básicos

Los huaorani están constituidos por grupos de familias ampliadas, integradas, a su vez, por tres o cuatro grupos familiares que conforman un "huamoni". Estos se agrupan en torno a un anciano. Tradicionalmente son grupos autosuficientes, autónomos e igualitarios.

Se extendía en dos millones de hectáreas entre las márgenes de los ríos Napo y Curaray. Desde 1990, ocupan únicamente 716 hectáreas, que fueron adjudicadas por el Estado a grupos llamados "contactados" y "no contactados".

Entre los participantes del foro electrónico están los antropólogos Álex Rivas Toledo, María Moreno y Rommel Lara, quienes trabajaron en la elaboración del Plan de Manejo Territorial Huaorani; Mercedes Lema, especialista en derechos colectivos; Carlos Poveda, juez primero de lo Penal de Latacunga; Andrés Guerrero, sociólogo; Jesús Zambrano, abogado del Codenpe; Julio César Trujillo, constitucionalista; Fernando García, profesor de Flacso; Juan Carlos Franco, de la Gerencia Ambiental de Petroecuador.

Las autoridades tradicionales y las nacionales tienen un papel que cumplir.-

Antes de 1998, un caso como el ocurrido en el Tigüino hubiera sido tramitado por el juez de la jurisdicción donde sucedió el hecho. Pero la nueva Constitución cambió la realidad jurídica al reconocer el derecho de los pueblos indígenas a ejercer funciones de justicia, de conformidad con sus costumbres y el derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes.

La norma constitucional debe prevalecer sobre el Código Penal, que pretende aplicar el Fiscal de Pastaza que conoce el caso, opinan los 28 expertos que participaron en el foro "Conflicto huao-tagaeri...".

Afirman que la matanza es un problema interno del pueblo huaorani, pues alteró la paz social interna, ocurrió en el territorio asignado por el Estado ecuatoriano a los grupos "no contactados" (tagaeri o taromenane), y ostenta la calidad de intangible.

Recuerdan que una parte de esa área es utilizada por las comunidades huaorani aledañas, entre las que se encuentra Tigüino, para actividades de caza, recolección y cultivos hortícolas. Y aseguran que los tagaeri o taromenane pueden ser víctimas de nuevos ataques o considerar la posibilidad de tomar una venganza.

Pero hacen dos consideraciones adicionales. En primer lugar, que los líderes del Tigüino, de donde supuestamente provienen los nueve autores de las muertes, mantienen "relaciones de negociación con agentes externos que buscan su entrada a la zona intangible, a la cual acceden con su consentimiento y previo el establecimiento de una tarifa".

Y, en segundo lugar, que esa comunidad, al perder algunas formas tradicionales de relación interna, habría desechado la venganza como mecanismo de defensa territorial o cultural. Vengar la muerte del huaorani Carlos Omene, supuesto origen de la matanza del Tigüino, pudo ser interpretado con los nuevos valores sobre la vida y la muerte, que resultan del contacto externo.

Pero estos elementos, siendo relevantes para dilucidar la naturaleza del caso, no determinan la competencia, pues nada niega el hecho de que se trata de un "conflicto entre indígenas de un mismo pueblo", por lo que debe aplicarse la norma constitucional, opina uno de los expertos.

La respuesta de las autoridades tradicionales debe estar a la altura de la circunstancia. El tratamiento dado hasta ahora por los líderes se resume en actos aislados que "se espera no sean los únicos". Una tarea difícil en un pueblo de clanes. Señalan que si las medidas no están acordes con el mandato de la Carta Magna, un juez constitucional pudiera actuar con un recurso de amparo.

El Fiscal debe instaurar una investigación de posibles instigadores. Y las autoridades públicas proteger a ese pueblo de presiones externas, pues los clanes "no contactados" son vulnerables a un etnocidio.

 

Fuente: http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=68842

Fuente: http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=68845

 

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