Marcelo Larrea

Adital

Quito, 4 de julio de 2003

Estados Unidos suspendió su ayuda militar a 34 países por no subordinarse a su política de impunidad internacional para los ciudadanos y militares de su nacionalidad, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad. En la lista se encuentran, entre otros: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay Perú, Uruguay y Venezuela.

Sus acciones están previstas en la ley conocida como "Acta de Protección de los integrantes de los servicios de EE.UU.", conocida también como "Acta de Invasión de La Haya", expedida el año pasado. En ella se faculta a las FFAA a enviar tropas a La Haya para el rescate de cualquier soldado estadounidense que esté siendo juzgado por la CPI (Corte Penal Internacional). Y se establece la suspensión de toda asistencia militar a cualquier país que no sea su aliado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que no haya suscrito un convenio bilateral en el que garantice que no entregará a ningún ciudadano o soldado estadounidense a la CPI.

El caso ha desencadenado una aguda polémica en Ecuador, donde las actividades militares de EE.UU. se han incrementado sustancialmente desde la suscripción del Convenio que cede la Base de Manta, en las postrimerías del gobierno de Mahuad en 1999.

Las protestas sobre la actitud de Washington se han extendido desde quienes condenan la acción como un abuso contra una nación pequeña, hasta los que denuncian el chantaje y demandan la suspensión efectiva de todos los convenios militares con EE.UU., incluidos la concesión de la Base Aérea de Manta y las operaciones y apoyo logístico en la militarizada frontera norte.

¿Asistencia o intervención?

Sin embargo la denominada ayuda militar de EEUU no constituye una asistencia verdadera a los objetivos ecuatorianos, sino un instrumento de intromisión encubierto de Washington en la soberanía militar y en consecuencia, política del país.

En el ejército no se olvida que, en el conflicto bélico con Perú desde 1940, EE.UU. presionó abiertamente a favor de las demandas de Perú e incluso por el repliegue de las tropas ecuatorianas y forzó la suscripción tanto del Protocolo de Río de Janeiro en 1942 como del acuerdo de Itamaraty en 1998.

Y es evidente que hoy su asistencia militar está dirigida a transformar a Ecuador en un enclave geoestratégico para los intereses del Pentágono. En el Pacífico, además de la Base de Manta, pretende establecer posiciones en San Vicente, San Lorenzo y Baltra en las Islas Galápagos, en función del apoyo al Plan Colombia y de la perspectiva de dominio militar del océano. En la línea fronteriza con Colombia, busca usar a las FFAA ecuatorianas en la guerra declarada por el Presidente Uribe, como una barrera de contención, incluso en la zona de mayor enfrentamiento, el vecino departamento del Putumayo. Y finalmente, en la Amazonía, recientemente visitada por el Jefe del Comando Sur, donde han empezado a ocurrir extrañas masacres como la de los Taromenanis, que recuerdan los métodos fratricidas con los que se exterminó a la población aborigen del territorio que hoy constituye EE.UU., se advierte la pretensión de extender sus tentáculos para la disputa por el control de la mayor reserva de agua dulce y de los bosque húmedos tropicales, que aportan con el porcentaje más alto de oxígeno y ozono del planeta.

A pesar de que el "Acta de Invasión a La Haya" dispone la suspensión total de la asistencia militar, la Embajada de EE.UU. en Quito, ya se precipitó a "violar" la palabra de la Ley estadounidense. Señaló que no serán afectadas sus operaciones en la Base de Manta ni en la frontera norte, lo que desenmascara que en su concepto ésas no son acciones de ayuda militar a Ecuador, sino instrumentos de su propia estrategia.