El gobierno está en crisis a causa de la tormenta social y política

Marcelo Larrea

Adital

Quito, 17 de junio de 2003

La ruptura del acuerdo político en la gestión de Petroecuador, que puso fuera de la dirección de la empresa a Pachakutik y a los trabajadores petroleros y desencadenó el paro que hoy, 17 de junio, llegó a su noveno día, abrió la mayor crisis política sufrida por el gobierno de Gutiérrez en 5 meses de ejercicio del poder.

El régimen ingresó en un violento conflicto intestino con sus propias fuerzas políticas. Los dirigentes petroleros enfrentados a la militarización de las instalaciones petroleras y a la persecución gubernamental, dijeron que ellos financiaron la campaña de Gutiérrez y que ahora quiere meterlos presos. El subsecretario de Gobierno, Virgilio Hernández, de Pachakutik, renunció a sus funciones denunciando un manejo incorrecto del Secretario de la Administración, Patricio Acosta, en las negociaciones con los trabajadores petroleros y reveló la existencia de un círculo oscuro alrededor del Presidente Gutiérrez.

Pachakutik demandó la salida de Acosta acusado de entorpecer la buena marcha de la alianza política gubernamental y del Ministro de Energía Carlos Arboleda. Sociedad Patriótica, el partido de Lucio, respondió defendiendo a Acosta y exigiendo el retiro de la Ministra de Educación, Rosa María Torres, militante de Pachakuitk. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) por su parte insistió en su planteamiento de remoción del Frente Económico y visitó al Presidente para exponerle un mandato y planteó que si no es asumido iniciarán una movilización nacional.

En medio de la crisis el gobierno logró un acuerdo para levantar el paro de los maestros e impedir el paro del transporte público, pero no pudo detener el ingreso de 14.000 trabajadores de las salud en una huelga que ha paralizado la atención hospitalaria desde hoy. Y además, remitió para su tratamiento por el Congreso la polémica Ley de Unificación Salarial, derivada del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es rechazada por la clase obrera en su conjunto, la cual pretende la congelación de los salarios y es vista como un golpe severo a los servidores públicos.

Siete organizaciones laborales y sociales, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores, la Federación de Trabajadores Petroleros, la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras y la Coordinadora de Movimientos Sociales que también apoyaron la candidatura de Lucio, empezaron a constituir un frente común con los trabajadores eléctricos y la Federación de Indígenas Evangélicos. Sus planteamientos contienen la convocatoria a acciones definitivas para forzar al gobierno a rectificar sus políticas neoliberales, la solidaridad con el paro petrolero, la demanda de la renuncia del Ministro de Energía, el archivo del proyecto de Ley de Unificación Salarial y la solicitud al Movimiento Popular Democrático y Pachakutik para que retiren a sus miembros de las funciones que ocupan en el gobierno de Gutiérrez.

Lucio realizó una cadena de televisión en la que en un lenguaje implícito defendió el acuerdo con los maestros y anunció firmeza y sanciones legales a los dirigentes sindicales petroleros a quienes acuso de sabotajes terroristas y convocó a todos los ecuatorianos a respaldar sus políticas económicas y sociales. Habló además de oscuras fuerzas conspirativas posiblemente desatadas por el cobro a los deudores a la Agencia de Garantía de Depósitos.

El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Oswaldo Jarrín, pidió la disponibilidad. El cuestionado Comandante General de la Policía, Edgar Vaca, también terminó el ejercicio de sus funciones. En tanto el bloque gubernamental ha ingresado en una confrontación interna agresiva, los poderes fácticos presionan por la alineación del gobierno con sus intereses económicos, particularmente en el área petrolera y empiezan a hablar en privado de un cambio de gobierno.

 
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